Ford, nunca más

La histórica condena a un militar y dos funcionarios de la empresa Ford abrió un importante camino en la justicia que evidenció la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

La Causa N° 2855 caratulada “Müller, Pedro y otros s/privación ilegal de la libertad” inició su instrucción en 2002 y llegó a la sentencia en 2018. En ella se condenó con penas de entre 10 a 15 años de prisión a Santiago Omar Riveros, responsable militar de la jurisdicción en la que se encontraba la planta de Ford en 1976, Pedro Müller, gerente de Manufactura, y a Héctor Sibilla, militar retirado y Jefe de seguridad de la fábrica.

Se trató ésta de una condena histórica y de gran significación para lxs trabajadorxs argentinxs, ya que fue la primera condena a empresarios por delitos de lesa humanidad. No sólo por la entrega de la lista de los trabajadores a los militares en hojas con el logotipo de Ford, o porque algunos de los represaliados fueron detenidos en sus lugares de trabajo y conducidos en vehículos de la empresa hacia lugares donde quedaron detenidos, siendo en ocasiones torturados, sino porque, además, estos funcionarios participaron de las sesiones de tormentos. Con esta sentencia se visibiliza también que el plan sistemático de la dictadura respondía a las necesidades del capital de las grandes empresas como Ford, que necesitaban ajustar los costes de producción en un contexto de crisis del modelo de industrialización. Ford se benefició de los acuerdos con el Estado para venderle móviles policiales (y parapoliciales), con lo que aumentaría su productividad durante los años de la dictadura. Para ello también fue necesario el ajuste en el salario, en los derechos laborales y en la organización de base de lxs trabajadorxs, justificando su represión al etiquetarlos como “subversivos” y “terroristas”.

Fue una sentencia histórica porque se hizo justicia para lxs trabajadores de Ford, evidenciando la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado. Sin embargo, lo sucedido aquí no fue un hecho aislado, ya que existen investigaciones que demuestran la existencia de situaciones similares en más de una veintena de lugares en los que aún se esperan reparaciones históricas.

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Muestra artística

Testimonios

El primer diciembre que transformó el país

En la oscuridad de la noche neoliberal, las fogatas del Santiagueñazo iluminaron el horizonte: resistir era posible.

Tras la “exitosa” puesta en marcha de la convertibilidad del presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Cavallo, el proyecto neoliberal avanzaba en Argentina con escasas resistencias. Las privatizaciones se sucedían y los paquetes de ajuste se profundizaban, haciendo que millones de personas cayeran en la pobreza y la desocupación. Su hegemonía era potente: el impacto del terror de estado, impuesto por la dictadura, y del terror de mercado, impulsado por la hiperinflación, hacía difícil pensar en otros caminos. El marco internacional no ayudaba: el derrumbe de la URSS en 1991 parecía confirmar que no había alternativas.

Parecía que sólo quedaba tratar de salvarse solo, ser un “ganador” mientras el resto caía barranca abajo. Sin embargo algo cambió: en uno de esos territorios donde muchxs creen que “no pasa nada”, pasó de todo. En el Santiago del Estero de la supuesta eterna “siesta”, el pueblo se despertó y transformó la historia.

El 10 de diciembre tomaron fuerza los reclamos en la empobrecida provincia de Santiago del Estero, contra el ajuste provincial que impulsaba el gobernador Fernando Lobo en línea con el gobierno nacional. Esas movilizaciones fueron el preámbulo del 16 de diciembre: allí la movilización obrera y popular ocupó la ciudad de Santiago, incendiando la Casa de Gobierno, el Poder Judicial, la Legislatura y el Archivo Provincial. También atacaron casas de conocidos funcionarios y quemaron vehículos oficiales: los enfrentamientos fueron durísimos, con al menos cuatro muertos y centenares de heridos.

El hecho fue calificado como un “estallido social contra el ajuste”. Desde el Vaticano, mientras era nombrado conde de la nobleza vaticana, Menem anunció la intervención provincial. El 17 se mantuvo la lucha en Santiago y se extendió a su ciudad lindante, La Banda, derrotando a la policía y resistiendo el avance de la gendarmería. El gobierno nacional tuvo que retroceder en el ajuste y lanzar un programa de “trabajo temporal”.

Este hecho marcó una ruptura: el avance del proyecto neoliberal empezaba a encontrar más resistencia. Desde allí la lucha iría en alza: a nivel latinoamericano, a los pocos días, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpió con su levantamiento. En Argentina le siguieron Tierra del Fuego en la Semana Santa de 1995, Cutral Có y Plaza Huincul en 1996, y tantas otras luchas que acumularían experiencias hacia el diciembre de 2001. El santiagueñazo prendió la mecha de esa rebelión.

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“Que se vayan Todos”

El protagonismo obrero y popular destrozando el espejismo neoliberal en las calles.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 una insurrección obrera y popular atravesó el país. Miles de jóvenes trabajadorxs enfrentaron a las fuerzas represivas en cada pueblo o ciudad, hasta conquistar la caída del presidente Fernando De la Rúa y el ministro de economía Domingo Cavallo.

En esa batalla se destruyó el espejismo neoliberal, que ocultaba tras sus mentiras el cruel aumento de la pobreza, la desocupación, la pérdida de derechos y el incremento del hambre de nuestro pueblo. La insurrección sintetizó todas las formas de lucha que la clase obrera había desarrollado durante los años noventa: cortes de rutas, movilizaciones, huelgas, enfrentamientos, saqueos, asambleas, insurrecciones, y tantos otros instrumentos fueron utilizados para motorizar la rebelión. Sin embargo, muchas interpretaciones ponen el eje en que fue una rebelión únicamente de la “clase media” (sin destacar, en todo caso, la momentánea unidad de los sectores populares, expresada en la consigna “piquete y cacerolas, la lucha es una sola”). Otras voces hablan de esos días comparándolos con “un infierno” o los asimilaron a una interna “palaciega”, invisibilizando la lucha callejera.

Este hecho se forjó en dos convocatorias de la clase obrera. Por un lado, las tres semanas de cortes de ruta desarrolladas por el movimiento piquetero, durante julio y agosto del 2001. Por otro lado, y más directamente implicada en la insurrección, se destaca la huelga general convocada por las centrales sindicales el 13 de diciembre: desde ese día, la rebelión fue creciendo, hasta sintetizar en el gran hito del 19 y 20 de diciembre.

El día 19 los saqueos se masificaron, produciéndose enfrentamientos con las fuerzas represivas en todo el país. Por la noche, De la Rúa declaró el estado de sitio durante treinta días, intentando sostenerse en base a la violencia estatal. En ese momento comenzó la insurrección: cientos de miles marcharon a las plazas de cada ciudad al grito de “que se vayan todos”.

En la Plaza de Mayo la lucha callejera se extendió durante la noche y el día posterior. Fue una batalla de la fuerza popular contra las fuerzas represivas que atacaron con balas de plomo, gases y demás armas de combate, contra las piedras y palos del pueblo. Finalmente, De la Rúa renunció a las 19.56 del 20 de diciembre, escapando desde el techo de la Casa Rosada en el helicóptero presidencial. Se trata, sin dudas, de un hito en el ciclo de luchas obreras y populares de Argentina.

En esas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, nuestro pueblo derrotó la hegemonía neoliberal. Durante esos enfrentamientos, miles nacieron a la vida política y vieron transformada su subjetividad. En este recordatorio buscamos recuperar su potencial: consolidar la organización obrera, desarrollar la conciencia popular y construir las herramientas que necesitamos para realizar sus demandas históricas.

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El hito obrero de la resistencia peronista

Hito de las movilizaciones obreras de 1959, la huelga y ocupación del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre constituye un símbolo de la resistencia peronista y la lucha obrera en defensa de la soberanía nacional.

Algunas veces, en la historia de la clase obrera las derrotas se convierten en símbolos. Tal fue el caso de la huelga y toma del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre. Ubicado en el barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires, el frigorífico que se había fundado como una empresa municipal, fue nacionalizado por el gobierno peronista con el objetivo de fijar el precio testigo de las carnes.

De acuerdo a los postulados desarrollistas y para facilitar la influencia de los frigoríficos norteamericanos, el presidente Arturo Frondizi presentó el 13 de enero de 1959 un proyecto de reforma de la Ley de Carnes. Entre muchas desregulaciones, la ley planteaba el traspaso del establecimiento a la Corporación Argentina de Productores (CAP), con el objetivo de “modernizar” la producción. La CAP, controlada por los productores ganaderos y subsidiada por el estado, se había asociado a capitales ingleses para gestionar el frigorífico.

Los trabajadorxs marcharon al Congreso para denunciar la privatización. Al día siguiente, con la ley ya aprobada, nueve mil obrerxs reunidos en asamblea votaron unánimemente la toma del establecimiento; dirigidos por Sebastián Borro, consiguieron el masivo apoyo del barrio y de sus fábricas. El movimiento de solidaridad ya se había extendido incluso a otras ciudades cuando, el 16 de enero, las 62 Organizaciones convocaron a una huelga general por 48 horas.

El 17 de enero por la mañana, la policía irrumpió con sus tanques para vencer la resistencia de lxs trabajadorxs y desalojar la planta. La huelga general se convirtió entonces en un paro por tiempo indeterminado que se extendería por todo el país. Rápidamente, la mayoría de los dirigentes sindicales de las 62 Organizaciones fueron detenidos. Finalmente, el día 20, el paro llegaba a su fin. La efectividad de la represión allanó el camino a la CAP, que asumió el control del frigorífico, despidiendo en menos de un mes a más de cinco mil trabajadorxs.

La lucha contra la privatización del Frigorífico Nacional, aunque habiendo sobrellevado una derrota, se ha convertido en un hito insoslayable en la memoria de la clase obrera argentina. Un hecho probatorio de la vigencia de una identidad que, armada de un nacionalismo de clase, mantendría vigente la relación entre las luchas obreras y el antiimperialismo.

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Más respeto

Hace un siglo, los extensos dominios de La Forestal se vieron sacudidos desde abajo, cuando las clases trabajadoras del norte santafesino dijeron basta a dos décadas de intensa explotación laboral y despótico control. La violenta reacción de la empresa y del estado provincial contribuyó a un modelo de violación de derechos humanos que se haría extensivo hacia otras regiones y en el tiempo.

Hace 100 años, los pueblos de la cuña boscosa del norte santafesino se rebelaron contra La Forestal, una compañía británica que explotaba tierras, maderas y ferrocarriles. No fueron sólo hacheros u obreros rurales. Tampoco sólo los trabajadores de las fábricas, aunque su rol fue central. Fue una rebelión que contó con la participación de todas las familias, mujeres, obreros, obreras, empleados y empleadas, comerciantes y gente suelta. Organizaron los sindicatos y luego de sucesivas huelgas parciales, presentaron un largo pliego de condiciones: reclamaban mejor vida, trabajo digno y más respeto de parte de las jerarquías empresariales. Tenían el apoyo de las grandes federaciones obreras. La “gran huelga” de fines de 1919 fue violenta. La empresa usó sus guardias privadas. El gobierno de la provincia envío fuerzas de seguridad y el gobierno nacional hizo lo propio con el Regimiento 12 de Línea, que integraba el joven teniente Juan Perón.

Ganaron. Entonces se inició la lucha más acuciante, con el objetivo de que la empresa cumpliera con los derechos conseguidos. Sin embargo, el gobierno provincial y la compañía reaccionaron de la peor manera. No consiguieron el asiento permanente del ejército, pero crearon por decreto una policía montada especial, una Gendarmería Volante que, como admitió su jefe más tarde, se integró con “malos elementos”. La Forestal pagó hasta la última bala y montura de esta fuerza criminal. Al mismo tiempo, llevó adelante un lockout, cerrando las fábricas. Desorientados, desocupados y perseguidos, grupos obreros ganaron el monte. Anarquistas y sindicalistas revolucionarios discutían desde fines de 1920 sobre cuál era el camino a seguir. La brutal reacción de la burguesía se hacía sentir en Santa Fe, pero también en otros lugares del país, como Buenos Aires, Gualeguaychú, Las Palmas y la Patagonia. 

Sin lograr ponerse de acuerdo, el 29 de enero de 1921, los grupos orientados por el anarco-comunismo intentaron tomar los principales pueblos fabriles. Las fuerzas del orden los rechazaron y la policía montada, dirigida por la empresa, salió a su caza. Los directivos de la compañía acusaron a los trabajadores de formar “soviets” y encabezar una “campaña de desprestigio” contra su “obra de civilización y cultura”, como gustaban llamarla sus directivos. La prensa no se hizo cómplice de aquel terror: “Un Crimen de Lesa Humanidad está Cometiendo La Forestal”, se llegó a titular. Los socialistas calcularon entre 500 y 600 muertos. Al poco tiempo, en la legislatura santafesina se narraron los trágicos destinos de las y los humillados: desplazamientos forzosos, persecuciones, violaciones, asesinatos.

La masacre fue el cimiento de un nuevo orden productivo y social. Con nuevas estrategias, los directivos de La Forestal se dedicaron a reconstruir su autoridad. No tuvieron el éxito asegurado y, de hecho, una y otra vez se hizo sentir el rumor de la protesta, organizándose desde abajo el descontento obrero. Sin embargo, frente al inicio de la segunda gran guerra, y avizorando profundas transformaciones en la industria del tanino que hasta entonces dominaba, la empresa activó el plan de retirada del país, que completaría en la década de 1960.

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UN MOTOR DE LA LUCHA OBRERA EN LA CÓRDOBA REBELDE

El triunfo de la Lista Marrón en Perkins marcó un nuevo hito en el proceso de radicalización obrera posterior al Cordobazo. Al desplazar a la burocracia sindical del SITRAP, dio inicio a un profundo proceso de democracia y lucha gremial y política.

El 2 de febrero de 1973, la Lista Marrón triunfaba en las elecciones del Sindicato de Trabajadores de Perkins (SITRAP), logrando así relegar a la burocracia sindical liderada por Francisco Angulo y extendiendo la influencia del sindicalismo clasista en Córdoba en el mismo momento en que se iniciaba el tercer gobierno peronista.

Perkins era una empresa de capitales nacionales e ingleses dedicada a la producción de motores diésel livianos, que había comenzado su actividad en Córdoba en 1961 y ocupaba unos 1000 trabajadores. La recuperación del SITRAP se originó a partir de la iniciativa de un grupo de activistas liderados por referentes como Juan Villa, Américo Aspitia y Miguel Ángel Agüera: los “Obreros Combativos de Perkins”. Con los ejemplos de SITRAC-SITRAM y el SMATA Córdoba, a partir de 1972 fueron conquistando la mayoría del cuerpo de delegados, la comisión interna de reclamos y la representación paritaria para la negociación del convenio. En febrero de 1973, cuando se convocaron las elecciones de Comisión Directiva, dieron forma entonces al “Movimiento de Recuperación Sindical de Perkins” y la Lista Marrón. Con sus candidatos elegidos en asamblea, esta obtuvo una resonante victoria, desalojando por primera vez de la conducción sindical a la lista oficialista del peronismo ortodoxo.

En los tres años siguientes, el SITRAP desarrolló un modelo de democracia obrera basado en la activa participación de las bases. Las reivindicaciones sobre condiciones laborales (categorías, insalubridad, atención médica, alimentación y control de la producción) ocuparon un lugar prioritario. Al mismo tiempo, fueron fuertemente críticos del Pacto Social, la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales y el incremento de las políticas represivas estatales y paraestatales que los tuvieron como uno de sus blancos. Por otra parte, se destacó su rol en la política sindical de Córdoba, participando en la CGT Regional junto con los sectores combativos de los gremios Independientes, Legalistas y Clasistas y de los ciclos de lucha obrera impulsados por el Movimiento Sindical Combativo (MSC) y la Mesa de Gremios en Lucha. 

En medio de un clima político signado por un creciente terrorismo de Estado la Lista Marrón obtuvo una contundente reelección en 1975, manteniéndose al frente del SITRAP hasta el mismo momento del golpe de 1976. La represión dictatorial puso fin al proceso de movilización y combatividad de los trabajadores de Perkins, pero no logró suprimir la memoria de una de las experiencias clasistas más destacadas de la Córdoba setentista. 

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Recomendaciones bibliográficas

Dos caminos para el movimiento obrero

En un histórico debate televisivo, Agustín Tosco y José Ignacio Rucci expusieron dos proyectos sindicales y políticos contrapuestos para el movimiento obrero y la Argentina de los años 70.

Tras varios meses de una aguda polémica por vía de cartas y declaraciones, el 13 de febrero de 1973 la televisión ofició como escenario de la confrontación pública entre los dos principales referentes de las estrategias que atravesaban por entonces al movimiento obrero argentino. Bajo la conducción de Gerardo Sofóvich, Jorge Conti y otros entrevistadores, y mostrando el importante lugar que ocupaban los sindicalistas en el debate público, José Ignacio Rucci y Agustín Tosco confrontaron cara a cara en el programa Las dos campanas del viejo Canal 11.

Rucci, referente del peronismo ortodoxo, había hecho su carrera sindical en el seno de la UOM vandorista. Gremialista profesionalizado, sin base propia y promovido desde arriba, era un exponente típico de la cuestionada “burocracia sindical”. En 1970 saltó desde un cargo de segundo orden hasta nada menos que la Secretaría General de la CGT, donde, con el aval de Perón, asumió la misión de restaurar el verticalismo sindical y contribuir a la reorganización del justicialismo. Como exhibió en el debate, en su perspectiva el objetivo del movimiento obrero debía ser constituirse como un “factor de poder” que hiciera posible el retorno electoral del peronismo al gobierno. La condición para esto era una conducción a cargo de las 62 Organizaciones Peronistas y un aparato sindical unido monolíticamente, que acatara disciplinadamente las directivas de la CGT y los “cuerpos orgánicos”.

Tosco, marxista independiente y líder del Sindicato de Luz y Fuerza y la CGT de Córdoba, integraba el Movimiento Nacional Intersindical y era el principal referente de la oleada antiburocrática y combativa que recorría el sindicalismo argentino. Había ganado reconocimiento nacional merced a su rol protagónico en la CGT de los Argentinos y en el Cordobazo, lo que le valió varios años de prisión. Tal como afirmó en la polémica, en su visión el fundamento del movimiento obrero no estaba en su estructura burocrática, sino en la democracia de base y en un pluralismo político que pusiera por delante los intereses de clase. Éste era el camino para construir un “sindicalismo de liberación”, mediante el cual los sindicatos pudieran actuar como una palanca para la lucha revolucionaria por la liberación nacional y social y la construcción del socialismo, lo que requeriría la unidad de todas las fuerzas democráticas, populares, revolucionarias y antiimperialistas.

El debate Tosco-Rucci puso en evidencia dos proyectos contrapuestos respecto de la organización y el rol de los sindicatos. Dos estrategias que trascienden la coyuntura histórica y transforman dicha polémica en un documento insoslayable para pensar el pasado, el presente y el futuro del movimiento obrero argentino.

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Audio de la segunda mitad del debate

Recomendación bibliográfica

Un soviet en cada puerto

Luego de trece meses de lucha, la Federación Obrera Marítima levantaba triunfante la huelga por el control sindical del trabajo a bordo contra la naviera más poderosa de la región: la compañía Mihanovich. Fue éste un acontecimiento clave en la disputa entre capital y trabajo en la Argentina agro-exportadora.

En 1920 todos los trabajadores mercantes del país, -tripulantes, oficiales y capitanes-, unidos en un Comité de Huelga, sostuvieron una acción huelguística en defensa del control del trabajo a bordo. Para espanto de las compañías navieras, desde finales de 1916 y luego de una huelga general del sector, la FOM había impuesto a sus federados como única mano de obra, controlando así la contratación de tripulantes. Como inmediata respuesta patronal se desató una intensa campaña por el derecho al trabajo “libre”. En pos de eludir la injerencia gremial, la compañía Mihanovich cambió la bandera de sus embarcaciones. También agitaron el miedo al peligro rojo, avivado por los sucesos de la Semana Trágica: un manifiesto de la patronal Asociación del Trabajo aseveraba que la FOM era el soviet del puerto de Buenos Aires. El Estado, por su parte, había organizado por decreto en 1919 un registro de tripulantes, sin mayor éxito ante la continuidad del control fomista.

El 12 de febrero de 1920, la Federación inició la huelga en solidaridad con otras luchas portuarias y contra el lockout declarado por Mihanovich. Rápidamente la situación se transformó en una protesta abierta en defensa del control del trabajo a bordo. La solidaridad con la huelga incluyó otras secciones provinciales de la FOM, trascendiendo barcos y puertos: involucró a la comunidad barrial de La Boca y sus comerciantes, y a sindicatos de la central obrera FORA IX. Para sostener la medida en el tiempo se desplegaron distintas acciones. El Sindicato de Mozos y Cocineros de a bordo organizó un comedor para huelguistas y sus familias. Se organizó también un sistema de turnos para que 4 mil huelguistas rotaran por otras flotas y cobraran así un salario. Quienes no rotaban, como los maquinistas y técnicos, contribuirían con un monto mensual. La huelga mostró también la potencia de la unidad y solidaridad lograda entre los trabajadores de la tripulación y aquellos de mayor calificación y jerarquía, los capitanes y oficiales. Una alianza inédita que iba contra la tradicional disciplina patronal y laboral a bordo.

El acuerdo finalmente alcanzado con la empresa en marzo de 1921 involucraría el reconocimiento de la FOM y su atribución sobre el control del trabajo. No obstante, dos meses más tarde, una nueva ofensiva patronal y estatal militarizaría el Puerto de Buenos Aires, expulsando a los obreros federados, imponiendo por la fuerza el trabajo “libre” y sumergiendo en una crisis a la conducción de la federación. Con todo, la larga huelga marítima fue una verdadera demostración del poder colectivo de los trabajadores, sus familias, sus organizaciones y su comunidad.

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“Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra”

Tras meses de marchas y contramarchas, comenzaba el Congreso Normalizador Amado Olmos que llevaría al dirigente gráfico Raimundo Ongaro a la Secretaría General de la CGT; una expresión más de la creciente rebelión de las bases contra el vandorismo y la dictadura de la Revolución Argentina.

El movimiento obrero arribaba a 1968 institucionalmente golpeado por las intervenciones, la cancelación de las personerías gremiales y el congelamiento de los fondos de los sindicatos que habían salido a la calle contra los planes de racionalización y ajuste salarial impulsados por la dictadura de Juan Carlos Onganía: portuarios, azucareros, telefónicos, prensa, químicos, ferroviarios. Arribaba, también, tácticamente dividido entre combativos, participacionistas y la desorientada mayoría vandorista, cuya impotencia había quedado al desnudo en las idas y vueltas que habían terminado frustrando, justo un año atrás, un improvisado plan de lucha.

Con este escenario, no sorprende que el congreso haya transcurrido sus horas iniciales orillando el fracaso y signado por la división. Los delegados de Luz y Fuerza, Construcción, Vitivinícolas, Petroleros, Comercio y Metalúrgicos, jamás aparecieron por el local de la Unión Tranviarios Automotor de Moreno 2969, que fuera sede del encuentro. Por otra parte, y excusándose en impedimentos legales, la comisión encargada de organizar el cónclave trató de impedir la participación de los sindicatos intervenidos, imprescindibles para alcanzar el quórum necesario. Una vez superada la maniobra mediante la rigurosa aplicación del estatuto, varias organizaciones redoblaron el boicot, abandonando el congreso. Finalmente, luego de tres horas de febriles negociaciones y con 293 delegados sobre los 457 habilitados para participar, dieron comienzo las deliberaciones que producirían la llegada de una nueva conducción encabezada por Raimundo Ongaro el viernes 29, jamás reconocida por el Secretario de Trabajo Rubens San Sebastián, ni por los gremios vandoristas y participacionistas que se atrincheraron en el edificio de calle Azopardo, sentenciando la ruptura.

A pesar de su efímera existencia y de sus debilidades organizativas, la CGT de los Argentinos dejó una huella imborrable en el movimiento obrero de nuestro país. Alentó la rebelión de los de abajo desde una incansable prédica anti-dictatorial, anti-burocrática y anti-imperialista que habría de caracterizar a su emblemático periódico. Trascendió el porteñismo con su apuesta por la construcción regional y su combate contra el verticalismo. Sus locales constituyeron una referencia y un espacio de encuentro, no sólo para el peronismo revolucionario y las izquierdas, sino también para estudiantes, intelectuales y artistas. Minó la paz social anhelada por la Revolución Argentina con actos públicos, movilizaciones y puebladas como las de Villa Quinteros (Tucumán) y Villa Ocampo (Santa Fe).

Es por ello, sin duda, que un año más tarde la CGT de los Argentinos pudo reclamar su cuota en aquel mayo caliente que habría de iluminar el futuro, sentenciando al gobierno de facto de Onganía.

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Documental sobre el pintor Ricardo Carpani (1930-1997)

El movimiento obrero y el colapso de la dictadura

Con epicentro en Plaza de Mayo y movilizaciones en las principales ciudades del país, una multitud de trabajadores y trabajadoras salió a las calles para protestar por la dramática situación económica y a exigir el fin de la dictadura. 

El golpe de estado de 1976 significó una feroz ofensiva contra la clase trabajadora. El terrorismo de estado golpeó con saña a delegadxs y activistas, mientras que se suspendía el derecho a huelga, se intervenían las principales organizaciones sindicales y se embestía contra la legislación laboral. Como resultado, se profundizó la redistribución regresiva de la riqueza, empeoraron las condiciones de trabajo y se multiplicó el cuentapropismo y la tercerización.

Durante el primer trienio hubo una resistencia de tipo molecular, combinada con olas de huelgas semi espontáneas. A partir de 1978, la dirigencia sindical comenzó a reorganizarse, pero dividida en dos líneas: “dialoguistas” y “confrontacionistas”. Estos últimos conformaron en 1980 la CGT Brasil, conducida por Saúl Ubaldini. 

Durante 1981 se vivió una verdadera ola de quiebras industriales. En julio, la CGT Brasil convocó a la segunda huelga general contra la dictadura, y en noviembre, a una multitudinaria marcha a San Cayetano bajo el lema “Paz, Pan y Trabajo”.

La movilización del 30 de marzo de 1982 fue parte de este ciclo de protestas. Se proponía entregar un petitorio al gobierno para exigir pleno empleo, distribución equitativa de la riqueza y vigencia del estado de derecho y de la Constitución. El régimen, en plenos preparativos de la Guerra de Malvinas, intentó prohibirla por todos los medios. No obstante, la convocatoria se mantuvo.

El día de la marcha la represión fue feroz. En Buenos Aires, la policía atacó a lxs manifestantes, que fueron calculados por distintas fuentes en un número entre 40.000 y 100.000; una cacería que se sostuvo hasta las primeras horas de la noche, con cientos de detenidxs, entre ellos Ubaldini, la Madre de Plaza de Mayo Norita Cortiñas y varios dirigentes cegetistas. En Mendoza, la marcha fue reprimida con particular brutalidad: cuando lxs manifestantes se dirigían a la Casa de Gobierno, fueron recibidos con disparos de ametralladoras. El saldo fue de seis heridos y un muerto: José Benedicto Ortiz.

En todo el país, las manifestaciones fueron saludadas por transeúntes y espectadores, al tiempo que recibieron la adhesión de diversas agrupaciones políticas, estudiantiles, e incluso, empresarias.

La movilización y la respuesta represiva pusieron sobre la mesa la verdad: el tiempo de la dictadura estaba casi agotado. Luego de la derrota de Malvinas, el colapso del régimen no tendría retorno: diversos movimientos sociales ocuparían las calles y el movimiento obrero motorizaría otras tres huelgas generales. La movilización del 30 de marzo de 1982 quedará como un hito de la lucha popular por la recuperación de las libertades democráticas y el derecho a la protesta.

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Recomendaciones bibliográficas

Paso, paso, paso… se viene el Mendocinazo

En un contexto nacional y mundial de fuertes cuestionamientos sociales y políticos al orden establecido, la provincia “siestera” despertó: el pueblo salió masivamente a las calles protagonizando la movilización más importante de la historia local.

El Mendozazo fue precedido por un tenso clima social en el que diversos sectores reclamaban por mayores derechos, libertades políticas -negadas por la dictadura de Alejandro Lanusse – y mejoras para sus condiciones de trabajo y de vida, a la par que luchaban por una transformación radical de la sociedad. En este contexto, un aumento dictado por Agua y Energía del 300% en las tarifas eléctricas generó enorme indignación popular y llevó a la conformación de la coordinadora “No pague la luz” que llamó a no abonar la tarifa eléctrica, convocando a una multitudinaria concentración el domingo 2 de abril de 1972. Frente a esta situación, la CGT local llamó a paro y movilización para el martes 4. Aunque la medida fue prohibida por las autoridades militares, miles de vecinxs y trabajadorxs ocuparon las calles.

La jornada comenzó con la represión en la puerta del Sindicato de Magisterio de las docentes, que llevaban cuatro semanas de huelga. Éste fue el detonante de la ira colectiva. Inmediatamente, el conflicto se trasladó a Casa de Gobierno, lugar donde el movimiento obrero organizado y miles de personas se enfrentarían con las fuerzas represivas usando piedras de las acequias y ramas que arrancaban de los árboles. “Men-do-ci-na-zo!! Men-do-ci-na-zo!!”, era el grito de guerra que surcaba hogueras y barricadas. Las protestas se extendieron hasta la noche, las detenciones fueron masivas y cayó asesinado el canillita Ramón Quiroga. En los barrios populares, lxs vecinxs se parapetaron y se defendieron con bloques de cemento y piedras, extendiendo el conflicto durante varios días. La represión subsiguiente produciría dos nuevos asesinatos: Susana Gil de Aragón y Luis Mallea.

El Mendozazo, además de frenar el aumento de tarifas, tuvo profundas implicancias organizativas en el movimiento obrero local. La docencia logró el ansiado proceso de unificación gremial y nació el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación; lxs estatales fundaron el combativo Sindicato de Obreros y Empleados Públicos; lxs bancarixs crearon Comisiones Gremiales Internas en todos los bancos y fundaron la Escuela Sindical Bancaria; y lxs contratistas de viñas lograron, tras décadas de lucha, el ansiado Estatuto que lxs considerara trabajadorxs con derechos.

Los ecos de este levantamiento popular aún resuenan en la memoria colectiva. A fines de 2019, el pueblo volvió a movilizarse masivamente, esta vez, frente a una iniciativa legislativa que buscaba habilitar la megaminería. En recuerdo de aquella histórica jornada, las asambleas en defensa del agua y los bienes comunes bautizaron la nueva pueblada como “el Mendozazo del agua” o, más simplemente, “el Mendoaguazo”. 

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Recomendaciones bibliográficas

Cuando la clase se imparte en la calle

Las suspensiones de las maestras sindicalizadas que fueron dispuestas por la Dirección General de Escuelas de la provincia representaron el detonante de la primera huelga del magisterio mendocino, convocada por su flamante organización gremial, Maestros Unidos

La inestabilidad laboral y el atraso crónico en el pago de los salarios fueron las causas que llevaron a la sindicalización de las maestras mendocinas a principios de 1919. Agrupadas primero en la Asociación Idea, a los pocos días surgiría Maestros Unidos, adhiriendo a la Federación Obrera Provincial Mendocina (FOPM) y a la Federación Obrera Regional Argentina del IX Congreso (FORA IX). Maestros Unidos se convertiría así en el primer sindicato docente del país en ingresar a una central obrera. La reacción del gobierno radical de José Néstor Lencinas sirve como testimonio de lo trascendental de la iniciativa para la época: rechazó el reconocimiento legal del gremio con el argumento de que la condición de género exponía a las maestras a la influencia corrosiva de la actividad de la clase trabajadora.

Las suspensiones dispuestas sobre lxs 180 agremiadxs dieron inicio a la primera huelga del magisterio. Para sorpresa de las autoridades, el conflicto habría de cobrar una fuerza inusitada. Niños y niñas en edad escolar, motivados por la injusticia cometida contra sus maestras, hubieron de sumarse a la lucha. Ambas huelgas –magisterial y estudiantil– paralizaron la actividad educativa, anticipando la ola de solidaridad con las maestras que desbordaría las calles mendocinas el 1ro de mayo. Estas acciones cimentaron el vínculo entre los heterogéneos eslabones de la clase trabajadora, amalgamando los intereses comunes forjados por personas de diferentes géneros, edades y funciones laborales dentro del sistema capitalista. Las medidas de lucha desplegadas por un novísimo sindicato docente, rodeadas de solidaridad de clase, y secundadas por componentes no organizados gremialmente –lxs pequeñxs huelguistas–, pusieron al descubierto la agencia combativa de las familias trabajadoras durante el conflicto.

Tras aquella fructífera experiencia de clase sobrevinieron amenazas, persecuciones y hostigamientos estatales y paraestatales que recayeron sobre las principales dirigentes docentes, Florencia Fossatti y Angélica Mendoza, entre otras. La falta de solución a las principales demandas del magisterio –salariales, de estabilidad, por derecho de agremiación– derivaría en dos nuevos paros sectoriales. Ambos culminaron en contundentes huelgas generales solidarias declaradas por la FOPM que habrían de interrumpir casi por completo el trabajo en la provincia: mientras que la huelga de agosto resultó triunfante, la de octubre no corrió la misma suerte. El movimiento fue caracterizado como antipatriótico, inmoral, sovietista y anarquizante. Tramitadxs como criminales, se desplegó una feroz represión policial que incluyó detenciones, allanamientos domiciliarios, cierre de locales obreros, encarcelamientos, secuestros y deportaciones interprovinciales. La dura derrota infligida a la clase trabajadora mendocina, sin embargo, no lograría opacar la potencia colectiva desplegada por mujeres, varones e infancias trabajadoras, lo que marcaría la identidad y combatividad del movimiento obrero provincial durante los años venideros.

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Los frutos del cordobazo

El triunfo en el SMATA Córdoba de la Lista Marrón encabezada por René Salamanca fue la expresión del proceso de radicalización abierto por el Cordobazo y de la unidad “antiburocrática, antipatronal y antidictatorial” lograda en el gremio, lo que inauguró un nuevo ciclo de conquistas y luchas para lxs mecánicxs y el sindicalismo clasista.

El 28 de abril de 1972, las urnas sancionaron el triunfo del Movimiento de Recuperación Sindical – Lista Marrón en las elecciones de la seccional cordobesa del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Se trataba nada menos que de uno de los sindicatos más poderosos de una de las provincias más convulsionadas de la Argentina, representante de alrededor de 10.000 trabajadores y trabajadoras automotrices.

El ascenso de la coalición de fuerzas sindicales encabezada por René Salamanca, que incluyó a múltiples tendencias clasistas, combativas y antiburocráticas, fue el fruto de las grandes luchas y del proceso de radicalización que lxs mecánicxs venían protagonizando desde el Cordobazo. Las ocupaciones fabriles y la huelga larga de  1970, la influencia de la experiencia clasista en SITRAC-SITRAM, la participación en las jornadas del Viborazo, fueron agudizando el choque contra las patronales automotrices y la dictadura de la autodenominada “Revolución Argentina”. Esto puso en crisis a la estrategia negociadora de la vieja conducción peronista del SMATA, de tendencia vandorista, y alentó al mismo tiempo el desarrollo de las corrientes opositoras que confluyeron en las elecciones del 72.

La victoria marrón inauguró una nueva etapa para el sindicato mecánico y el clasismo cordobés, fuertemente marcada por los cambios políticos que se abrieron con la retirada de la dictadura y el retorno del peronismo al gobierno en 1973.

El nuevo SMATA desplegó una profunda democracia sindical, con constantes asambleas, un vigoroso cuerpo de delegados, la formación de una comisión de mujeres y el retorno periódico de lxs dirigentes a sus puestos de trabajo. Rechazando el “Pacto Social” promovido por el gobierno, la movilización obrera logró importantes conquistas en salarios y condiciones de trabajo, frenó los despidos arbitrarios y recuperó el sábado inglés quitado por Onganía en 1969.

Los esfuerzos por la unidad del sindicalismo combativo se plasmarían en la lucha por la afiliación de los obreros de Fiat al SMATA, la incorporación de Salamanca a la conducción de la CGT Córdoba junto a Atilio López y Agustín Tosco, la constitución del Movimiento Sindical Combativo y el impulso y la participación en varios encuentros nacionales. 

Ratificando los avances logrados en este período, en 1974 la Lista Marrón obtendría una contundente reelección. La escalada represiva, la intervención del sindicato por parte del SMATA nacional y, finalmente, el golpe de estado de 1976, terminarían por truncar una de las experiencias más destacadas de democracia sindical, combatividad y compromiso con la emancipación de lxs trabajadorxs. 

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Recomendaciones bibliográficas

Comunicación, esclarecimiento y organización

Bajo la responsabilidad de los dirigentes gremiales Raimundo Ongaro (gráficos), Ricardo De Luca (navales) y la dirección periodística de Rodolfo Walsh, el semanario atizó, durante sus casi dos años de existencia, las luchas obreras y populares contra las patronales y la dictadura de la Revolución Argentina.

El periódico CGT fue una pieza clave en las apuestas contra-culturales que la CGT de los Argentinos instrumentó para combatir las ideas y valores de las clases dominantes. Surgida del Congreso Normalizador Amado Olmos en marzo de 1968, y con Raimundo Ongaro como su Secretario General, la central asumió un lugar destacado en la lucha anti-dictatorial. Convencido de que un periódico de calidad requería de comunicadores avezados, Ongaro convocó a Walsh, quien reunió a un comprometido grupo de redacción: nadie cobraría un peso por la tarea. En sólo un mes, el primer número de seis páginas de 42 x 58 centímetros salía a la calle al precio de 50 pesos. Entre mayo de 1968 y febrero de 1970 se imprimieron 55 números; de manera semanal el primer año, quincenal entre enero y junio de 1969, y mensual (y clandestina) los seis números restantes. Sin embargo, para sus mentores, CGT no era sólo un medio de información y esclarecimiento: era también un impulso a la organización para garantizar su distribución y difusión, de la que se encargaban casi por completo sindicatos y agrupaciones de base, persiguiendo el sueño de tener un “corresponsal en cada fábrica”.

El Mensaje a los trabajadores y al pueblo argentino aparecido en la tapa de su primer número condensó los ejes que cruzarían sus páginas. La denuncia de los monopolios tuvo su zaga en las investigaciones de Rogelio García Lupo sobre el capital extranjero. La crítica de las direcciones sindicales indignas encontró su expresión paradigmática en la publicación por entregas de ¿Quién mató a Rosendo? La violencia estatal fue el tema recurrente de la serie La secta del gatillo y la picana. Y las numerosas investigaciones sobre la pobreza urbana y rural confirmaban la veracidad de su mensaje y la urgencia de la anhelada rebelión de las bases; por ello, las luchas obreras y populares que la presagiaban emergen siempre en sus páginas con tintes heroicos.

La dictadura identificó la osadía del proyecto y reaccionó ante la amenaza secuestrando ejemplares de los kioscos, querellando a los responsables del periódico o directamente prohibiendo algunas de sus ediciones. Si CGT pudo sortear todos estos obstáculos durante casi dos años fue gracias al esfuerzo militante de una vasta red de trabajadorxs manuales e intelectuales convencidxs de la trascendencia que tiene la disputa de los sentidos dominantes en la sociedad. Quizás sea esta confluencia y este compromiso su mayor legado. 

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Asambleas populares y rebelión contra la crisis y la desocupación

Cuando la crisis provocada por las políticas neoliberales del gobierno peronista de Carlos Menem se tornó insostenible en Tartagal y Mosconi, los vecinos organizados decidieron bloquear la ruta nacional N° 34 para visibilizar sus reclamos. A pesar de las amenazas de represión, el corte se prolongó durante siete días, a lo largo de los cuales se desarrollaron Asambleas Populares masivas que impusieron importantes reivindicaciones. 

Tartagal y Mosconi son dos localidades petroleras ubicadas en el norte de Salta, fuertemente afectadas por la privatización de YPF, que terminó disparando los niveles de desocupación e indigencia en la zona. Saltaron a la tapa de los diarios nacionales en mayo de 1997, cuando se convirtieron en escenario de un masivo y prolongado corte de la estratégica ruta nacional n° 34, que conecta el noroeste argentino con Bolivia. El corte fue el punto de llegada de un proceso de organización de una comunidad que venía reclamando por la falta de trabajo y la dramática situación social y que se mantenía atenta a las protestas que se registraban en otros puntos del país. En particular, la Asamblea de Vecinos que impulsó el corte tuvo presente la pueblada que se había registrado el año anterior en Cutral Co y Plaza Huincul (Neuquén). 

A lo largo de los siete días que se extendió la protesta se celebraron asambleas populares masivas que improvisaron mecanismos de democracia directa, poniendo en cuestión el funcionamiento del sistema político representativo. El movimiento involucró prácticamente a todos los grupos sociales: trabajadores ocupados y desocupados, comunidades aborígenes, comerciantes, empresarios, y estudiantes secundarios, entre otros. Dentro de los sectores políticos, participaron dirigentes de todos los partidos opositores al gobierno provincial del PJ encabezado por Juan Carlos Romero; distintos referentes de izquierda, en particular, jugaron un papel destacado.

Al promediar la pueblada, se paralizaron todas las actividades y una Asamblea Popular aprobó el petitorio definitivo, que incorporó reivindicaciones que surgieron en los distintos municipios de la zona, que se fueron sumando e instalando sus propios piquetes en la ruta y en los pasos vecinales. Así,  todo el departamento San Martín quedó incomunicado y bajo control de los manifestantes, que exigieron entre otras cosas puestos de trabajo, fondos de desempleo, obras de infraestructura, refinanciación de deudas, créditos blandos y asistencia social. Finalmente, tras obtener importantes concesiones por parte de las autoridades, el corte fue levantado el 14 de mayo de 1997.

La pueblada logró imponer condiciones significativas, incluyendo, además de buena parte de los reclamos mencionados, el desplazamiento de intendentes y concejales. El incumplimiento de los acuerdos por parte de los gobiernos nacional y provincial motivó nuevos cortes y puebladas en la región, que hicieron visibles las importantes carencias que persistían y dejaron planteado un formato de protesta que hicieron suyo los trabajadores desocupados y que signó toda esa etapa de fuerte crisis política y económica en el país. 

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“Si no hay justicia que no haiga leyes”

En mayo de 1946, iniciaba su marcha desde el norte argentino el Malón de la Paz, como se conoció a la delegación de las comunidades kollas que se dirigió a Buenos Aires para llevarle al nuevo gobierno de Perón el reclamo por la restitución de sus tierras. 

A mediados del siglo XX, las comunidades kollas de Jujuy y Salta continuaban padeciendo condiciones de explotación extremas: usurpación de territorios, castigos corporales y hasta el medieval derecho de pernada por el cual los hacendados abusaban sexualmente de las mujeres. Por ello, y por las expectativas generadas ante las promesas del nuevo gobierno, las comunidades deciden llevar su principal reclamo a Buenos Aires: la restitución de sus tierras. Durante casi tres meses de caminata, el Malón de la Paz y sus 174 integrantes estuvieron instalados como tema cotidiano en los medios de difusión. Radios, periódicos y noticieros como Sucesos Argentinos se ocuparon de los kollas, brindándoles un espacio destacado con titulares, entrevistas y primeras planas. Este insólito interés por una protesta indígena se relacionaba con el propósito inicial del gobierno de convertir el justo reclamo kolla en un ejemplo de los alcances de la nueva Justicia Social. Cuando el Malón de la Paz ingresó a la provincia de Buenos Aires, millares de personas salieron a su encuentro y, emulando sus reclamos, se crearon varios comités Pro Reforma Agraria. El 3 de agosto, finalmente, el Malón de la Paz llegaba a Plaza de Mayo, siendo aclamado por una multitud. En un episodio inédito, en el balcón de la Casa Rosada varios de sus integrantes fueron abrazados por el presidente Perón, quien aseguró: “den por hecho lo pedido”. Paradójicamente, tras la apoteótica recepción, los indígenas argentinos fueron alojados en el Hotel de Inmigrantes.

El gobierno, advirtiendo los apoyos obtenidos por el Malón, comprendió que había ingresado en un terreno peligroso. Si otorgaba las parcelas, podría lanzarse sobre el Ejecutivo una lluvia de reclamos de indígenas y chacareros necesitados de tierras. El presidente no tenía demasiadas opciones: expropiar y devolver la tierra a los kollas o quitarlos  de la vidriera nacional. Y es así que desaparecieron de los medios de comunicación. Tres semanas después de su llegada, una fuerza conjunta compuesta por cientos de soldados de la marina de guerra y una brigada lanzagases de la Policía Federal rodeó el Hotel de los Inmigrantes para desalojarlos. Los maloneros fueron secuestrados y arrojados dentro de un tren que marchó de regreso con custodia armada hasta Abra Pampa, Jujuy.

Todo el racismo que había permanecido agazapado en los márgenes de las notas periodísticas afloró incontenible. De la noche a la mañana se “descubre” que los kollas “no eran indios”, y mucho menos, argentinos. Aprovechando su procedencia norteña se los “bolivianiza”. Uno de los ejemplos más patéticos fue protagonizado por el diputado jujeño Teodoro Saravia, cuando gritó desde su banca: “en Jujuy no existen indios ni kollas”. ¡Santo remedio! Si no eran indios, ni argentinos, el problema de las tierras desaparecía. 

Más allá de intereses que aún hoy intentan negar e invisibilizar la existencia de un país pluriétnico, las voces del Malón de la Paz continúan vigentes, la memoria intacta y un nuevo paradigma asoma en el horizonte. Es lento, pero viene… 

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La mecha de la rebeldía

El Cordobazo inició un ciclo de ofensiva y radicalización política contra la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. Su principal protagonista fue la juventud obrera y estudiantil.

El Cordobazo fue una revuelta obrera y popular iniciada con un paro activo coordinado por las dos CGT regionales de Córdoba (De los Argentinos y Azopardo). Los reclamos eran variados, pero se concentraron en la oposición a un decreto del gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía por el cual se derogaba una serie de derechos laborales. Uno de ellos era el “sábado inglés”, por el cual se trabajaban 44 horas semanales y se cobraban 48, cubriendo el descanso de la tarde del sábado. Además, se congelaban los salarios, se suspendían los convenios colectivos y había una resistencia a las quitas zonales que permitían a las empresas radicadas en el interior pagar salarios menores que los de Buenos Aires. A ello se sumaron los reclamos de lxs estudiantes por el respeto de la autonomía universitaria, una lucha iniciada en 1966 y que había sido ya duramente reprimida en varias ocasiones.

La organización de la movilización obrera y estudiantil del 29 de mayo había planificado los ingresos de las distintas columnas en dirección al centro de la ciudad, pero no pudo prever que los enfrentamientos desbordarían los ánimos y provocarían el estallido popular. Debido a la represión estatal, fue asesinado el obrero mecánico Máximo Mena, lo que precipitaría la confrontación entre lxs manifestantes y la policía. Durante la tarde de ese día, se declaró el toque de queda y las tropas del ejército se hicieron cargo de controlar la ciudad, aunque la resistencia continuó durante la noche en el Barrio Clínicas, espacio habitado especialmente por universitarixs. El saldo oficial, según la prensa de la época, fueron 34 muertxs, 400 heridxs y 2000 detenidxs. A los principales dirigentes se los juzgó y condenó por medio de tribunales militares.

El Cordobazo no fue un hecho aislado, sino que formó parte de un ciclo de muchos otros “azos” que estallaron en distintas ciudades argentinas entre fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1970. Sin embargo, el de Córdoba se erigió en la memoria colectiva como un monumento a la capacidad de rebelión contra el autoritarismo dictatorial. A partir de este hito histórico, se representará a la movilización obrera y popular como motor de cambios políticos, ya que provocó la renuncia inmediata del gobernador Carlos Caballero y debilitó el poder de Onganía, quien sería reemplazado al poco tiempo. La unidad entre distintos sectores del movimiento obrero, como también la alianza con el estudiantado y con otros sectores de la ciudadanía cordobesa fueron factores clave para que el hecho tuviera lugar. Algunas de las consecuencias de este acontecimiento significaron luego el fortalecimiento de las organizaciones de izquierda revolucionaria y de sindicatos clasistas y combativos en todo el país, todos ellos protagonistas del ciclo de radicalización iniciado en mayo de 1969.

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Recomendaciones bibliográficas

Rebelión sindical en el norte

Al calor de la radicalización obrera abierta por el Cordobazo y de la oleada de movilización social que acompañó el retorno del peronismo al gobierno, en 1973 nacía la llamada “CGT clasista, antiimperialista y peronista” de Salta. 

De manera para muchxs sorpresiva, en junio de 1973 “Salta la Linda” se convirtió en un nuevo foco de la rebelión obrera que recorría por entonces la Argentina. Con una economía esencialmente agraria y agroindustrial, dominada por un reducido núcleo de empresarios nacionales y extranjeros, la belleza de los paisajes de la provincia disimulaba un cuadro social calamitoso para sus trabajadorxs: altos índices de pobreza y desocupación, sobreexplotación en los surcos y fábricas, y enfermedades como el paludismo, la tuberculosis y el Chagas. 

Al igual que en el resto del país, la dictadura instaurada en 1966 desencadenó en la provincia una oleada de luchas obreras y estudiantiles cuyo pico sería el Salteñazo, el 21 de mayo de 1969, días antes del Cordobazo. En este marco, nacieron nuevas organizaciones sindicales y crecieron sectores combativos y antiburocráticos en gremios como tabacaleros, rurales, administración pública y muchos otros. Junto con esto, fueron cobrando fuerza organizaciones políticas revolucionarias, cuya principal expresión en Salta fue el Frente Revolucionario Peronista (FRP) dirigido por Armando Jaime y Juan Carlos Salomón.

En marzo de 1973, las elecciones llevaron a la gobernación salteña a Miguel Ragone, un dirigente del ala progresista del peronismo provincial. En este contexto, y al compás de la movilización social y las tomas que recorrían la Argentina, tuvo su nacimiento la “CGT clasista de Salta”. En medio de violentas disputas entre distintos sectores de las cúpulas sindicales locales, el 15 de junio centenares de trabajadorxs ocuparon el local de la central obrera y proclamaron un triunvirato compuesto por Oscar Aramayo (Obreros del Tabaco), Alberto Abán (Obreros Rurales) y Segundo Arturo Álvarez (Vendedores Ambulantes). La flamante dirección definió a la nueva CGT Salta como clasista, antiimperialista y peronista, enarbolando a su vez “los postulados de la liberación nacional y la construcción del socialismo”. Se lanzó entonces una intensa actividad, realizando asambleas diarias en el local, formando comisiones de trabajo y organizando movilizaciones. A sus apoyos sindicales en la provincia, se sumó pronto el respaldo de figuras nacionales como Agustín Tosco, Raimundo Ongaro y René Salamanca.

El cambio de coyuntura política tras la “masacre de Ezeiza”, y la ofensiva desatada desde el peronismo ortodoxo y la CGT Nacional contra la provincia, terminarían por sellar la suerte de la “CGT clasista de Salta”. El 17 de julio de 1973, un operativo policial desalojó el local y la central obrera fue intervenida. Aun así, sus ecos seguirán resonando como un recordatorio de que el norte obrero también era parte de la Argentina de los “azos”.

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PUENTE PUEYRREDÓN: UN SÍMBOLO DE LAS LUCHAS DESDE ABAJO

Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los jóvenes asesinados por la policía en la represión a la movilización piquetera, sintetizan en sus figuras el recorrido de la generación militante de 2001.

El miércoles 26 de junio de 2002, a escasos seis meses de la insurrección popular del 20 de diciembre, un conjunto de organizaciones sociales se movilizó una vez más en el marco de un plan de lucha. Entre las reivindicaciones se encontraban el aumento general del salario básico, la duplicación del monto de los subsidios para lxs desocupadxs, obtención de alimentos para los comedores barriales, mejoras en salud y educación y el desprocesamiento de lxs luchadorxs populares. También, la solidaridad con  Zanón, una fábrica ceramista de Neuquén recuperada por sus trabajadorxs que corría peligro de ser desalojada.

La movilización tuvo su epicentro en el Puente Pueyrredón, que une el distrito bonaerense de Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires. Con fuerte desarrollo en la zona sur, los Movimientos de Trabajadores Desocupados enrolados en la Coordinadora Aníbal Verón y el Movimiento Teresa Rodríguez marcharon desde la Plaza Mitre y la estación Avellaneda (hoy renombrada “Estación Maximiliano Kosteki y Darío Santillán”). Al llegar al puente se encontraron con un enorme operativo de seguridad. Poco después, la Policía Bonaerense inició una violenta represión, disparando con balas de goma y gases lacrimógenos, pero también con munición de plomo. El saldo fue el asesinato a sangre fría de Maxi y Darío, junto a una treintena de heridxs de gravedad. Por el hecho fueron juzgados el entonces comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, para ser en el año 2006 finalmente condenados a prisión perpetua.

La represión de la movilización piquetera se produjo cuando el presidente interino Eduardo Duhalde estaba llevando adelante negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que presionaba para que el gobierno argentino pusiera orden y disciplina mediante la represión a una sociedad convulsionada. Una sociedad que aún continuaba en movimiento después de las jornadas insurreccionales del 19 y 20 de diciembre del 2001, las que habían llevado a la renuncia y huida en helicóptero del presidente Fernando De La Rúa, quien dejaría tras de sí más de treinta compatriotas asesinadxs por la represión.

Las figuras de Maxi y Darío se transformaron en uno de los símbolos más potentes de aquel ciclo de luchas desde abajo que había comenzado con las puebladas y cortes de ruta de mediados de los años noventa. Esas formas de organización y movilización siguen vigentes en la consolidación de las organizaciones de la economía popular que pelean por derechos colectivos y para que el Estado reconozca el rol central que los movimientos sociales ocupan en la escena contemporánea. 

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Recomendaciones bibliográficas

UN AZO DE LA MEMORIA

El Manzanazo fue la resistencia colectiva que trabajadorxs, estudiantes y vecinxs de la ciudad de Santa Fe lograron sostener frente a la represión policial de la protesta popular, mediante barricadas, piedras y manzanas provenientes de un tren de carga detenido por lxs manifestantes.

El 30 de junio de 1972, tras veinte días de una huelga decretada por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM), se concretaba el paro general con movilización convocado por la CGT regional. La medida se transformaría en un repudió general contra la dictadura que hubo de amalgamar amplias solidaridades: la de los gremios que venían luchando por aumentos salariales; la de lxs estudiantes secundarixs que reclamaban el Medio Boleto Estudiantil; la de universitarixs movilizadxs, la de las organizaciones vecinales movilizadas contra la carestía de la vida.

El conflicto de lxs municipales venía de lejos. A comienzos de 1972, ASOEM había logrado la ansiada equiparación salarial con Rosario, pero la normativa habría de ser vetada por el gobernador Guillermo Rubén Sánchez Almeyra. Lxs trabajadorxs respondieron organizándose en asamblea permanente y mediante paros graduales que afectaban no sólo las tareas administrativas sino también la recolección de residuos, el servicio de limpieza, la inspección del tránsito y la actividad del frigorífico municipal, poniendo a la ciudad al borde de una crisis general y sanitaria.

La jornada de protesta del 30 de junio comenzó con un importante acatamiento al paro, tanto en el centro como en los barrios. Las columnas de manifestantes avanzaron sobre la Municipalidad desde distintos puntos de la ciudad. A su paso formaron barricadas, teniendo que enfrentarse a los primeros operativos policiales. Llegado el mediodía, ante la virulencia de los combates callejeros, el gobernador dio lugar a la actuación del ejército.

Por la tarde el foco de tensión se desvió al oeste, cuando un grupo de vecinxs del barrio Villa del Parque detuvo un tren de carga que transportaba frutas, cortó las calles con el fuego de los cajones, y resistió la represión policial y militar a manzanazos limpios. Piedras y miguelitos acompañaban el arsenal. Las fogatas sobre las vías de los convulsionados barrios de Villa del Parque y Santa Rosa de Lima obligaron al desvío de los trenes que debían entrar a la ciudad. Las ollas populares que las organizaciones vecinales habían montado durante las semanas previas en apoyo a lxs municipales se convirtieron en focos de resistencia a los gases lacrimógenos y a los disparos al aire de la policía y el ejército. Pese a todo, el saldo represivo sería moderado: 30 detenidxs y algunxs heridxs de poca gravedad.

El conflicto terminó tres días después con un beneficioso acuerdo: no se aplicaron sanciones administrativas al personal, el régimen salarial de la Municipalidad de Santa Fe se equiparó al de la administración provincial y se consiguió una bonificación compensatoria para todas las categorías de la administración local.

El Manzanazo forma parte de la memoria colectiva de la ciudad como un símbolo de la unidad en la lucha de trabajadorxs, vecinxs y estudiantes. Pasados 50 años, este azo de la memoria merece, sin dudas, su lugar en el panteón de los azos que hilvanan la historia de las luchas populares del período. 

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Recomendaciones bibliográficas

Barricadas y represión en San Francisco

Todo comenzó con un reclamo de lxs trabajadores de la fábrica Tampieri en la ciudad de San Francisco, (Córdoba), motivado por atrasos en el pago de los salarios. La CGT local convocó a una huelga y su movilización sería duramente reprimida por la policía de la provincia.

A fines de 1960 y comienzos de 1970, la ciudad de San Francisco era uno de los polos industriales y agrícolas del país. Sin embargo, en los años 1968 y 1971 sucedieron intensas sequías que provocaron una disminución de la producción triguera en la región que afectó a muchos establecimientos molineros. En ese contexto, la empresa Tampieri y Cía. decidió cerrar su fábrica de galletitas e inició el proceso de venta de su establecimiento de fideos. Ante las deudas impagables, la empresa comenzó a demorar el pago de los salarios hasta quedar prácticamente paralizada a principios de 1973. Sin embargo, para lxs obrerxs de Tampieri los problemas de la fábrica no se debían al clima sino a una mala administración de parte de los dueños de la empresa. Ante la sensación de que peligraban las fuentes laborales, y en un contexto regional marcado por la movilización obrera y popular posterior al Cordobazo, lxs trabajadorxs ocuparon la planta el día 16 de julio de 1973. En solidaridad con ellxs, la CGT regional San Francisco convocó a una huelga para toda la ciudad el 30 de julio de 1973.

Durante la jornada de protesta se paralizaron 430 fábricas y 2.500 comercios. La manifestación atacó la casa del propietario de la empresa y también la del dueño del diario local “La Voz de San Justo”, que reproducía las versiones patronales sobre el conflicto. Lxs manifestantes terminaron ocupando el casco céntrico y fueron duramente reprimidos por la Guardia de Infantería de la Provincia de Córdoba. El saldo final fue una decena de heridos y detenidos, y la muerte de un adolescente alcanzado por las balas. Para la resolución del conflicto arribó a la ciudad el tradicional dirigente sindical y vicegobernador de la provincia Atilio López. Allí se reunió con Oscar Liwacki, secretario general de la CGT de San Francisco, y se acordaría buscar una solución al conflicto.

Estos hechos fueron conocidos luego como “Tampierazo”, “Cordobacito” o  “Sanfranciscazo”. No se trató, sin embargo, del primer estallido en la historia de la ciudad, ya que en 1929 había sucedido otro similar que paralizó a la ciudad por más de tres meses, iniciado con una huelga en la misma fábrica.

El Tampierazo de 1973 tiene conexión con el presente, ya que el dirigente cegetista Liwacki fue secuestrado el 12 de mayo de 1976, junto a otrxs sanfrancisqueños que continúan desaparecidxs hasta hoy. Según se comprobó en el juicio conocido como “Megacausa La Perla”, estas desapariciones habían sido pedidas en una editorial del diario “La Voz de San Justo”, publicada en abril de 1976. Allí el director del diario requería al gobierno militar recién asumido que “limpiara la ciudad de subversivos”, en referencia a quienes habían sido “marcados” por su participación en el Tampierazo.

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Un símbolo de la lucha contra el neoliberalismo

Instalada por el gremio de Luz y Fuerza de Mar del Plata frente a la empresa ESEBA el Día del Trabajador de la Electricidad, la Carpa de la Solidaridad sería levantada después de siete meses y once días luego de un verdadero triunfo: la reincorporación de los últimos despedidos que aún quedaban en la calle.

Aunque la reincorporación de lxs 23 despedidxs por ESEBA fuera su reclamo emblemático, la disputa tenía raíces mucho más profundas. Apenas meses antes, la conducción del gremio había sido reelegida con un programa anti-neoliberal que denunciaba el congelamiento salarial y los tickets canasta; proclamaba la defensa del convenio colectivo frente a la flexibilización laboral propiciada por los acuerdos del sindicalismo empresario de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf); confrontaba los retiros voluntarios financiados con los préstamos del Banco Mundial; y rechazaba de plano la privatización. Nada nuevo. Después de todo, había sido esta misma conducción gremial la que había inaugurado su mandato parando en 1988 contra el desguace en cuotas de la empresa provincial de energía -DEBA- impulsado por la gobernación del peronista Antonio Cafiero.

Seis años después, crisis hiperinflacionarias mediante, transformada DEBA en sociedad anónima bajo el nombre de ESEBA, desmembrada y en liquidación la empresa Agua y Energía, malvendida SEGBA; expulsados de la Fatlyf por los representantes del sindicalismo empresario y en plena avanzada menemista, la privatización parecía inevitable.

Fue en este contexto profundamente adverso cuando la carpa se incorporó al imaginativo repertorio que venía desplegando el gremio en sus batallas. De entrada nomás, arrancó con olla popular y juntada de firmas. Pronto se incorporó al paisaje cotidiano de la ciudad como lugar de encuentro de lxs trabajadorxs lucifuercistas y de la militancia. Conscientes, además, de la imposibilidad de enfrentar la privatización en soledad, el gremio cultivó con ahínco las más amplias alianzas sociales. Por la Carpa de la Solidaridad desfilaron representantes de las más diversas organizaciones políticas, sociales, comunitarias y culturales. En su seno, se desarrollaron y alojaron un sinfín de actividades, desde el día del niño hasta recitales. Su presencia motorizó nuevas acciones de protesta, entre las que se destacaron tres ayunos y varias marchas de antorchas que iluminaron los anocheceres marplatenses.

En el acto que coronó la finalización del conflicto, José Rigane, secretario general del gremio, señaló que la carpa había evidenciado que organizados, unidos y solidarios, no sólo era posible luchar sino también vencer; pero que el verdadero sentido de la gesta quedaría demostrado en la capacidad futura de continuar la pelea. Aunque la privatización no pudo evitarse, sí se evitaron algunos de los atropellos de la nueva empresa EDEA, gracias a que otra carpa, -la Carpa de la Dignidad-, se mantendría de pie durante 15 meses y 15 días entre julio de 1997 y octubre de 1998.

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Gesta de las tradiciones antibelicistas de la clase obrera argentina

Cuando Perón consultó al pueblo respecto a la posición a adoptar frente a la guerra en Corea que impulsaba Estados Unidos, los trabajadores ferroviarios de los talleres de Pérez respondieron pidiendo la paz con una marcha contundente que recorrería 15 kilómetros por las vías del ferrocarril Mitre, hasta llegar a la ciudad de Rosario.

Conocidas las intenciones estadounidenses de sumar aliados americanos para su avance militar sobre el norte de Corea, -que se encontraba bajo control de los comunistas-, en una alocución radial emitida la noche del 17 de agosto de 1950, Perón anunció que “…el gobierno tomará la actitud que quiera su pueblo y ninguna otra”. Al día siguiente, trabajadores ferroviarios de los talleres Pérez comenzaron a parar sus actividades, mientras iban ganando adhesiones para organizar una manifestación a favor de la paz en respuesta al presidente de la nación. Pronto se sumaron familiares y vecinos de barrios circundantes. De igual modo se plegaron otros gremios, como las obreras de la fábrica de fideos Minetti. La marcha iría congregando entonces diferentes identidades políticas, aunque con un claro predominio numérico del peronismo. Así, en la manifestación pudo escucharse la marcha Los Muchachos Peronistas, se agitaron carteles apoyando a Perón y Evita y participaron dirigentes reconocidos, como el ex senador Demetrio Figueiras.

No obstante, es menester destacar el protagonismo inicial de militantes comunistas, quienes durante varios meses habían estado desarrollando una campaña antibelicista mediante publicaciones, actos relámpagos y juntadas de firmas. Fueron ellos, entonces, los que aprovecharon con astucia las palabras de Perón, dando los primeros pasos para que los ferroviarios expresaran su opinión. El internacionalismo proletario, la oposición a las guerras imperialistas y el rechazo a las ansias de dominación norteamericanas eran convicciones de larga tradición en el movimiento obrero argentino y no les eran ajenas a trabajadoras y trabajadores peronistas. De hecho, las influencias eran mutuas. La Marcha por la paz fue unitaria, prevaleciendo en la movilización la identidad obrera por sobre las preferencias políticas, que estaban, sin dudas, muy presentes.

La marcha avanzó por las vías del ferrocarril Mitre hasta Rosario. Al llegar al centro de la ciudad comenzó a recorrer sus calles, hasta que fue asediada por la policía y luego reprimida y disuelta. Al día siguiente, autoridades de la Unión Ferroviaria, la CGT y el gobierno organizaron un acto repudiando la movilización obrera. El ministro de transporte Juan F. Castro aconsejó: “-nunca abandonen sus tareas si no es por orden del gobierno o para defender al general Perón”. Evidentemente, no todos los peronistas estaban de acuerdo con la consigna. Los ferroviarios se habían permitido dar su opinión mediante una huelga con movilización. De igual modo lo harían pocos meses después, en noviembre de 1950, cuando emprendieran una de las huelgas más significativas del primer gobierno peronista.

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La huelga ferroviaria de 1950-1951

Rebelión indígena y crímenes de lesa humanidad

En 1924 tuvo lugar en Chaco una de las masacres más atroces de nuestra historia, cuando el gobierno arremetió contra lxs indígenas que se habían rebelado a causa de la opresión y explotación ejercidas por la sociedad blanca y cristiana. En 2022, a casi un siglo de aquellos hechos, la justicia federal condenó al Estado y ordenó reparar a las comunidades.

En 1911, en la etapa final de la república oligárquica, se llevó adelante la última gran campaña de ocupación militar del Chaco. Producto de ello nació el sistema de reducciones de indios: verdaderos espacios concentracionarios que serían administrados por el Estado Argentino durante más de cuarenta años. La reducción de Napalpí, ubicada en el sudoeste chaqueño, era la más importante, llegando a reunir a más de 1.500 personas de comunidades qom, moqoit y vilelas, que llegaban allí acosadxs por la miseria y la presión del Ejército. La Reducción, dependiente del Ministerio del Interior, operó como principal agente de la brutal transformación de sus vidas y culturas. Lxs beneficiarixs fueron lxs propietarixs de obrajes, lxs colonxs y las grandes empresas de tanino y azucareras, que podrían acceder a mano de obra barata.

A fines de 1923, la zona chaqueña estaba convulsionada. Ante una cosecha de algodón que iba a ser extraordinaria, todos peleaban por la mano de obra. En mayo de 1924, el gobernador del Chaco, Fernando Centeno, decidió directamente prohibir a las comunidades indígenas que salieran del territorio para ir a trabajar a Salta y Jujuy. El descontento de las comunidades pronto se transformó en protesta contra el mundo de los blancos cristianos. Reclamaban libre movilidad, mejores condiciones de trabajo, mayor remuneración y propiedad de la tierra.

Luego de dos meses de una tensión que fue aumentando, la respuesta del Estado y de las clases propietarias fue brutal. El 19 de julio de 1924, alrededor de un centenar de policías, gendarmes y civiles armados se acercaron sigilosamente a la zona de El Aguará, en la Reducción, y dispararon sus modernos Winchester y Máusers a discreción. Llegaron a usar incluso un avión civil, piloteado por un militar, como puede verse en la foto. Luego, remataron a lxs heridxs, mutilaron a lxs muertxs y persiguieron a lxs sobrevivientes. El eco de los hechos llegó a las grandes urbes. Sin embargo, desde el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial del Territorio, una potente maquinaria estatal se puso en funcionamiento para ocultarlos y negarlos.

Casi un siglo después, la justicia nacional ha emitido una sentencia histórica. No importa cuánto tiempo haya transcurrido: la represión fue lo suficientemente grave como para ser considerada de lesa humanidad. El juicio reconstruyó los hechos minuciosamente para terminar condenando al Estado Nacional por homicidios agravados, con ensañamiento y brutalidad, y reducción a la servidumbre, en el marco de un proceso de genocidio. Así, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, iniciada contra los crímenes del terrorismo de Estado de los 70’s, ha dado un gran paso, extendiendo sus horizontes hacia otro de los grandes episodios de rebelión y masacre de nuestra historia.

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Recomendaciones bibliográficas

De la noche del Apagón de 1976 a la antorcha de esperanza del pueblo jujeño

Durante la última dictadura argentina, en la provincia de Jujuy, las fuerzas represivas en vinculación con la empresa Ledesma secuestraron en una semana a cientos de personas. Estos hechos son recordados como La Noche del Apagón.

Entre el 20 y 27 de julio de 1976, en el contexto de la última dictadura, las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua, del departamento de Ledesma en Jujuy, quedaron sumidas en la oscuridad cuando se interrumpió intencionalmente el suministro eléctrico. Fue entonces cuando las fuerzas de seguridad secuestraron a cientos de trabajadores, campesinos, estudiantes, profesionales y amas de casa. Más de 30 de esas personas continúan desaparecidas en la actualidad.

De los operativos represivos participó activamente la empresa Ledesma, identificando a las personas a secuestrar, proporcionando información y brindando camionetas para trasladar a las víctimas. En marzo de 2023, Carlos Pedro Blaquier, propietario de la empresa, falleció sin haber sido juzgado por estos crímenes debido a las demoras del sistema judicial, evidenciándose una forma de “impunidad biológica”.

Durante los años previos al Apagón, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio Ledesma (SOEAIL) era dirigido por una comisión combativa que logró importantes conquistas: mejoraron sus condiciones laborales, construyeron viviendas y obtuvieron una mejor asistencia sanitaria para los trabajadores. Este proceso de radicalización en Jujuy se unió a un heterogéneo y combativo movimiento obrero a nivel nacional, fortaleciéndolo. La recuperación del sindicato azucarero coincidió con la intendencia de Libertador a cargo de Luis Ramón Aredez, quien además había sido médico del sindicato y actualmente continúa desaparecido. Aredez intentó cobrar impuestos y solicitar mejoras a la empresa Ledesma, que históricamente había estado protegida por el poder político.

A partir de marzo de 1976, el proceso represivo se intensificó a nivel nacional, dejando su huella en Jujuy durante el Apagón. Desde el mismo momento en que ocurrieron estos crímenes, familiares de las víctimas, como Olga Aredez, iniciaron la búsqueda de sus seres queridos. En 1983, se unirían en las Marchas del Apagón, exigiendo memoria, verdad y justicia.

Casi medio siglo después, nuevamente el pueblo jujeño vuelve a encender una luz de esperanza. Al igual que cuando enfrentaron a los conquistadores españoles, y en los años ’90 del siglo XX, cuando desafiaron las políticas del menemismo, las actuales protestas pululan por todo Jujuy como un reguero de pólvora. Hoy, la persistente lucha de las víctimas del terrorismo de Estado del Apagón ilumina el camino del indomable pueblo jujeño.

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“Perón con Evita”: la fórmula presidencial de la central obrera

En un acto multitudinario desarrollado en la avenida 9 de julio de la ciudad de Buenos Aires, la Confederación General del Trabajo (CGT) impulsó y encabezó el denominado Cabildo Abierto para promover por su cuenta la fórmula presidencial Juan Perón – Eva Duarte de Perón.

Al ser convocadas las elecciones presidenciales para noviembre de 1951, la CGT se adelantó en impulsar la reelección de Perón. En abril de aquel año comenzaría entonces su campaña proselitista, la que pronto sumaría a la fórmula electoral el nombre de Eva Perón como candidata a la vicepresidencia de la Nación. Ella era una referencia destacada para la central obrera y al mismo tiempo era considerada una garantía para la defensa y la promoción de sus reivindicaciones.

La iniciativa de la CGT tuvo su punto más alto de expresividad en el llamado Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951. Las y los manifestantes llegaron procedentes de distintos lugares del país: participaron cientos de sindicatos encolumnados en la CGT, así como distintas agrupaciones políticas del peronismo. Probablemente éste haya sido el acto sindical y político más concurrido hasta aquella fecha, superando ampliamente el millón de personas. No es un dato menor que haya sido promovido y organizado por la central obrera, la cual pretendía seguir incidiendo en el plano político y en la gestión del que consideraban su gobierno.

La fórmula, sin embargo, no prosperó, pese a la insistencia de la multitud. En claro contraste con las recurrentes interpretaciones que hicieron hincapié en la pasividad y la obsecuencia de la masa obrera respecto a las figuras principales del peronismo, es llamativo ver cómo, en pleno acto, la concurrencia se permitió presionar y discutir con sus líderes, insistiendo en que fuera aprobada la propuesta de la CGT. No obstante, las resistencias fueron múltiples, tanto fuera como dentro del peronismo. Seguramente por ello, no hubo una respuesta clara aquel día.

Poco después, el 31 de agosto, Eva Duarte emitiría por radio su famoso “renunciamiento”. Se ha mencionado que la decisión estuvo relacionada a sus problemas de salud y a la fuerte presión antiperonista, pero también el hecho puede ser interpretado como una especie de reverso del 17 de octubre de 1945: una decisión para desempoderar y desmovilizar al potente movimiento obrero organizado en la CGT, perspectiva en la que confluían opositores y algunos sectores del propio peronismo. Aún no se conocen las causas últimas de aquella decisión, pero sí sabemos que la CGT fue capaz de proponer su propia fórmula presidencial e impulsarla con una manifestación pública tan contundente y particular que tensionaría todo el arco político del momento, siendo aun hoy en día recordada y analizada.

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Relaciones entre movimiento obrero y el peronismo

“Un grito que estremece, Vallese no aparece”

Secuestrado por un grupo de la Policía Bonaerense que actuaba de incógnito en la Capital Federal, el delegado metalúrgico de 22 años Felipe Vallese se convertiría en un símbolo de lucha. En la actualidad, un proyecto de ley propone declarar la fecha de su desaparición como el “Día del Militante Sindical”.

El 29 de marzo de 1962, un golpe de estado desalojó al presidente Arturo Frondizi, luego que hubiera reconocido el triunfo del peronismo en cinco provincias, entre ellas Buenos Aires, en las elecciones celebradas diez días antes. Las nuevas autoridades restauraron la proscripción de peronistas y comunistas, intensificando la represión para contener las protestas de trabajadores y trabajadoras ante el cuadro de recesión, desempleo e inflación que el plan de estabilización del ministro de economía Álvaro Alsogaray no haría más que agravar. El peronismo respondió con el llamado giro a la izquierda y las 62 Organizaciones Peronistas lanzaron el programa nacionalista y estatista de Huerta Grande. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por su parte, amenazaba con tomar fábricas para ponerlas a producir, incorporando a los desempleados del sector.

Este es el contexto en que se produce la desaparición de Vallese, capturado y torturado para intentar que delatase a su amigo de la infancia Alberto Rearte –con quien militaba en la Juventud Peronista– sospechado de asesinar a dos policías. El jefe de brigada Juan Fiorillo fue el principal acusado de su tortura y crimen, quien luego de cumplir una corta condena, ingresaría a la Triple A. Años más tarde, durante la dictadura militar que se inició el 24 de marzo de 1976, habría de ser jefe de tareas cercano al genocida Miguel Etchecolatz, siendo señalado como el secuestrador de Clara Anahí, nieta de María “Chicha” Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.

Vallese rápidamente se convirtió en un símbolo: su martirio lo transformó en una leyenda militante. Aunque en verdad es poco conocida su trayectoria, se dice que una difícil infancia lo forjó desde abajo, que era muy querido en su barrio de Caballito, que como estudiante había participado en las movilizaciones por la educación laica de 1958, que estuvo en la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre en enero de 1959, compartiendo luego la cárcel junto a los líderes de la huelga, y que como delegado era incorruptible. Se le atribuye, además, ser fundador del grupo que reorganizó la Juventud Peronista (JP) junto a Jorge Rulli, Envar El Kadri y Gustavo Rearte y haber formado parte de la acción guerrillera que en 1960 atacó un puesto de la Fuerza Aérea en Ezeiza.

La evocación de su figura se distingue por trascender rivalidades. Tras su secuestro, la UOM pidió legalmente su aparición y la CGT realizó campañas públicas con afiches confeccionados por Ricardo Carpani, bautizando con su nombre el salón principal de su sede central de la calle Azopardo. El peronismo combativo, a su vez, habría de reivindicarlo con mayor compromiso militante: la JP lo homenajeó durante los sesenta con actos y protestas violentas, y en los setenta, las direcciones de distintos gremios serían confrontadas por agrupamientos de base anti-burocráticos que llevaban su nombre. La marca indeleble que dejó su caso en las memorias militantes se hace visible en toda su magnitud en el mito más resistente que rodea su figura: el nombre de Vallese como primer militante desaparecido del país.

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La resistencia se organiza

El fracaso del congreso de la CGT,  organizado por la intervención militar y los gremios aliados a la dictadura para institucionalizar la exclusión del peronismo y el comunismo, consolida la alianza entre las expresiones de la resistencia, dando origen a las 62 Organizaciones.

A dos años del golpe que derrocó al peronismo, bajo la dictadura de Aramburu y con la CGT intervenida por un Capitán de Navío de apellido Patrón (Laplacette), se realizó el primer intento de normalización de la central. Del congreso participaron 673 delegades (3% mujeres) de 98 gremios. El mismo se desarrolló en el salón Les Ambassadeurs de Capital Federal, entre el 26 de agosto y el 5 de septiembre. En el escenario se evidenciaba el antagonismo: delegades en el centro, “barras bravas” de un lado (peronistas y comunistas) y “comandos civiles” del otro. La dictadura y sus aliados esperaban avanzar sobre la reforma del estatuto “peronista” de la CGT para, finalmente, elegir nuevas autoridades. El proceso sindical emulaba lo que sucedía por esos días en el Congreso, dónde una Convención Constituyente de escueta representatividad derogaba la Constitución de 1949, dando paso a un llamado a elecciones.

Dos años de persecución, encarcelamiento y proscripción de miles de dirigentes y obreros (sobre todo peronistas y comunistas) facilitaron que una mayoría de dirigentes afines a la dictadura se ubicaran en la conducción de los principales gremios, augurando controlar el proceso normalizador. Sin embargo, el transcurrir de los días evidenciaría la creciente influencia de una nueva generación de dirigentes, peronistas, comunistas e independientes vinculados a la resistencia y, desde febrero de aquel año, en proceso de organización en la Comisión Intersindical. Delegades de 62 gremios (entre ellos José Rucci y Agustín Tosco) tejieron una alianza táctica que permitió obtener una ajustada ventaja. La mayor parte del movimiento obrero se unía para derrotar los planes de unificación de la central ante un régimen dictatorial y represivo.

La moción que definió el escenario solicitaba crear una Comisión Verificadora de las credenciales de les representantes. Sospechosamente, los gremios “mayoritarios” habían duplicado sus afiliades durante las intervenciones. La votación se definió por siete votos (298 a 291) a favor de constituir la comisión. Ante este resultado, las delegaciones de los principales gremios aliados a la dictadura (“democráticos”), se retiraron del recinto dejándolo sin quorum y poniendo fin al congreso. 

El Congreso Normalizador se constituyó en un auténtico termómetro que midió los límites de la implacable acción de la Revolución Libertadora en pos de desperonizar el movimiento obrero, legitimando así un nuevo orden sindical que revertía las conquistas obtenidas durante décadas de lucha. La alianza táctica de las diversas corrientes, que hasta allí confluían en una inorgánica y atomizada acción de resistencia, inicia entonces un camino de mayor organización y unidad que dará paso a una nueva etapa en la lucha contra la política represiva de la dictadura.

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