Sierra Grande, del socavón al corte de ruta

En septiembre de 1991 el pueblo de Sierra Grande se movilizó para exigirle al gobierno de Menem la continuidad de HIPASAM, la mina de hierro más grande de Sudamérica, que desde su fundación se había convertido en el eje productivo y social de esa comunidad del sudeste de Río Negro.

El 21 de septiembre de 1991, el pueblo de Sierra Grande salió a las calles en apoyo a la lucha que los trabajadores de HIPASAM (Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera) y sus familias venían sosteniendo contra el cierre de una de las más importantes empresas productivas de propiedad estatal, dedicada a la extracción y comercialización de hierro. En su campaña presidencial, Carlos Menem, durante un acto en la plaza principal de la ciudad, había prometido que del socavón de la mina nacería la revolución productiva que se habría de extender por toda la Patagonia. Muy por el contrario, a principios de 1992 la clausuró por decreto como parte de su política de reestructuración del Estado y del capitalismo argentino.

La larga lucha contra el cierre de HIPASAM recurrió a formas de organización que serían retomadas en otros conflictos obreros de la Patagonia y del resto del país, y luego también, por los movimientos de trabajadores desocupados. Los cortes de la ruta 3, las sentadas estudiantiles en apoyo a los mineros, la propuesta de los trabajadores para la gestión obrera de la producción y exportación del mineral, fueron algunas estrategias de las familias mineras para sostener y visibilizar su lucha.

El rol de las mujeres fue clave: fueron ellas quienes sostenían los cortes cuando sus compañeros viajaban a Buenos Aires para mantener reuniones con el directorio de la empresa. Fueron, también, quienes motorizaron una de las medidas más emblemáticas del enfrentamiento: la huelga de hambre. Y no sólo pusieron el cuerpo durante el conflicto, sino que tras el cierre de la mina, muchas se quedaron solas en Sierra Grande criando a sus hijxs, mientras sus maridos buscaban trabajo en otras regiones. 

En cierto modo, aquella jornada de lucha se vinculaba, hacia el pasado, con las grandes huelgas de HIPASAM de 1973 y 1975, y hacia el futuro, con la conmemoración que 25 años después habrían de realizar los trabajadores mineros. Así, el 21 de septiembre de 2016, los ex obreros de la mina estatal y sus familias se movilizaron para recordar aquella gesta obrera, mientras una nueva huelga paralizaba la multinacional china que en 2006 había reactivado la producción minera.

En Sierra Grande siguen emergiendo, desde los socavones a las rutas, las luchas y la organización de un pueblo obrero que nunca se resigna, recordatorio de que donde hay lucha obrera, no hay fin de la historia.

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En nombre del hogar proletario

Tras una ola de paros parciales, en septiembre de 1917 lxs trabajadorxs ferroviarixs anunciaron una huelga general que habría de paralizar los servicios de todo el país durante casi 25 días, movilizando a las comunidades ferroviarias. Tras algunos hechos represivos, finalmente el gobierno de Yrigoyen decretó aumentos salariales y el primer reglamento general de trabajo ferroviario. 

En la primavera de 1917, La Fraternidad, -gremio de maquinistas y foguistas-, la Federación Obrera Ferrocarrilera, -representante del personal de talleres, vía y obras y tráfico-, y la Asociación Argentina de Telegrafistas, declararon la primera huelga general del sector. Todxs lxs ferroviarios sin distinción de oficios cesaron sus actividades en reclamo de incrementos salariales y mejoras para las condiciones laborales. La recesión económica desatada por la Primera Guerra Mundial había agudizado el desempleo y la carestía de productos básicos. En esos tiempos críticos, más de 70.000 trabajadorxs -según estimaciones moderadas- adhirieron al movimiento.

Tres semanas de conflicto pusieron en vilo a las autoridades tanto como a la sociedad. A casi un año del triunfo electoral de la Unión Cívica Radical, el presidente Hipólito Yrigoyen debió mediar entre los intereses antagónicos de grandes empresas -principalmente extranjeras- y los de lxs trabajadorxs, a quienes no podía desestimar por ser potenciales votantes. Las reuniones entre funcionarios del gobierno, legisladores, representantes de las compañías y dirigentes sindicales se multiplicaron, sin lograr avances sustantivos.

Una agitación incesante se vivió en los lugares de trabajo y en sus cercanías: talleres, estaciones, calles y plazas de todo el país. Entre sus protagonistas descollaron las mujeres, jóvenes, niñxs y ancianxs, cuyas demostraciones callejeras, manifestaciones en las vías, tomas de estaciones e intimidaciones a rompehuelgas, permitieron paralizar el servicio de trenes. Muchísimos varones ferroviarios, y también algunas ferroviarias sostuvieron su protesta gracias a la solidaridad material y moral de los grandes gremios, como también a la invaluable asistencia de familiares, vecinxs, allegadxs y pequeñxs comerciantes. Semejante agitación agudizó los pedidos de seguridad de las gerencias de las compañías y el gobierno desplegó las fuerzas del Ejército y la Marina, con consecuencias fatales. En distintos puntos del país se lamentaron víctimas: San Francisco de Córdoba, Rosario, Tafí Viejo en Tucumán, Remedios de Escalada en Buenos Aires, entre otros. No sorprende que entre ellas figuraran mujeres, como en Mendoza, homenajeadas por entonces con imponentes funerales y hoy repuestas en la memoria colectiva.

La huelga llegó a su fin al decretar el presidente un incremento salarial y el primer reglamento de trabajo ferroviario, a partir del cual el Estado pasó a regular las condiciones laborales de todos los ferrocarriles del país. Más allá de esas  mejoras concretas, -que no contentaron a todos por igual-, la primera huelga general ferroviaria legaba una lección indudable para la sociedad de entonces y que sería recuperada por lxs historiadorxs de hoy. Una movilización mancomunada de las comunidades ferroviarias que lograría visibilizar necesidades, legitimando los derechos de las familias trabajadoras. 

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Fábrica Sin Patrones

Cada primero de octubre, obreros y obreras conmemoran en Neuquén el inicio de la experiencia de gestión obrera más radicalizada que conoció el ciclo de luchas sociales en la Argentina de fines del siglo XX. Reconocida mundialmente, FaSinPat ha renovado el debate sobre los modos de acción y lucha del movimiento obrero, así como sobre las alternativas posibles al capitalismo.   

El 1 de octubre del 2002 lxs obrerxs de Cerámica Zanón decidieron en asamblea ocupar la fábrica y ponerla a producir. Inaugurada en Neuquén en 1979, Zanón había llegado a ser una de las mayores fábricas de pisos cerámicos y revestimientos de América Latina. Sin embargo, hacia fines del siglo XX la patronal comenzó a profundizar medidas de reducción de costos laborales: ya practicaba sistemáticamente despidos, suspensiones, e incluso amenazaba con cerrar si persistían las acciones de resistencia que lxs obrerxs habían comenzado a desplegar algunos años antes.

En efecto, durante 1998 la Lista Marrón ganó las elecciones a comisión interna, y, dos años más tarde, conquistó el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN) desplazando a la conducción burocrática que lo controlaba desde su fundación (1983) y actuaba en complicidad con la patronal. Este triunfo fue fruto de las luchas previas contra todo tipo de arbitrariedades patronales y maniobras sindicales. De allí que la Lista Marrón llevara entre sus principios la práctica de la asamblea y la acción directa. Al mismo tiempo, esta fue incorporando el vocabulario del clasismo aportado por el activismo de izquierdas presente en la nueva conducción del gremio: la revocación de mandatos, la representación de minorías, el control obrero de la producción, las invocaciones al socialismo. Todo lo cual quedó plasmado en la reforma de los estatutos del SOECN del 2005, que declaró explícitamente que la lucha debía orientarse hacia “una sociedad sin explotadores ni explotados”.

Inscripta en aquel ciclo de luchas coronado por la rebelión popular de diciembre de 2001, Zanón es sinónimo de cortes de ruta, piquetes, ollas populares, alianzas con otros sectores en lucha, solidaridad entre ocupados y desocupados, e incluso participación en la contienda electoral, tal como sucedió en 2011 cuando ingresaron a la legislatura neuquina los primeros diputados ceramistas mediante la alianza entre la Lista Marrón y el Frente de Izquierda. Al mismo tiempo, implicó prácticas como la donación de material a escuelas, hospitales y tomas de tierras, la solidaridad con comunidades mapuche y hasta la puesta en funcionamiento de una escuela en su interior.

Aquella asamblea que decidió el avance en la gestión fabril, resolvió también modificar el nombre: así, Zanón pasó a denominarse FaSinPat, fábrica sin patrones. Atravesando crisis económicas y tensiones internas, expropiada finalmente en el año 2009, la riqueza de esta experiencia es tal que continúa viva, generando debates en el movimiento obrero y el activismo. FaSinPat es uno de los frutos más perdurables del gran auge de luchas que recorrió la Argentina en el cambio de siglo y una invitación a la revitalización del ideario de las izquierdas en base a las tradiciones de lucha de la clase obrera. 

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Recomendaciones bibliográficas

“YA SE TERMINÓ EL TIEMPO DE LOS ESCLAVOS”

Un conflicto que causó un incómodo silencio de radio, la ausencia en las calles del diario “La Nueva Provincia” y una eterna placa de ajuste en Canal 9 Telenueva de Bahía Blanca. Mientras, la patronal advertía a las fuerzas militares que dejar a la ciudad sin información era un acto subversivo.

El 4 de octubre de 1975 comenzaba “la gran huelga” o “la intersindical”, como  quedó grabada en la memoria de lxs trabajadorxs que dejaran en silencio al multimedio de la familia Massot durante cuatro días. Un paro que hubo de reunir a empleadxs de radio LU2 Bahía Blanca, Canal 9 Telenueva y el diario “La Nueva Provincia”: gráficxs, periodistas, locutorxs, trabajadorxs de televisión y el espectáculo público del Sindicato de Artes Gráficas (SAG), el Sindicato de Prensa, la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), la Asociación Argentina de Radiotelegrafistas, Telegrafistas y Afines, la Rama Radiodifusión (AATRA), el Sindicato de Televisión (SAT) y el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP).

La lucha se había ido gestando entre 1973 y 1974 en demanda de aumentos en plena política de Pacto Social y congelamientos salariales del tercer gobierno peronista. En 1975 y por primera vez, los gremios articularon las medidas de fuerza por el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, que pese a estar ya homologados, la patronal no respetaba. “Ya se terminó el tiempo de los esclavos, nos basurean todos los días y nosotros seguimos con los brazos cruzados”, arengaba a sus compañeros gráficos Enrique Heinrich, secretario general del SAG, mientras denunciaba la vigilancia y el amedrentamiento cotidiano de la patronal, que registraba los nombres de quienes participaban de los quites de colaboración y paros por sección. Los meses álgidos de conflicto fueron agosto, septiembre y octubre, cuando lxs trabajadorxs debieron enfrentar suspensiones, un lock out patronal y denuncias públicas que los calificaban como “soviet” y partícipes de una “guerrilla sindical”.

La resolución del largo conflicto fue favorable a lxs trabajadorxs. La empresa fue intimada por el Ministerio de Trabajo y tuvo que ajustarse a derecho.

Luego del golpe de Estado de marzo de 1976 muchos de lxs trabajadorxs del multimedio fueron despedidos, jubilados, forzados al exilio, o secuestrados y asesinados, como en los casos de los gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Las vidas y militancias de ambos suelen rememorarse en las fechas de sus secuestros o del hallazgo de sus cuerpos sin vida. Esta efeméride, en cambio, quiere recordarlos en lo más vivo de sus furias, esas furias que generadas por las injusticias, empujan a la acción. Finalmente, pretendemos recordar aquellos días de octubre, cuando coordinando la lucha con sus compañerxs, decidieron que para ellxs ya había terminado el tiempo de los esclavos.

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“Con la lucha popular a los presos liberar”

La razia militar con que la dictadura de Lanusse atacó al movimiento de solidaridad hacia los presos políticos en la región interpeló a miles de personas que, organizadas en torno a la Asamblea del Pueblo, se movilizaron para exigir la liberación de los detenidos.

La madrugada del 11 de octubre de 1972 -a 50 días de la Masacre de Trelew dónde fueron fusilados 19 militantes revolucionarios que se habían fugado del Penal U6 de Rawson- las Fuerzas Armadas desplegaron una nueva instancia de su plan represivo en el noreste de Chubut. Al terror inoculado en agosto, ahora se sumaba el ataque a los sectores de la sociedad civil que venían denunciando la política represiva y la violación de los Derechos Humanos que, desde 1966, ejecutaba la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina.

El Operativo Vigilante –tal como lo denominaron las fuerzas represivas- realizó cientos de allanamientos en Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Puerto Pirámides. El bloqueo de rutas, los soldados apostados y los vehículos militares que patrullaban las calles de Trelew, generaron un clima de incertidumbre y tensión, dando el aspecto de una ciudad “tomada”. Como resultado de la redada represiva, 16 personas –igual número de víctimas fatales que el 22 de agosto- fueron secuestradas y trasladadas al Penal de Villa Devoto. La mayoría de ellas participaba de las Comisiones de Solidaridad, brindando apoyo moral y material a los presos políticos en Rawson.

Hacia el mediodía de aquel 11 de octubre, un grupo de trabajadores, estudiantes y militantes políticos ocuparon el Teatro Español de la ciudad e invitaron a la población de la zona a participar de una asamblea popular. Las calles de Trelew comenzaron a colmarse de manifestantes y por la tarde empezó a sesionar en el teatro la Asamblea del Pueblo. Se decidió mantener un estado de movilización y asamblea permanente que duró casi dos semanas, llegando a movilizar a unas 6000 personas (un 20% de la población); también se organizaron tres huelgas generales y se exhortó a la renuncia del interventor provincial. El impacto de las movilizaciones, la contundencia de los paros generales y la presión ejercida contra el gobernador militar tuvieron un resultado positivo: cinco días más tarde comenzaron las primeras liberaciones, arribando el 26 de octubre a la ciudad los dos últimos detenidos. Sin embargo, la lucha no cesaría hasta que también hubo de ser liberado –el 13 de noviembre- el abogado Mario Abel Amaya, quien se encontraba preso desde el 18 de agosto.

El Trelewazo fue parte del ciclo de rebeliones obreras y populares que derrotó a la dictadura de la Revolución Argentina. La insurrección fue exitosa: rescató a esos presos políticos de la dictadura. Al día de hoy, la memoria de esa experiencia histórica nos sigue señalando el lugar decisivo que en los procesos sociales ocupa la lucha de calles y la participación obrera y popular. Por sobre todo, nos recuerda lo determinante que resulta la acción del proletariado y sus métodos de organización y lucha. Su presencia en las calles forjaría una situación de masas que revirtió la correlación de fuerzas con la dictadura: sin el Pueblo no hubiese habido insurrección.

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Recomendaciones bibliográficas

“La experiencia más importante que arrancamos desde las bases: un paro contra la dictadura”

Lxs trabajadorxs de la fábrica siderúrgica Dálmine-Siderca protagonizaron una histórica huelga de una semana de duración contra la dictadura instaurada en 1976 y la empresa monopólica del Grupo Techint, enfrentando la avanzada sobre sus derechos y un contexto de represión extrema.  

El 22 de octubre de 1979, el diario Clarín titulaba “Una ola de conflictos”, mientras los partes oficiales del Ministerio de Trabajo daban cuenta de lxs casi 10.000 trabajadorxs fabriles que protagonizaban huelgas, generando un verdadero “clima de agitación salarial” en el país. Desde los extendidos conflictos de fines de 1977 y la Jornada Nacional de Protesta del 27 de abril de 1979, primera huelga general declarada contra la dictadura encabezada por Videla, el ciclo de lucha obrera contra el régimen se fortalecía.

Dos días antes de la referida noticia, una de las fábricas siderúrgicas más importantes del país, perteneciente al grupo Techint y ubicada en Campana, había sido paralizada por sus más de 6.000 trabajadorxs. La fábrica venía de finalizar recientemente la mayor ampliación tecnológica de su historia y la gerencia avanzaba desde 1976 sobre derechos y condiciones laborales: la eliminación del régimen de insalubridad para la acería, conquistado por lxs trabajadorxs en 1974, había sido el punto cúlmine. La caída del “costo laboral” casi al 50% en pocos años, el aumento de un 100% en la cantidad de toneladas producidas por obrerx y el pico histórico en la capacidad de exportación de tubos sin costura eran la otra cara del empeoramiento de las condiciones laborales y la brutal persecución de la que eran objeto trabajadorxs, delegadxs y activistas político-sindicales en la planta por las fuerzas armadas y la empresa. 

En aquel contexto abiertamente regresivo, lxs trabajadorxs tomaron el espacio laboral a raíz de un reclamo salarial. El conflicto se inició con reuniones a escondidas y por sector, motorizadas por activistas ubicados en puestos estratégicos de la cadena productiva. Mientras el Ministerio de Trabajo, la dirección empresarial y la conducción sindical (alineada con la intervención militar de la UOM) presionaban para reestablecer la producción, lxs trabajadorxs decidieron realizar una asamblea general en “el campito”, frente a las oficinas de relaciones laborales de la empresa. Aunque las fuerzas del ejército, apostadas dentro del predio, amenazaban a los oradores obrerxs, no pudieron impedir el voto mayoritario para que la medida continúe. Uno de los activistas y referentes en la planta arengó a lxs demás al grito de “compañeros, ¡acá mandamos los de ropa azul!”. 

Finalmente, tras casi una semana de huelga y cuatro años de retrocesos en las condiciones laborales, lxs siderúrgicxs lograron un aumento salarial superior al ofrecido por la empresa y, con esa victoria, dieron el puntapié inicial para un proceso de renovación del cuerpo de delegadxs y las comisiones internas intervenidas por la dictadura y la empresa, que culminaría a principios de los años ochenta.

La toma de Dálmine-Siderca y la victoria obrera dieron cuenta de que, aún en las peores condiciones, con una fábrica militarizada y con casi un centenar de trabajadorxs perseguidxs, detenidxs, exiliados y/o desaparecidxs, existió lugar para la valentía y la lucha contra los verdugos. Rescatar aquellos mojones de resistencia resulta primordial en un contexto de renovado asedio contra la memoria de nuestras luchas y contra los anhelos de una sociedad sin opresiones ni explotación.

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Clases públicas para “Educar al Ministro”

Movilizaciones y clases públicas de científicxs, docentes, investigadorxs y trabajadorxs lograron detener los proyectos de privatización del sector científico y tecnológico impulsados por Cavallo y Menem durante la década del 90.

El 25 de octubre de 1994, científicxs, investigadorxs, docentes universitarixs, técnicxs y trabajadorxs del sistema nacional de ciencia y tecnología se congregaron en la Plaza de Mayo para defender al sector de los proyectos privatistas del gobierno de Carlos Saúl Menem. Se habían movilizado en una nueva “Marcha en Defensa de la Ciencia y la Tecnología”, pero esta vez, dándole la espalda a la Casa Rosada, organizaron un conjunto de clases públicas sobre ciencia, tecnología y desarrollo humano con el objetivo de “educar” al ministro de economía, Domingo Cavallo, sobre la importancia del área para el desarrollo socio-económico del país. Ese mismo ministro, en una actitud altanera y machista, un mes atrás había desestimado los datos del aumento de la desocupación presentados por la socióloga y demógrafa Susana Torrado, mandándola “a lavar los platos”.

El conflicto no era sólo presupuestario, respondía también al proyecto del gobierno justicialista de desmembrar y privatizar la Comisión Nacional de Energía Atómica, institución central del sistema científico y tecnológico nacional. A través de un decreto, y por recomendación del Banco Mundial, se había creado la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., nueva propietaria de los reactores nucleares de potencia (Atucha I, Embalse y Atucha II), “sujeta a privatización total”. El proyecto se insertaba, así, en una política más amplia de privatización de todo el sector eléctrico, que incluía también a empresas como SEGBA y a las represas hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande.

Esta iniciativa generó rechazos desde diversos sectores políticos y sindicales, que expresaron su preocupación por la política de vaciamiento y mercantilización del sistema científico y tecnológico nacional. En esta línea se pronunciaron, por ejemplo, Raúl Alfonsín, Alfredo Bravo, Graciela Fernández Meijide, Fernando “Pino” Solanas y Fernando de la Rúa, como así también los referentes de ATE Víctor De Gennaro y Carlos Girotti, entre otros. A la “clase pública” de octubre de 1994 se sumaron como oradorxs, además, el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la historiadora Hilda Sábato y el matemático Gregorio Klimovsky. Les escuchaban distintas personalidades de la política y la cultura, que ayudaron a dar publicidad a la lucha y la recolección de firmas para forzar un debate parlamentario del proyecto de Cavallo.

Aunque este debate nunca llegaría a realizarse, las intervenciones de estxs intelectuales y la movilización de lxs trabajadorxs y de la ciudadanía en general, que continuaría durante los años siguientes, fueron esenciales para poner un freno al proceso privatizador en el sector científico.

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42 días de resistencia a la privatización

La huelga por tiempo indeterminado declarada por los gremios del riel se constituyó en una de las luchas más memorables de la rica historia ferroviaria, marcando un hito en la resistencia al plan racionalizador y privatizador que imponía el desarrollismo frondizista.

Presionados por las seccionales que ya estaban en huelga, el 30 de octubre de 1961, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria declararon el paro por tiempo indeterminado. La medida era resultado de un recambio ministerial que había impreso nueva fuerza a la política de reducción y racionalización del Estado. Esta política era pregonada desde hacía tres años por el Gobierno de Arturo Frondizi, quien seguía las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en busca de una solución al desorden de las cuentas públicas y la inflación.

En mayo de ese año, el empresario metalúrgico Arturo Acevedo asumió como Ministro de Obras y Servicios Públicos. Se elaboraría entonces un plan de reordenamiento ferroviario que habría de dejar sin efecto las negociaciones previas entre los gremios y el gobierno para buscar una solución consensuada a los problemas del transporte. Como resultado, mediante una batería de decretos y un discurso en radio y TV, Frondizi declaraba oficialmente “La batalla del transporte”. El objetivo era reducir en un 25% el sistema ferroviario, despedir 70.000 agentes, cerrar quince talleres, privatizar otros trece y los servicios asociados (confiterías, imprentas, canteras, kioscos, vagones comedores, etc.).

Para quebrar la huelga, el gobierno tipificó la situación como “emergencia grave para la nación”, montando para ello un dispositivo represivo a cargo de la Policía Federal, la cual, asistida por las Fuerzas Armadas, ocupó instalaciones para “prevenir actos terroristas”. Se ordenó así la requisa de personal de todo el sistema de transportes del país (incluidos tranvías y colectivos), habilitando persecuciones y allanamientos en los hogares ferroviarios y, en ocasiones, detenciones de familiares. Muchos trabajadores tuvieron que esconderse, mientras sus familias sin ingresos subsistían a lo largo de la huelga gracias a la ayuda de comerciantes y vecinos. Frente al aumento de la represión y la violencia mediática, iría creciendo la radicalidad en la protesta, produciéndose sabotajes a los trenes conducidos por rompehuelgas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En Laguna Paiva (Santa Fe), familiares encabezaron un piquete en las vías, incendiaron una formación y desataron la toma de los talleres, generando así la huida de cincuenta policías. En las semanas posteriores, hechos similares se sucederían por todo el país.

Finalmente, mientras Frondizi y Acevedo buscaban financiamiento fuera del país, la huelga se levantó con mediación de la Iglesia. Los sindicatos presentaron el aumento salarial y la liberación de los detenidos como una victoria, pero en las comunidades ferroviarias la sensación fue otra. La falta de precisiones sobre lo acordado y la baja de 48.000 ferroviarios generaron desconfianza hacia las dirigencias y cierta sensación de derrota.

La gran huelga ferroviaria marcó un antes y un después en la historia del ferrocarril y sus pueblos. La resistencia de 42 días, organizada y solidaria, en defensa de la empresa estatal más grande del país, y contra la represión, la violencia mediática y los intereses extranjeros, deja una huella imborrable que perdura en la memoria de los protagonistas y se constituye en un legado ineludible para las nuevas generaciones, frente el resurgimiento de discursos privatizadores de los sistemas de transporte aéreo y terrestre.  

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Recomendaciones bibliográficas

«Una ley infame de expulsión contra los trabajadores extranjeros conscientes»

La Ley 4.144 fue la respuesta estatal inmediata de la burguesía argentina al incremento de la conflictividad social en los albores del siglo XX, mientras planificaba otras, más sofisticadas, para integrar en el sistema político a una clase trabajadora con fuerte presencia de inmigrantes.

Durante las últimas dos décadas del siglo XIX, la clase trabajadora argentina aceleró su organización gremial y política bajo el liderazgo de anarquistas y socialistas. Sin embargo, los gobiernos tendieron a soslayar este proceso, ya que en un comienzo, no afectó de manera directa a los intereses vitales de la economía agroexportadora. 

Al acercarse el siglo XX, sin embargo, el deterioro de la situación económica habría de cambiar el escenario: las protestas obreras alcanzaron a los sectores estratégicos de la estructura económica, afectando el proceso productivo y las ganancias capitalistas. Huelgas en los puertos de Buenos Aires y Rosario, medidas de fuerza de foguistas y marineros, paralización de actividades en la la Boca y el Riachuelo, paros de cocheros… Las luchas obreras abarcaban, además, distintas localidades del país: ejemplos fueron los virulentos conflictos de los ferroviarios de Bahía Blanca y de los obreros de la refinería de maíz en Rosario.

En el último tercio del año 1902 la confrontación social alcanzó su punto máximo: se sumaron los peones del Mercado de Frutos, los estibadores portuarios y la Federación del Rodado. Frente a la progresiva insubordinación obrera, una comitiva empresarial acudió al Senado, exigiendo que se sancionase el proyecto de ley presentado por Miguel Cané en 1899 que permitía la expulsión del país de lxs activistas extranjerxs que perturbaran el orden público. El Poder Ejecutivo, por su parte, movilizó tropas al Mercado de Frutos y sus alrededores.

Ante la inminente aprobación y la militarización creciente, en la madrugada del 22 de noviembre, la Federación Obrera Argentina (FOA) declaraba la huelga general contra “esa ley infame”. En respuesta, el gobierno aceleró la convocatoria del Senado para tratar la expulsión de extranjerxs. En menos de cuatro horas el proyecto iba a ser aprobado por ambas cámaras. Esa misma noche, sería también refrendado por el presidente Julio Argentino Roca, siendo promulgado el 23 de noviembre de 1902. Lxs condenadxs tendrían 72 horas para abandonar el país, sin derecho a la defensa.

La Ley de Residencia, derogada recién en 1958, repuesta nuevamente durante las dos últimas dictaduras militares, y suprimida al fin con el retorno del régimen democrático en 1984, es una expresión del tradicional descreimiento de las clases dominantes en las capacidades de autoorganización consciente de lxs explotadxs. Para lxs poderosxs, las protestas obreras son siempre productos artificiales provocados por núcleos reducidos de agitadorxs profesionales. Se resisten a reconocer que son las propias injusticias sociales las que motorizan los enfrentamientos de clases. Hoy como ayer, quieren a lxs trabajadorxs que callan y odian a aquellxs que se organizan, adquieren consciencia y luchan.

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Recomendaciones bibliográficas

Ford, nunca más

La histórica condena a un militar y dos funcionarios de la empresa Ford abrió un importante camino en la justicia que evidenció la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

La Causa N° 2855 caratulada “Müller, Pedro y otros s/privación ilegal de la libertad” inició su instrucción en 2002 y llegó a la sentencia en 2018. En ella se condenó con penas de entre 10 a 15 años de prisión a Santiago Omar Riveros, responsable militar de la jurisdicción en la que se encontraba la planta de Ford en 1976, Pedro Müller, gerente de Manufactura, y a Héctor Sibilla, militar retirado y Jefe de seguridad de la fábrica.

Se trató ésta de una condena histórica y de gran significación para lxs trabajadorxs argentinxs, ya que fue la primera condena a empresarios por delitos de lesa humanidad. No sólo por la entrega de la lista de los trabajadores a los militares en hojas con el logotipo de Ford, o porque algunos de los represaliados fueron detenidos en sus lugares de trabajo y conducidos en vehículos de la empresa hacia lugares donde quedaron detenidos, siendo en ocasiones torturados, sino porque, además, estos funcionarios participaron de las sesiones de tormentos. Con esta sentencia se visibiliza también que el plan sistemático de la dictadura respondía a las necesidades del capital de las grandes empresas como Ford, que necesitaban ajustar los costes de producción en un contexto de crisis del modelo de industrialización. Ford se benefició de los acuerdos con el Estado para venderle móviles policiales (y parapoliciales), con lo que aumentaría su productividad durante los años de la dictadura. Para ello también fue necesario el ajuste en el salario, en los derechos laborales y en la organización de base de lxs trabajadorxs, justificando su represión al etiquetarlos como “subversivos” y “terroristas”.

Fue una sentencia histórica porque se hizo justicia para lxs trabajadores de Ford, evidenciando la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado. Sin embargo, lo sucedido aquí no fue un hecho aislado, ya que existen investigaciones que demuestran la existencia de situaciones similares en más de una veintena de lugares en los que aún se esperan reparaciones históricas.

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El primer diciembre que transformó el país

En la oscuridad de la noche neoliberal, las fogatas del Santiagueñazo iluminaron el horizonte: resistir era posible.

Tras la “exitosa” puesta en marcha de la convertibilidad del presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Cavallo, el proyecto neoliberal avanzaba en Argentina con escasas resistencias. Las privatizaciones se sucedían y los paquetes de ajuste se profundizaban, haciendo que millones de personas cayeran en la pobreza y la desocupación. Su hegemonía era potente: el impacto del terror de estado, impuesto por la dictadura, y del terror de mercado, impulsado por la hiperinflación, hacía difícil pensar en otros caminos. El marco internacional no ayudaba: el derrumbe de la URSS en 1991 parecía confirmar que no había alternativas.

Parecía que sólo quedaba tratar de salvarse solo, ser un “ganador” mientras el resto caía barranca abajo. Sin embargo algo cambió: en uno de esos territorios donde muchxs creen que “no pasa nada”, pasó de todo. En el Santiago del Estero de la supuesta eterna “siesta”, el pueblo se despertó y transformó la historia.

El 10 de diciembre tomaron fuerza los reclamos en la empobrecida provincia de Santiago del Estero, contra el ajuste provincial que impulsaba el gobernador Fernando Lobo en línea con el gobierno nacional. Esas movilizaciones fueron el preámbulo del 16 de diciembre: allí la movilización obrera y popular ocupó la ciudad de Santiago, incendiando la Casa de Gobierno, el Poder Judicial, la Legislatura y el Archivo Provincial. También atacaron casas de conocidos funcionarios y quemaron vehículos oficiales: los enfrentamientos fueron durísimos, con al menos cuatro muertos y centenares de heridos.

El hecho fue calificado como un “estallido social contra el ajuste”. Desde el Vaticano, mientras era nombrado conde de la nobleza vaticana, Menem anunció la intervención provincial. El 17 se mantuvo la lucha en Santiago y se extendió a su ciudad lindante, La Banda, derrotando a la policía y resistiendo el avance de la gendarmería. El gobierno nacional tuvo que retroceder en el ajuste y lanzar un programa de “trabajo temporal”.

Este hecho marcó una ruptura: el avance del proyecto neoliberal empezaba a encontrar más resistencia. Desde allí la lucha iría en alza: a nivel latinoamericano, a los pocos días, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpió con su levantamiento. En Argentina le siguieron Tierra del Fuego en la Semana Santa de 1995, Cutral Có y Plaza Huincul en 1996, y tantas otras luchas que acumularían experiencias hacia el diciembre de 2001. El santiagueñazo prendió la mecha de esa rebelión.

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La normalización de los sindicatos después de la dictadura

La disputa por una normativa que regulara las elecciones en sindicatos intervenidos, con comisiones transitorias o mandatos prorrogados, abrió la discusión sobre la democracia sindical, y también sobre el papel de los sindicatos en el nuevo régimen político. 

A la semana de asumir el poder, el gobierno de Raúl Alfonsín confrontó al sindicalismo opositor mediante una ley que buscaba reorganizar las conducciones gremiales. Según el diagnóstico del alfonsinismo, tras su triunfo electoral los componentes autoritarios del peronismo comenzarían a retroceder. El gobierno la concebía como una victoria de la democracia frente al autoritarismo, que debía replicarse en los sindicatos que continuaban en situaciones irregulares luego de la dictadura.

Aunque el alfonsinismo no esperaba el reemplazo masivo de las conducciones peronistas, creía que un proceso de normalización tutelado podía abrirle a los grupos opositores los espacios obturados por el control autoritario que ejercían las conducciones gremiales sobre las elecciones. Con este objetivo, el 17 de diciembre de 1983 el entonces Ministro de Trabajo Antonio Mucci presentó un proyecto de ley que, entre otras cuestiones, facilitaba los requisitos formales para presentar listas y candidaturas, impedía la reelección indefinida y otorgaba representación a la minoría. 

El centro del proyecto, sin embargo, residía en quién ejercería el control de las elecciones normalizadoras. El gobierno esperaba que lo hicieran la Justicia Nacional Electoral junto a los interventores que designara el Ministerio de Trabajo. Contradecía así los principios del Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza el derecho sindical de establecer libremente a sus representantes, sin interferencia de las autoridades.

Además, en los planes del gobierno, a la normalización debía seguirle la modificación del papel de los sindicatos en la vida política nacional. Se pretendía derogar las leyes laborales de la dictadura (entre otras, la ley de Asociaciones Profesionales, la suspensión de la negociación colectiva, y la intervención de obras sociales), pero sin volver al modelo sindical desarrollado desde los años cuarenta, para evitar la negociación colectiva centralizada por rama de actividad y el control sindical de las obras sociales. Reformas que difícilmente podrían negociarse sin el apoyo de dirigentes sindicales afines.

La mayoría de las conducciones sindicales decidieron la reunificación de la CGT – dividida desde la dictadura-, para movilizarse contra la aprobación del proyecto. En cambio, los sectores sindicales que se movilizaron en su apoyo eran minoritarios (radicales, algunos sectores de izquierda y peronistas enfrentados con las conducciones tradicionales). Finalmente, el proyecto sería rechazado en el senado por dos votos, y el gobierno tuvo que negociar una nueva ley de normalización, con un sindicalismo peronista unificado, fortalecido y relegitimado por la victoria.

El fracaso de la “Ley Mucci” mostró tempranamente la lógica a la que se enfrentaría el alfonsinismo en sus intentos de  reformar el papel del sindicalismo en el régimen político: una relación de fuerzas fluida, pero muy difícil de quebrar, dada la capacidad de presión defensiva del movimiento obrero sindicalizado.

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Recomendaciones bibliográficas

“Que se vayan Todos”

El protagonismo obrero y popular destrozando el espejismo neoliberal en las calles.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 una insurrección obrera y popular atravesó el país. Miles de jóvenes trabajadorxs enfrentaron a las fuerzas represivas en cada pueblo o ciudad, hasta conquistar la caída del presidente Fernando De la Rúa y el ministro de economía Domingo Cavallo.

En esa batalla se destruyó el espejismo neoliberal, que ocultaba tras sus mentiras el cruel aumento de la pobreza, la desocupación, la pérdida de derechos y el incremento del hambre de nuestro pueblo. La insurrección sintetizó todas las formas de lucha que la clase obrera había desarrollado durante los años noventa: cortes de rutas, movilizaciones, huelgas, enfrentamientos, saqueos, asambleas, insurrecciones, y tantos otros instrumentos fueron utilizados para motorizar la rebelión. Sin embargo, muchas interpretaciones ponen el eje en que fue una rebelión únicamente de la “clase media” (sin destacar, en todo caso, la momentánea unidad de los sectores populares, expresada en la consigna “piquete y cacerolas, la lucha es una sola”). Otras voces hablan de esos días comparándolos con “un infierno” o los asimilaron a una interna “palaciega”, invisibilizando la lucha callejera.

Este hecho se forjó en dos convocatorias de la clase obrera. Por un lado, las tres semanas de cortes de ruta desarrolladas por el movimiento piquetero, durante julio y agosto del 2001. Por otro lado, y más directamente implicada en la insurrección, se destaca la huelga general convocada por las centrales sindicales el 13 de diciembre: desde ese día, la rebelión fue creciendo, hasta sintetizar en el gran hito del 19 y 20 de diciembre.

El día 19 los saqueos se masificaron, produciéndose enfrentamientos con las fuerzas represivas en todo el país. Por la noche, De la Rúa declaró el estado de sitio durante treinta días, intentando sostenerse en base a la violencia estatal. En ese momento comenzó la insurrección: cientos de miles marcharon a las plazas de cada ciudad al grito de “que se vayan todos”.

En la Plaza de Mayo la lucha callejera se extendió durante la noche y el día posterior. Fue una batalla de la fuerza popular contra las fuerzas represivas que atacaron con balas de plomo, gases y demás armas de combate, contra las piedras y palos del pueblo. Finalmente, De la Rúa renunció a las 19.56 del 20 de diciembre, escapando desde el techo de la Casa Rosada en el helicóptero presidencial. Se trata, sin dudas, de un hito en el ciclo de luchas obreras y populares de Argentina.

En esas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, nuestro pueblo derrotó la hegemonía neoliberal. Durante esos enfrentamientos, miles nacieron a la vida política y vieron transformada su subjetividad. En este recordatorio buscamos recuperar su potencial: consolidar la organización obrera, desarrollar la conciencia popular y construir las herramientas que necesitamos para realizar sus demandas históricas.

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La unión del movimiento obrero y el ambientalismo para decirle NO a la megaminería

Entre el 15 y el 21 de diciembre de 2021, Chubut vivió el más grande proceso de movilización de su historia. En ciudades, pueblos y parajes, decenas de miles marcharon contra la ley que habilitaba la explotación megaminera. Gran parte del movimiento obrero confluyó con la movilización ambiental, siendo un factor clave para la victoria final.

Desde hace más de veinte años, el debate sobre la instalación de proyectos megamineros en Chubut se transformó en un eje clave de la confrontación política y social. La propaganda que legitimó estas propuestas siempre había sido la supuesta cantidad de puestos de trabajo bien remunerado que generaría, procurando así ganar a sectores del movimiento obrero en su apoyo y en confrontación con las asambleas ambientalistas.

Sin embargo, la oposición de pueblos originarios, militantes, sindicatos y asambleas, ha impedido que estos proyectos se desarrollen, especialmente por sus efectos contaminantes en los escasos cursos de agua de la provincia. En marzo de 2003, un plebiscito en Esquel arrojó un resultado de 81% en contra de la minería, conquistando luego una ley que impide la minería metalífera a cielo abierto en Chubut. Era el resultado de un amplio y transversal movimiento social que se expresó bajo la consigna del “No a la Mina”, pero que sintetizaba muchos años de conciencia y luchas ambientalistas en Patagonia. Un hito previo en esa conciencia ambiental, fue marcado por el movimiento contra la instalación de un basurero nuclear en la meseta central de Chubut durante 1996.

El 15 de diciembre de 2021, por la noche y sin debate previo, la Legislatura provincial derogó la legislación antiminera. Inmediatamente, comenzaron las enormes movilizaciones populares, al tiempo que el gobierno provincial de Mariano Arcioni reprimía brutalmente, con decenas de manifestantes lesionados y encarcelados.

La acción policial adquirió ribetes de cacería y el pueblo redobló su lucha: a las asambleas ambientales se sumaron los pueblos originarios, las barriadas populares, hinchadas de fútbol y una parte del movimiento obrero, en especial, los estatales y el poderoso sector pesquero. Las movilizaciones cotidianas reunían a decenas de miles, generando álgidos hechos de conflictividad, que incluyeron el incendio de la casa de gobierno, otras sedes del estado provincial y edificios de empresas privadas. El inicio de la huelga total en el sector pesquero y los cortes de rutas estratégicas en toda la provincia fueron puntos de quiebre en el conflicto.

Durante octubre de 1990, lxs trabajadores y trabajadoras de Chubut se movilizaron masivamente contra las reformas neoliberales de entonces, en un proceso que fue conocido como el “Chubutazo”. En 2021, tras seis días de marchas, cortes y enfrentamientos, el pueblo de la provincia construyó un nuevo y victorioso Chubutazo: la ley prominera fue derogada el 21 de diciembre. La confluencia del movimiento obrero con las reivindicaciones ambientales dio un nuevo y triunfal paso, con enseñanzas claves para pensar las luchas que se auguran en nuestro futuro cercano.

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Recomendaciones bibliográficas

Un hito olvidado

En un momento ascendente de la lucha de la clase obrera, ésta protagonizó en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores un hecho que, por su envergadura, los diarios de la época compararon con la llamada Semana Trágica. 

Desde el estallido de la crisis mundial de 1929 y el golpe de estado que al año siguiente inauguró la Década Infame, la clase obrera venía sufriendo una fuerte ofensiva, con desocupación, sobreexplotación, persecución y exclusión política. La Confederación General del Trabajo (CGT)fundada en 1930, cinco años después estaba dividida. En ese proceso, la huelga general de enero de 1936 constituyó un hito fundamental para el movimiento obrero en Argentina.

La huelga general fue declarada por el Comité de Defensa y Solidaridad con los Obreros de la Construcción, quienes estaban en huelga desde octubre del año anterior. Lo constituían 68 organizaciones sindicales de asalariados/as de la industria y el comercio y algunas organizaciones gremiales de pequeños patrones.

Las medidas de fuerza comenzaron el 7 de enero a las 6 de la mañana con el paro del transporte, concentraciones, manifestaciones y marchas programadas desde los bordes de la ciudad, con muchos adherentes que iban llegando desde localidades vecinas a la Capital. Rápidamente la situación se convirtió en una batalla campal, con fuertes enfrentamientos callejeros.

Piquetes de huelguistas y habitantes de los barrios –mujeres, muchachos, niños y hombres, e incluso integrantes de las capas pauperizadas del proletariado– recorrieron la ciudad invitando a parar, atacando ómnibus y tranvías e incendiando estaciones ferroviarias. Las masas movilizadas protagonizaron choques callejeros con la policía, que debió replegarse y atrincherarse en el Centro de Buenos Aires, junto a tropas del Ejército y la Marina, mientras gran parte de la ciudad quedaba en manos de los manifestantes. Los choques armados dejaron como resultado alrededor de 10 manifestantes y 4 policías muertos, cientos de detenciones y 81 medios de transporte destruidos.

A partir del mediodía se produjo el contraataque: fuerzas del Escuadrón de Seguridad y agentes ciclistas y motociclistas patrullaron las calles de Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Urquiza, el Ejército ocupó el Departamento Central de Policía, camiones blindados de la municipalidad y de bancos privados fueron puestos a disposición de la policía, mientras civiles armados tiroteaban a grupos de manifestantes. Por la tarde, un nuevo choque con las fuerzas policiales impediría la realización del acto central en Plaza Once. En esas condiciones, el Comité habría de declararla continuidad de la huelga general por 24 horas más, reclamando la libertad de los presos.

La huelga recibió declaraciones de solidaridad de la CGT Independencia y la CGT Catamarca, aunque éstas no adhirieron ni participaron de la convocatoria. Sin embargo, la envergadura y drasticidad de la huelga habría de potenciarla fuerza del movimiento obrero organizado, que pudo convertirse en convocante de partidos políticos opositores al gobierno de la Concordancia para formar un frente democrático y antigubernamental.

En un aspecto, esta huelga nos remite al proceso de constitución de los obreros de la construcción como fracción social. Pero lo más significativo fue que con ella la lucha devino política, activando a la clase como conjunto y mostrando un momento del pasaje de la lucha económica por intereses inmediatos de los obreros de la construcción, y de la clase obrera en general, a su lucha política por insertarse en el sistema institucional en las mejores condiciones posibles, pugnando por el reconocimiento legal de sus organizaciones sindicales y políticas.

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Recomendaciones bibliográficas

El hito obrero de la resistencia peronista

Hito de las movilizaciones obreras de 1959, la huelga y ocupación del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre constituye un símbolo de la resistencia peronista y la lucha obrera en defensa de la soberanía nacional.

Algunas veces, en la historia de la clase obrera las derrotas se convierten en símbolos. Tal fue el caso de la huelga y toma del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre. Ubicado en el barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires, el frigorífico que se había fundado como una empresa municipal, fue nacionalizado por el gobierno peronista con el objetivo de fijar el precio testigo de las carnes.

De acuerdo a los postulados desarrollistas y para facilitar la influencia de los frigoríficos norteamericanos, el presidente Arturo Frondizi presentó el 13 de enero de 1959 un proyecto de reforma de la Ley de Carnes. Entre muchas desregulaciones, la ley planteaba el traspaso del establecimiento a la Corporación Argentina de Productores (CAP), con el objetivo de “modernizar” la producción. La CAP, controlada por los productores ganaderos y subsidiada por el estado, se había asociado a capitales ingleses para gestionar el frigorífico.

Los trabajadorxs marcharon al Congreso para denunciar la privatización. Al día siguiente, con la ley ya aprobada, nueve mil obrerxs reunidos en asamblea votaron unánimemente la toma del establecimiento; dirigidos por Sebastián Borro, consiguieron el masivo apoyo del barrio y de sus fábricas. El movimiento de solidaridad ya se había extendido incluso a otras ciudades cuando, el 16 de enero, las 62 Organizaciones convocaron a una huelga general por 48 horas.

El 17 de enero por la mañana, la policía irrumpió con sus tanques para vencer la resistencia de lxs trabajadorxs y desalojar la planta. La huelga general se convirtió entonces en un paro por tiempo indeterminado que se extendería por todo el país. Rápidamente, la mayoría de los dirigentes sindicales de las 62 Organizaciones fueron detenidos. Finalmente, el día 20, el paro llegaba a su fin. La efectividad de la represión allanó el camino a la CAP, que asumió el control del frigorífico, despidiendo en menos de un mes a más de cinco mil trabajadorxs.

La lucha contra la privatización del Frigorífico Nacional, aunque habiendo sobrellevado una derrota, se ha convertido en un hito insoslayable en la memoria de la clase obrera argentina. Un hecho probatorio de la vigencia de una identidad que, armada de un nacionalismo de clase, mantendría vigente la relación entre las luchas obreras y el antiimperialismo.

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Más respeto

Hace un siglo, los extensos dominios de La Forestal se vieron sacudidos desde abajo, cuando las clases trabajadoras del norte santafesino dijeron basta a dos décadas de intensa explotación laboral y despótico control. La violenta reacción de la empresa y del estado provincial contribuyó a un modelo de violación de derechos humanos que se haría extensivo hacia otras regiones y en el tiempo.

Hace 100 años, los pueblos de la cuña boscosa del norte santafesino se rebelaron contra La Forestal, una compañía británica que explotaba tierras, maderas y ferrocarriles. No fueron sólo hacheros u obreros rurales. Tampoco sólo los trabajadores de las fábricas, aunque su rol fue central. Fue una rebelión que contó con la participación de todas las familias, mujeres, obreros, obreras, empleados y empleadas, comerciantes y gente suelta. Organizaron los sindicatos y luego de sucesivas huelgas parciales, presentaron un largo pliego de condiciones: reclamaban mejor vida, trabajo digno y más respeto de parte de las jerarquías empresariales. Tenían el apoyo de las grandes federaciones obreras. La “gran huelga” de fines de 1919 fue violenta. La empresa usó sus guardias privadas. El gobierno de la provincia envío fuerzas de seguridad y el gobierno nacional hizo lo propio con el Regimiento 12 de Línea, que integraba el joven teniente Juan Perón.

Ganaron. Entonces se inició la lucha más acuciante, con el objetivo de que la empresa cumpliera con los derechos conseguidos. Sin embargo, el gobierno provincial y la compañía reaccionaron de la peor manera. No consiguieron el asiento permanente del ejército, pero crearon por decreto una policía montada especial, una Gendarmería Volante que, como admitió su jefe más tarde, se integró con “malos elementos”. La Forestal pagó hasta la última bala y montura de esta fuerza criminal. Al mismo tiempo, llevó adelante un lockout, cerrando las fábricas. Desorientados, desocupados y perseguidos, grupos obreros ganaron el monte. Anarquistas y sindicalistas revolucionarios discutían desde fines de 1920 sobre cuál era el camino a seguir. La brutal reacción de la burguesía se hacía sentir en Santa Fe, pero también en otros lugares del país, como Buenos Aires, Gualeguaychú, Las Palmas y la Patagonia. 

Sin lograr ponerse de acuerdo, el 29 de enero de 1921, los grupos orientados por el anarco-comunismo intentaron tomar los principales pueblos fabriles. Las fuerzas del orden los rechazaron y la policía montada, dirigida por la empresa, salió a su caza. Los directivos de la compañía acusaron a los trabajadores de formar “soviets” y encabezar una “campaña de desprestigio” contra su “obra de civilización y cultura”, como gustaban llamarla sus directivos. La prensa no se hizo cómplice de aquel terror: “Un Crimen de Lesa Humanidad está Cometiendo La Forestal”, se llegó a titular. Los socialistas calcularon entre 500 y 600 muertos. Al poco tiempo, en la legislatura santafesina se narraron los trágicos destinos de las y los humillados: desplazamientos forzosos, persecuciones, violaciones, asesinatos.

La masacre fue el cimiento de un nuevo orden productivo y social. Con nuevas estrategias, los directivos de La Forestal se dedicaron a reconstruir su autoridad. No tuvieron el éxito asegurado y, de hecho, una y otra vez se hizo sentir el rumor de la protesta, organizándose desde abajo el descontento obrero. Sin embargo, frente al inicio de la segunda gran guerra, y avizorando profundas transformaciones en la industria del tanino que hasta entonces dominaba, la empresa activó el plan de retirada del país, que completaría en la década de 1960.

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UN MOTOR DE LA LUCHA OBRERA EN LA CÓRDOBA REBELDE

El triunfo de la Lista Marrón en Perkins marcó un nuevo hito en el proceso de radicalización obrera posterior al Cordobazo. Al desplazar a la burocracia sindical del SITRAP, dio inicio a un profundo proceso de democracia y lucha gremial y política.

El 2 de febrero de 1973, la Lista Marrón triunfaba en las elecciones del Sindicato de Trabajadores de Perkins (SITRAP), logrando así relegar a la burocracia sindical liderada por Francisco Angulo y extendiendo la influencia del sindicalismo clasista en Córdoba en el mismo momento en que se iniciaba el tercer gobierno peronista.

Perkins era una empresa de capitales nacionales e ingleses dedicada a la producción de motores diésel livianos, que había comenzado su actividad en Córdoba en 1961 y ocupaba unos 1000 trabajadores. La recuperación del SITRAP se originó a partir de la iniciativa de un grupo de activistas liderados por referentes como Juan Villa, Américo Aspitia y Miguel Ángel Agüera: los “Obreros Combativos de Perkins”. Con los ejemplos de SITRAC-SITRAM y el SMATA Córdoba, a partir de 1972 fueron conquistando la mayoría del cuerpo de delegados, la comisión interna de reclamos y la representación paritaria para la negociación del convenio. En febrero de 1973, cuando se convocaron las elecciones de Comisión Directiva, dieron forma entonces al “Movimiento de Recuperación Sindical de Perkins” y la Lista Marrón. Con sus candidatos elegidos en asamblea, esta obtuvo una resonante victoria, desalojando por primera vez de la conducción sindical a la lista oficialista del peronismo ortodoxo.

En los tres años siguientes, el SITRAP desarrolló un modelo de democracia obrera basado en la activa participación de las bases. Las reivindicaciones sobre condiciones laborales (categorías, insalubridad, atención médica, alimentación y control de la producción) ocuparon un lugar prioritario. Al mismo tiempo, fueron fuertemente críticos del Pacto Social, la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales y el incremento de las políticas represivas estatales y paraestatales que los tuvieron como uno de sus blancos. Por otra parte, se destacó su rol en la política sindical de Córdoba, participando en la CGT Regional junto con los sectores combativos de los gremios Independientes, Legalistas y Clasistas y de los ciclos de lucha obrera impulsados por el Movimiento Sindical Combativo (MSC) y la Mesa de Gremios en Lucha. 

En medio de un clima político signado por un creciente terrorismo de Estado la Lista Marrón obtuvo una contundente reelección en 1975, manteniéndose al frente del SITRAP hasta el mismo momento del golpe de 1976. La represión dictatorial puso fin al proceso de movilización y combatividad de los trabajadores de Perkins, pero no logró suprimir la memoria de una de las experiencias clasistas más destacadas de la Córdoba setentista. 

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Recomendaciones bibliográficas

Dos caminos para el movimiento obrero

En un histórico debate televisivo, Agustín Tosco y José Ignacio Rucci expusieron dos proyectos sindicales y políticos contrapuestos para el movimiento obrero y la Argentina de los años 70.

Tras varios meses de una aguda polémica por vía de cartas y declaraciones, el 13 de febrero de 1973 la televisión ofició como escenario de la confrontación pública entre los dos principales referentes de las estrategias que atravesaban por entonces al movimiento obrero argentino. Bajo la conducción de Gerardo Sofóvich, Jorge Conti y otros entrevistadores, y mostrando el importante lugar que ocupaban los sindicalistas en el debate público, José Ignacio Rucci y Agustín Tosco confrontaron cara a cara en el programa Las dos campanas del viejo Canal 11.

Rucci, referente del peronismo ortodoxo, había hecho su carrera sindical en el seno de la UOM vandorista. Gremialista profesionalizado, sin base propia y promovido desde arriba, era un exponente típico de la cuestionada “burocracia sindical”. En 1970 saltó desde un cargo de segundo orden hasta nada menos que la Secretaría General de la CGT, donde, con el aval de Perón, asumió la misión de restaurar el verticalismo sindical y contribuir a la reorganización del justicialismo. Como exhibió en el debate, en su perspectiva el objetivo del movimiento obrero debía ser constituirse como un “factor de poder” que hiciera posible el retorno electoral del peronismo al gobierno. La condición para esto era una conducción a cargo de las 62 Organizaciones Peronistas y un aparato sindical unido monolíticamente, que acatara disciplinadamente las directivas de la CGT y los “cuerpos orgánicos”.

Tosco, marxista independiente y líder del Sindicato de Luz y Fuerza y la CGT de Córdoba, integraba el Movimiento Nacional Intersindical y era el principal referente de la oleada antiburocrática y combativa que recorría el sindicalismo argentino. Había ganado reconocimiento nacional merced a su rol protagónico en la CGT de los Argentinos y en el Cordobazo, lo que le valió varios años de prisión. Tal como afirmó en la polémica, en su visión el fundamento del movimiento obrero no estaba en su estructura burocrática, sino en la democracia de base y en un pluralismo político que pusiera por delante los intereses de clase. Éste era el camino para construir un “sindicalismo de liberación”, mediante el cual los sindicatos pudieran actuar como una palanca para la lucha revolucionaria por la liberación nacional y social y la construcción del socialismo, lo que requeriría la unidad de todas las fuerzas democráticas, populares, revolucionarias y antiimperialistas.

El debate Tosco-Rucci puso en evidencia dos proyectos contrapuestos respecto de la organización y el rol de los sindicatos. Dos estrategias que trascienden la coyuntura histórica y transforman dicha polémica en un documento insoslayable para pensar el pasado, el presente y el futuro del movimiento obrero argentino.

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Recomendación bibliográfica

Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras

Desde el siglo pasado, el 8 de marzo es un día de lucha feminista y obrera. Su origen, fecha y demandas continúan siendo temas en pugna. En Argentina, la efeméride surge en 1984 como iniciativa del movimiento feminista, que decidió salir ese día a las calles a manifestarse y presentar sus demandas.

Esas mujeres movilizadas contaban con una larga tradición de luchas por derechos. Son ejemplos de esa historia, las anarquistas y socialistas de fines del siglo XIX, las sufragistas de la década de 1910, las que finalmente obtuvieron el voto femenino en 1947, como así también, más acá en el tiempo, las que lograrían el cupo femenino sindical, entrado ya el siglo XXI. Los Paros Internacionales de Mujeres, llevados a cabo desde 2017, reactualizaron el carácter de clase del 8M en nuestro país y en otras partes del mundo, colocando en el centro del debate político las labores remuneradas -o no-, con las cuales las mujeres sostenemos el mundo y la reproducción de la vida.

El origen de la fecha es incierto, pero denota en todos los casos su dimensión laboral y social. Suele vincularse al homenaje a las 129 obreras textiles quemadas vivas en una fábrica de New York en 1857, en represalia a su protesta por derechos laborales. Sin embargo, no existen evidencias sobre esta huelga, la que parece confundirse con otras luchas que tuvieron lugar allí: un extenso paro de modistas entre noviembre de 1909 y mediados de febrero de 1910, y la huelga del 29 de marzo de 1911 en la fábrica Triangle Shirtwaist Company, debido al trágico suceso donde murieron casi 150 mujeres, la mayoría chicas jóvenes inmigrantes – judías e italianas –, por las pésimas condiciones de seguridad de la fábrica.

Como sea, el 8M fue ratificado por la ONU en 1975, en la Conferencia Mundial de la Mujer, y por la UNESCO en 1977, cuando se lo reconoció como el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué desdibujaba esta oficialización? En el contexto revolucionario de los años setenta, hubo de funcionar como una suerte de ocultamiento del nacimiento socialista y obrero del 8M. La decisión original de celebrar un día internacional de las mujeres trabajadoras había sido, en realidad, el resultado de una resolución de la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague en agosto de 1910. En esa ocasión, trabajadoras socialistas norteamericanas y europeas acordaron que debía existir un Día de la Mujer Trabajadora específico, distinto al ya establecido 1° de Mayo. Al parecer, la primera conmemoración del 8 de marzo fue en Alemania al año siguiente. También fue el 8 de marzo, pero de 1917, cuando las obreras textiles de Petrogrado decidieron tomar las calles, dando el puntapié inicial al proceso que habría de culminar en el derrocamiento del zarismo y la Revolución Rusa.

En el contexto actual de crisis, políticas de ajuste y represión, nos urge recuperar este sentido clasista de nuestra fecha, no para rectificar un error histórico abstracto, sino para transformar el momento presente. Recuperar la historia de las trabajadoras es una de nuestras mejores armas para las batallas cotidianas y colectivas que nos esperan.

*Ludmila Scheinkman, Laura Caruso, Carolina Brandolini y Andrea Andújar

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Recomendaciones bibliográficas

Un soviet en cada puerto

Luego de trece meses de lucha, la Federación Obrera Marítima levantaba triunfante la huelga por el control sindical del trabajo a bordo contra la naviera más poderosa de la región: la compañía Mihanovich. Fue éste un acontecimiento clave en la disputa entre capital y trabajo en la Argentina agro-exportadora.

En 1920 todos los trabajadores mercantes del país, -tripulantes, oficiales y capitanes-, unidos en un Comité de Huelga, sostuvieron una acción huelguística en defensa del control del trabajo a bordo. Para espanto de las compañías navieras, desde finales de 1916 y luego de una huelga general del sector, la FOM había impuesto a sus federados como única mano de obra, controlando así la contratación de tripulantes. Como inmediata respuesta patronal se desató una intensa campaña por el derecho al trabajo “libre”. En pos de eludir la injerencia gremial, la compañía Mihanovich cambió la bandera de sus embarcaciones. También agitaron el miedo al peligro rojo, avivado por los sucesos de la Semana Trágica: un manifiesto de la patronal Asociación del Trabajo aseveraba que la FOM era el soviet del puerto de Buenos Aires. El Estado, por su parte, había organizado por decreto en 1919 un registro de tripulantes, sin mayor éxito ante la continuidad del control fomista.

El 12 de febrero de 1920, la Federación inició la huelga en solidaridad con otras luchas portuarias y contra el lockout declarado por Mihanovich. Rápidamente la situación se transformó en una protesta abierta en defensa del control del trabajo a bordo. La solidaridad con la huelga incluyó otras secciones provinciales de la FOM, trascendiendo barcos y puertos: involucró a la comunidad barrial de La Boca y sus comerciantes, y a sindicatos de la central obrera FORA IX. Para sostener la medida en el tiempo se desplegaron distintas acciones. El Sindicato de Mozos y Cocineros de a bordo organizó un comedor para huelguistas y sus familias. Se organizó también un sistema de turnos para que 4 mil huelguistas rotaran por otras flotas y cobraran así un salario. Quienes no rotaban, como los maquinistas y técnicos, contribuirían con un monto mensual. La huelga mostró también la potencia de la unidad y solidaridad lograda entre los trabajadores de la tripulación y aquellos de mayor calificación y jerarquía, los capitanes y oficiales. Una alianza inédita que iba contra la tradicional disciplina patronal y laboral a bordo.

El acuerdo finalmente alcanzado con la empresa en marzo de 1921 involucraría el reconocimiento de la FOM y su atribución sobre el control del trabajo. No obstante, dos meses más tarde, una nueva ofensiva patronal y estatal militarizaría el Puerto de Buenos Aires, expulsando a los obreros federados, imponiendo por la fuerza el trabajo “libre” y sumergiendo en una crisis a la conducción de la federación. Con todo, la larga huelga marítima fue una verdadera demostración del poder colectivo de los trabajadores, sus familias, sus organizaciones y su comunidad.

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Y Villa se hizo Marrón

El Villazo fue un momento clave en la historia del movimiento obrero de los setenta. porque demostró la capacidad de la clase obrera para conducir la movilización de una comunidad local que articulaba sus reivindicaciones específicas con las generales de la ciudad.

A fines de la dictadura de Lanusse e inicios de la recuperación democrática de 1973, entre los trabajadores metalúrgicos villenses resurgió un espíritu de organización que expresaba el descontento de la clase obrera local contra las patronales, la burocratización y el centralismo de los sindicatos. Ese proceso se consolidaría con las creaciones del Movimiento Metalúrgico “7 de setiembre” para las elecciones a Cuerpo de delegados y Comisión Interna (1973), y de la Lista Marrón para disputar la seccional.

El 7 de marzo de 1974, luego de un incidente en Acindar entre la Comisión Interna y los nuevos interventores de la UOM designados por Lorenzo Miguel, estos últimos decidieron desafiliar a los trabajadores involucrados en la protesta. Frente a esto, una multitudinaria asamblea decidió la paralización y toma de la fábrica Acindar para evitar los despidos y exigir la convocatoria urgente a elecciones. No obstante, el día 9 una asamblea aceptó la propuesta realizada por una pluralidad de instituciones locales, levantó el paro y reanudó las actividades. Luego de intensas negociaciones e intermediaciones que fracasaron por la intransigencia de la intervención, el día 11 otra asamblea decidió ocupar nuevamente Acindar y tomar como rehenes al personal jerárquico.

Al día siguiente, los obreros de diferentes sectores locales paralizaron sus actividades en solidaridad. Simultáneamente, comenzaron las amenazas y atentados de grupos de ultraderecha contra los huelguistas y sus aliados. Se organizó una comisión de mujeres y se recibió el apoyo de activistas de otros gremios del país, políticos y funcionarios.

La solidaridad de algunos sindicatos -como docentes y ferroviarios-, podría atribuirse a que compartían direcciones combativas, sin embargo, la mayor parte acompañó la lucha por fraternidad, por la representatividad de los dirigentes (Piccinini, D´Errico, Porcu, entre otros), por el ethos de una comunidad obrera y por  la convicción de que la unidad en la lucha era imprescindible para el triunfo de la clase trabajadora. Las reivindicaciones -vinculadas con un combativo clima de ideas, con los derechos sindicales y laborales conculcados, y con demandas locales muchas veces postergadas- le otorgaron al movimiento una gran popularidad, adhesión que se extendería a otros colectivos de la ciudad.

Finalmente, el 16 de marzo de 1974 se firmó un acta acuerdo donde la burocracia sindical se comprometía a normalizar la seccional en 120 días. Esta gesta habría de culminar con una marcha hacia la plaza central de Villa Constitución que convocó a más de 12.000 personas, en una ciudad que apenas superaba los 25.000 habitantes. Por la profunda democracia sindical y combatividad demostrada y una unidad en la lucha que excedió a la propia clase obrera, se iniciaba con este triunfo de la clase obrera villense uno de los procesos más interesantes de la historia del movimiento obrero argentino. Tan sólo un año después, esto sería truncado por la represión del llamado Operativo Serpiente Roja del Paraná, sin embargo las enseñanzas de este proceso en la clase obrera y en el pueblo villense se sostienen hasta la actualidad.

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Recomendaciones bibliográficas

Contra la “subversión industrial” y los “soviets de fábrica”

La represión de la conflictividad obrera y la persecución a activistas e integrantes de comisiones internas y agrupaciones sindicales antiburocráticas comenzó bastante antes del golpe de Estado, si bien la violencia ejercida sobre las y los trabajadores se habría de profundizar – tanto en su escala como en su magnitud – a partir del 24 de marzo de 1976.

Durante el año 1975, y con el argumento frecuente de enfrentar a la “guerrilla fabril” o la “subversión industrial”, se produjeron intervenciones violentas a cargo generalmente de fuerzas policiales en las principales zonas industriales del país (como sucedió en Villa Constitución, en el norte del Gran Buenos Aires o en algunas provincias del NOA), siendo parte de un ciclo represivo que continuaría luego del golpe de Estado. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas asumían el comando y ejecución de la represión, convocadas por el gobierno constitucional para aniquilar a la denominada “subversión”. Desde febrero, en la provincia de Tucumán y, a partir de octubre, en todo el territorio nacional. Éste sería dividido en zonas, subzonas y áreas bajo control de las autoridades militares y con la activa participación de policías y otras fuerzas de seguridad.

Desde el mismo día del golpe de Estado, la represión se abatió sobre las y los trabajadores y sus organizaciones con el objetivo de eliminar las condiciones que –en palabras del ministro de trabajo, el General Liendo- habían favorecido la “agresión subversiva”, los “soviets de fábrica” y la “inmoralidad” de las cúpulas. La Junta Militar intervino la CGT y decenas de entidades sindicales y federaciones, se clausuraron sedes gremiales y se produjo la detención de cientos de dirigentes y activistas (unos pocos vinculados al peronismo ortodoxo y, la inmensa mayoría, a corrientes sindicales de izquierda o antiburocráticas). Asimismo, desde la madrugada del 24 de marzo efectivos militares y policiales ocuparon varias plantas fabriles en las principales áreas industriales, se establecieron rigurosos controles sobre el personal de empresas estatales y privadas e, incluso, se instalaron centros clandestinos de detención en algunas de ellas.

La violencia que se desplegó en particular durante los primeros años de la dictadura a través de diversos dispositivos represivos afectó brutalmente a trabajadores y trabajadoras, con un saldo de miles de detenidos, desaparecidos –en una cifra aún imprecisa que la CONADEP estimaba en cerca del 50% del total de las víctimas- y exiliados. Asimismo, cuando se produjeron conflictos en diversos sectores y ramas de la producción y los servicios, la respuesta del gobierno militar fue, en general, represiva. Ésta se tradujo en detenciones, secuestros y desapariciones de activistas y dirigentes sindicales (el caso más resonante fue el del líder del sindicato lucifuercista, Oscar Smith, en febrero de 1977), la prohibición o ilegalización de las medidas de fuerza o la represión directa sobre las movilizaciones callejeras, como sucedió el 30 de marzo de 1982.

Lad.

Finalmented.

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Recomendaciones bibliográficas

Militares y núcleos del poder económico contra el poder obrero

La dictadura iniciada con el golpe del 24 de marzo de 1976 se caracterizó por la confluencia y articulación entre sectores del poder económico y las fuerzas armadas, quienes coincidieron en la ambición de refundar las bases económicas, sociales y laborales.

Un rasgo central de la última dictadura en Argentina fue la alianza de los militares con diversos sectores del poder económico y financiero local e internacional, en un contexto de cambio de etapa en el capitalismo global. Esta vinculación se dio en distintas dimensiones y niveles que incluyeron articulaciones ideológicas e institucionales, relaciones económicas y financieras con el gobierno de facto y, finalmente, una confluencia militar-empresarial en el desarrollo de políticas represivas dirigidas, especialmente, contra trabajadores/as y sindicalistas.

Un sector del poder económico había contribuido con el golpe de Estado, realizando lockouts y campañas mediáticas durante 1975 y los primeros meses de 1976. Una vez derrocado el gobierno, gran cantidad de figuras vinculadas a los núcleos del poder económico participaron de la dictadura. Algunos lo hicieron a través de nombramientos en cargos gubernamentales y otros a través de puestos de asesoramiento externo. Una figura clave en este sentido fue José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía entre 1976 y 1981, quien había ocupado la presidencia del directorio de Acindar, una firma siderúrgica profundamente implicada en la represión a trabajadores a partir de 1975. 

En el marco de una redistribución regresiva sin precedentes del ingreso y de una serie de transferencias desde el Estado al capital concentrado por diversas vías, incluyendo la estatización de la deuda privada de grandes empresas, se llevó adelante una articulación militar-empresarial en el desarrollo de políticas represivas. Desde la dictadura y a lo largo de todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, hubo denuncias de trabajadores/as y organizaciones sindicales sobre el proceso represivo del que fueron blanco: se apuntó a dirigentes sindicales, delegados/as y comisiones internas como así también a activistas en todas las ramas económicas. El Nunca Más, el Juicio a las Juntas, los Juicios por la Verdad, así como procesos iniciados por trabajadores/as en el fuero civil y laboral y la investigación académica han ofrecido evidencias contundentes de esta responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad.

En casos como Acindar, Ford, La Veloz del Norte, Mercedes-Benz, Dálmine Siderca, Propulsora Siderúrgica, Ingenio Ledesma, Ingenio La Fronterita, Astilleros Río Santiago, Astilleros Astarsa, La Nueva Provincia, Las Marías, entre otros, se han documentado aportes centrales como la provisión de recursos logísticos y materiales para la represión, incluyendo información, listas de delegados y vehículos para el transporte de secuestrados. En algunos casos, la presencia de funcionarios empresariales en la represión y, en al menos 5 casos, la existencia de centros clandestinos de detención en las mismas plantas. 

Esta relación entre el núcleo del poder empresarial y las políticas económicas, laborales y sociales regresivas, así como la represión, conforman un eje central no sólo para el análisis de este proceso histórico, sino también para la comprensión del presente y la disputa por el futuro.

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Recomendaciones bibliográficas

La dictadura que no sólo apretó el bolsillo de los y las trabajadoras

Dimensionar el ataque económico a la clase trabajadora que llevó a cabo la última dictadura militar ofrece claves para comprender la ofensiva actual de las clases dominantes en nuestro país.

El salario varía históricamente, y en algunos momentos, puede rozar el límite mismo de la supervivencia. Esto sucedió en la dictadura gracias a la implementación de una violencia represiva extrema, tanto estatal como patronal, contra los y las trabajadoras y sus organizaciones.

Durante la última dictadura cayó el salario real y el indirecto –formado por gastos que el Estado realiza y que derivan en un mayor acceso social a bienes y servicios–. Esto afectó directamente la calidad de vida y las posibilidades de proyección a futuro. Algunos datos: el salario real cayó casi un 40% respecto de 1974, se cerraron más de 20.000 establecimientos fabriles, disminuyó la actividad manufacturera y su importancia en la economía. Se perdieron aproximadamente 800.000 puestos de trabajo sólo en el sector industrial, a la vez que aumentó la productividad laboral (entre 1976 y 1990 en un 37%). Esos puestos de trabajo destruidos habrían de equivaler a la totalidad de personas desocupadas en 1990. Se consolidó una tendencia difícil de revertir: la caída abrupta de la participación de los y las asalariadas en la distribución del ingreso, es decir, de la porción que éstos reciben de la riqueza generada, pasando de 45 puntos a favor en 1974, a 25 en 1977.

La desindustrialización marcó un camino de desocupación, subocupación y precarización del empleo por la vía de nuevas modalidades inestables de contratación y un aumento del cuentapropismo. Entre 1976 y 2002 se pasó de 1.8 millones de obreros/as industriales ocupados/as a 500 mil. De la mano de políticas aperturistas, reforma financiera, desregulación de la relación capital- trabajo y redefinición del rol del Estado, se promovió la financiarización y la primarización de la economía.

La dictadura no sólo apretó el bolsillo y destruyó miles de puestos de trabajo, también afectó las posibilidades de organización y el sentido de pertenencia de clase y de comunidad entre quienes viven de su trabajo. La arquitectura represiva, legal e ilegal, prohibió toda actividad gremial: el derecho a huelga, las negociaciones colectivas y paritarias, la realización de asambleas. Este ataque a lo sindical, junto con el cambio en la legislación laboral, debe entenderse como parte del ataque económico, ya que permitió individualizar las negociaciones, anuló conquistas en los regímenes de salubridad y habilitó la expansión de la informalidad, la tercerización laboral y la fragmentación. Se conformó así un núcleo de trabajadores y trabajadoras sometidos a condiciones laborales inestables y notablemente inferiores, que son la variable de ajuste en momentos de crisis o disminución de la producción, estando compelidos a aceptar estas condiciones por temor al desempleo.

En el nombre de la libertad, se promovió, en realidad, plena libertad para aquellos cuya renta, ocio y seguridad no necesita aumento, y apenas una miseria de libertad para el pueblo. La misma ilusoria promesa de hoy día. 

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Recomendaciones bibliográficas

Otra víctima del terrorismo de Estado

Durante la última dictadura militar se reformó casi la totalidad de la legislación laboral con dos objetivos muy claros: debilitar la acción colectiva de los trabajadores y trabajadoras y restaurar el control patronal en los lugares de trabajo.

La elaboración de un nuevo marco institucional para regular las relaciones entre el capital y el trabajo no presentó demoras. El Acta para el Proceso de Reorganización Nacional del 24 de marzo de 1976 suspendió todas las actividades gremiales. En los meses siguientes y entre otras medidas, el gobierno intervino cientos de sindicatos, prohibió el ejercicio de medidas de acción directa y estableció penas de prisión para quienes se plegaran a ellas (leyes 21.261, 21.400 y 21.459), suspendió la negociación colectiva (ley 21.307), mutiló la Ley de Contrato de Trabajo (decreto 390/76) e impuso la obligación de volver a afiliarse a todos los integrantes de las organizaciones sindicales (decreto 385/77). Según algunas fuentes, la respuesta del 90% de los trabajadores a esta última medida fue la primera muestra silenciosa de una resistencia que iría creciendo a lo largo del tiempo.

En aquel primer momento, el objetivo del gobierno militar fue sentar las bases materiales para la reestructuración política y económica en curso. La legislación laboral acompañó así a la represión generalizada contra la clase trabajadora, cumpliendo un papel fundamental: modificar de raíz la relación de fuerzas existente hasta mediados de los años ‘70.

Recién cuando este proceso estuvo concluido, la dictadura pasó a una segunda etapa, en la que buscaría establecer pautas de regulación más duraderas. La reconfiguración de la estructura sindical (ley 22.105/79) y el nuevo régimen de obras sociales (ley 22.269/80) apuntaron a debilitar la capacidad de acción colectiva sin por ello modificar el sistema de sindicato único por rama de actividad. Para ello, limitó el alcance geográfico de los sindicatos de primer grado, ordenando la transformación de las uniones en federaciones, dispuso la disolución de los sindicatos de tercer grado -lo que implicaba la desaparición de la CGT-, limitó la cantidad de delegados en los lugares de trabajo, eliminó el fuero sindical que impedía el despido de éstos e impuso fuertes límites a las fuentes de financiamiento de los sindicatos.

SI bien hacia 1983 la estructura sindical no se había modificado sustancialmente en el plano formal, sí habían sufrido cambios muy importantes las relaciones intra sindicales. La represión física y jurídica contra el activismo de base y la retracción del empleo en la industria les otorgó a las direcciones centrales de los sindicatos una mayor capacidad de control vertical, al tiempo que las debilitó en su relación con los empleadores.

A 40 años de la recuperación de la democracia, las huellas de la legislación dictada durante la última dictadura militar siguen presentes. Las restricciones a la negociación colectiva fueron levantadas, y los sindicatos y las obras sociales cuentan con regulaciones dictadas por gobiernos elegidos democráticamente. Finalmente, los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo en su gran mayoría permanece según la redacción efectuada en mayo de 1976, reforzando el poder de los empleadores en los lugares de trabajo y limitando el ejercicio del derecho de huelga, entre otros. El legado de la dictadura, al menos en el texto de esta norma, aún sigue en pie.

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Recomendaciones bibliográficas

Quisieron desaparecer las luchas de la clase trabajadora

A casi cinco décadas del 24 de marzo de 1976, aún permanece un extendido desconocimiento social sobre las acciones de resistencia sostenidas por la clase trabajadora durante la dictadura. Con diversas modalidades y acorde a las diferentes coyunturas políticas y represivas, existieron en todo el período cientos de conflictos y acciones de oposición. En tiempos de negacionismos y ofensiva contra nuestras conquistas sociales, resulta fundamental conocerlas y reivindicarlas.

El golpe del 76 significó una feroz ofensiva contra la clase trabajadora. La dictadura se proponía desactivar la intensa movilización social y política abierta hacia 1969 y producir así una transformación radical en el mundo obrero, reestructurando los sindicatos y reduciendo el poder de lxs delegadxs en los lugares de trabajo.

El régimen golpeó con saña a delegadxs, activistas y dirigentes combativxs. Se sancionó toda una batería “legal” que suspendía el derecho a huelga, intervenía numerosos sindicatos y embestía contra la legislación laboral. Muchas patronales colaboraron con los secuestros de trabajadorxs, aprovechando la situación para reimponer su autoridad y despedir sin causa.

Durante los primeros meses, el régimen y las cámaras empresarias celebraban el aumento de la productividad y la “paz laboral”. No obstante, desde los lugares de trabajo se gestaban nuevas formas de lucha. Se multiplicaron las huelgas de brazos caídos, los sabotajes y diversas formas de entorpecer la producción sin apelar al conflicto abierto. En agosto y septiembre del 76, un reguero de conflictos en la industria automotriz terminó de romper el silencio. La dictadura respondió con violencia, y promulgó una nueva ley contra las huelgas con penas de hasta 10 años de cárcel. Al poco tiempo, se inició una prolongada confrontación en Luz y Fuerza, que se extendería hasta febrero del año siguiente.

Durante 1977 hubo dos grandes estallidos. Uno local, que tuvo en vilo al Gran Rosario durante 10 días. En octubre y noviembre se produjo una oleada de huelgas con epicentro en Ferroviarios que se extendería a muy diversos sectores de la industria y los servicios. Fue ésta una suerte de huelga general no declarada. En la prensa, se debatía si el movimiento era o no comparable con el Cordobazo. Sin embargo, hoy en día casi nadie la recuerda.

Hacia fines de 1978 se empezó a reorganizar el movimiento sindical y ya en 1979 el sector confrontacionista llamaba a la primera Jornada de Protesta Nacional. En un contexto marcado por la crisis industrial, se produjeron algunas luchas prolongadas y un último estallido huelguístico. Finalmente, en 1981, con el segundo paro nacional y la marcha a San Cayetano, habría de iniciarse un nuevo ciclo de protesta que concluiría con la histórica huelga con movilización de la CGT Brasil, el 30 de marzo de 1982. Después de Malvinas, y con un régimen que se caía a pedazos, se produjeron tres huelgas generales más. Sin dudas, es imposible comprender el colapso de la dictadura sin tomar en cuenta las resistencias obreras.

En los tiempos actuales, signados por la ofensiva contra nuestras conquistas y derechos, resulta fundamental reencontrarnos con estas luchas casi olvidadas. Tenemos la mochila cargada de derrotas, pero también de estas tradiciones que pueden ser la chispa de la esperanza y de nuevas resistencias.

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“Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra”

Tras meses de marchas y contramarchas, comenzaba el Congreso Normalizador Amado Olmos que llevaría al dirigente gráfico Raimundo Ongaro a la Secretaría General de la CGT; una expresión más de la creciente rebelión de las bases contra el vandorismo y la dictadura de la Revolución Argentina.

El movimiento obrero arribaba a 1968 institucionalmente golpeado por las intervenciones, la cancelación de las personerías gremiales y el congelamiento de los fondos de los sindicatos que habían salido a la calle contra los planes de racionalización y ajuste salarial impulsados por la dictadura de Juan Carlos Onganía: portuarios, azucareros, telefónicos, prensa, químicos, ferroviarios. Arribaba, también, tácticamente dividido entre combativos, participacionistas y la desorientada mayoría vandorista, cuya impotencia había quedado al desnudo en las idas y vueltas que habían terminado frustrando, justo un año atrás, un improvisado plan de lucha.

Con este escenario, no sorprende que el congreso haya transcurrido sus horas iniciales orillando el fracaso y signado por la división. Los delegados de Luz y Fuerza, Construcción, Vitivinícolas, Petroleros, Comercio y Metalúrgicos, jamás aparecieron por el local de la Unión Tranviarios Automotor de Moreno 2969, que fuera sede del encuentro. Por otra parte, y excusándose en impedimentos legales, la comisión encargada de organizar el cónclave trató de impedir la participación de los sindicatos intervenidos, imprescindibles para alcanzar el quórum necesario. Una vez superada la maniobra mediante la rigurosa aplicación del estatuto, varias organizaciones redoblaron el boicot, abandonando el congreso. Finalmente, luego de tres horas de febriles negociaciones y con 293 delegados sobre los 457 habilitados para participar, dieron comienzo las deliberaciones que producirían la llegada de una nueva conducción encabezada por Raimundo Ongaro el viernes 29, jamás reconocida por el Secretario de Trabajo Rubens San Sebastián, ni por los gremios vandoristas y participacionistas que se atrincheraron en el edificio de calle Azopardo, sentenciando la ruptura.

A pesar de su efímera existencia y de sus debilidades organizativas, la CGT de los Argentinos dejó una huella imborrable en el movimiento obrero de nuestro país. Alentó la rebelión de los de abajo desde una incansable prédica anti-dictatorial, anti-burocrática y anti-imperialista que habría de caracterizar a su emblemático periódico. Trascendió el porteñismo con su apuesta por la construcción regional y su combate contra el verticalismo. Sus locales constituyeron una referencia y un espacio de encuentro, no sólo para el peronismo revolucionario y las izquierdas, sino también para estudiantes, intelectuales y artistas. Minó la paz social anhelada por la Revolución Argentina con actos públicos, movilizaciones y puebladas como las de Villa Quinteros (Tucumán) y Villa Ocampo (Santa Fe).

Es por ello, sin duda, que un año más tarde la CGT de los Argentinos pudo reclamar su cuota en aquel mayo caliente que habría de iluminar el futuro, sentenciando al gobierno de facto de Onganía.

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