El primer diciembre que transformó el país

En la oscuridad de la noche neoliberal, las fogatas del Santiagueñazo iluminaron el horizonte: resistir era posible.

Tras la “exitosa” puesta en marcha de la convertibilidad del presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Cavallo, el proyecto neoliberal avanzaba en Argentina con escasas resistencias. Las privatizaciones se sucedían y los paquetes de ajuste se profundizaban, haciendo que millones de personas cayeran en la pobreza y la desocupación. Su hegemonía era potente: el impacto del terror de estado, impuesto por la dictadura, y del terror de mercado, impulsado por la hiperinflación, hacía difícil pensar en otros caminos. El marco internacional no ayudaba: el derrumbe de la URSS en 1991 parecía confirmar que no había alternativas.

Parecía que sólo quedaba tratar de salvarse solo, ser un “ganador” mientras el resto caía barranca abajo. Sin embargo algo cambió: en uno de esos territorios donde muchxs creen que “no pasa nada”, pasó de todo. En el Santiago del Estero de la supuesta eterna “siesta”, el pueblo se despertó y transformó la historia.

El 10 de diciembre tomaron fuerza los reclamos en la empobrecida provincia de Santiago del Estero, contra el ajuste provincial que impulsaba el gobernador Fernando Lobo en línea con el gobierno nacional. Esas movilizaciones fueron el preámbulo del 16 de diciembre: allí la movilización obrera y popular ocupó la ciudad de Santiago, incendiando la Casa de Gobierno, el Poder Judicial, la Legislatura y el Archivo Provincial. También atacaron casas de conocidos funcionarios y quemaron vehículos oficiales: los enfrentamientos fueron durísimos, con al menos cuatro muertos y centenares de heridos.

El hecho fue calificado como un “estallido social contra el ajuste”. Desde el Vaticano, mientras era nombrado conde de la nobleza vaticana, Menem anunció la intervención provincial. El 17 se mantuvo la lucha en Santiago y se extendió a su ciudad lindante, La Banda, derrotando a la policía y resistiendo el avance de la gendarmería. El gobierno nacional tuvo que retroceder en el ajuste y lanzar un programa de “trabajo temporal”.

Este hecho marcó una ruptura: el avance del proyecto neoliberal empezaba a encontrar más resistencia. Desde allí la lucha iría en alza: a nivel latinoamericano, a los pocos días, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpió con su levantamiento. En Argentina le siguieron Tierra del Fuego en la Semana Santa de 1995, Cutral Có y Plaza Huincul en 1996, y tantas otras luchas que acumularían experiencias hacia el diciembre de 2001. El santiagueñazo prendió la mecha de esa rebelión.

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La normalización de los sindicatos después de la dictadura

La disputa por una normativa que regulara las elecciones en sindicatos intervenidos, con comisiones transitorias o mandatos prorrogados, abrió la discusión sobre la democracia sindical, y también sobre el papel de los sindicatos en el nuevo régimen político. 

A la semana de asumir el poder, el gobierno de Raúl Alfonsín confrontó al sindicalismo opositor mediante una ley que buscaba reorganizar las conducciones gremiales. Según el diagnóstico del alfonsinismo, tras su triunfo electoral los componentes autoritarios del peronismo comenzarían a retroceder. El gobierno la concebía como una victoria de la democracia frente al autoritarismo, que debía replicarse en los sindicatos que continuaban en situaciones irregulares luego de la dictadura.

Aunque el alfonsinismo no esperaba el reemplazo masivo de las conducciones peronistas, creía que un proceso de normalización tutelado podía abrirle a los grupos opositores los espacios obturados por el control autoritario que ejercían las conducciones gremiales sobre las elecciones. Con este objetivo, el 17 de diciembre de 1983 el entonces Ministro de Trabajo Antonio Mucci presentó un proyecto de ley que, entre otras cuestiones, facilitaba los requisitos formales para presentar listas y candidaturas, impedía la reelección indefinida y otorgaba representación a la minoría. 

El centro del proyecto, sin embargo, residía en quién ejercería el control de las elecciones normalizadoras. El gobierno esperaba que lo hicieran la Justicia Nacional Electoral junto a los interventores que designara el Ministerio de Trabajo. Contradecía así los principios del Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza el derecho sindical de establecer libremente a sus representantes, sin interferencia de las autoridades.

Además, en los planes del gobierno, a la normalización debía seguirle la modificación del papel de los sindicatos en la vida política nacional. Se pretendía derogar las leyes laborales de la dictadura (entre otras, la ley de Asociaciones Profesionales, la suspensión de la negociación colectiva, y la intervención de obras sociales), pero sin volver al modelo sindical desarrollado desde los años cuarenta, para evitar la negociación colectiva centralizada por rama de actividad y el control sindical de las obras sociales. Reformas que difícilmente podrían negociarse sin el apoyo de dirigentes sindicales afines.

La mayoría de las conducciones sindicales decidieron la reunificación de la CGT – dividida desde la dictadura-, para movilizarse contra la aprobación del proyecto. En cambio, los sectores sindicales que se movilizaron en su apoyo eran minoritarios (radicales, algunos sectores de izquierda y peronistas enfrentados con las conducciones tradicionales). Finalmente, el proyecto sería rechazado en el senado por dos votos, y el gobierno tuvo que negociar una nueva ley de normalización, con un sindicalismo peronista unificado, fortalecido y relegitimado por la victoria.

El fracaso de la “Ley Mucci” mostró tempranamente la lógica a la que se enfrentaría el alfonsinismo en sus intentos de  reformar el papel del sindicalismo en el régimen político: una relación de fuerzas fluida, pero muy difícil de quebrar, dada la capacidad de presión defensiva del movimiento obrero sindicalizado.

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Recomendaciones bibliográficas

“Que se vayan Todos”

El protagonismo obrero y popular destrozando el espejismo neoliberal en las calles.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 una insurrección obrera y popular atravesó el país. Miles de jóvenes trabajadorxs enfrentaron a las fuerzas represivas en cada pueblo o ciudad, hasta conquistar la caída del presidente Fernando De la Rúa y el ministro de economía Domingo Cavallo.

En esa batalla se destruyó el espejismo neoliberal, que ocultaba tras sus mentiras el cruel aumento de la pobreza, la desocupación, la pérdida de derechos y el incremento del hambre de nuestro pueblo. La insurrección sintetizó todas las formas de lucha que la clase obrera había desarrollado durante los años noventa: cortes de rutas, movilizaciones, huelgas, enfrentamientos, saqueos, asambleas, insurrecciones, y tantos otros instrumentos fueron utilizados para motorizar la rebelión. Sin embargo, muchas interpretaciones ponen el eje en que fue una rebelión únicamente de la “clase media” (sin destacar, en todo caso, la momentánea unidad de los sectores populares, expresada en la consigna “piquete y cacerolas, la lucha es una sola”). Otras voces hablan de esos días comparándolos con “un infierno” o los asimilaron a una interna “palaciega”, invisibilizando la lucha callejera.

Este hecho se forjó en dos convocatorias de la clase obrera. Por un lado, las tres semanas de cortes de ruta desarrolladas por el movimiento piquetero, durante julio y agosto del 2001. Por otro lado, y más directamente implicada en la insurrección, se destaca la huelga general convocada por las centrales sindicales el 13 de diciembre: desde ese día, la rebelión fue creciendo, hasta sintetizar en el gran hito del 19 y 20 de diciembre.

El día 19 los saqueos se masificaron, produciéndose enfrentamientos con las fuerzas represivas en todo el país. Por la noche, De la Rúa declaró el estado de sitio durante treinta días, intentando sostenerse en base a la violencia estatal. En ese momento comenzó la insurrección: cientos de miles marcharon a las plazas de cada ciudad al grito de “que se vayan todos”.

En la Plaza de Mayo la lucha callejera se extendió durante la noche y el día posterior. Fue una batalla de la fuerza popular contra las fuerzas represivas que atacaron con balas de plomo, gases y demás armas de combate, contra las piedras y palos del pueblo. Finalmente, De la Rúa renunció a las 19.56 del 20 de diciembre, escapando desde el techo de la Casa Rosada en el helicóptero presidencial. Se trata, sin dudas, de un hito en el ciclo de luchas obreras y populares de Argentina.

En esas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, nuestro pueblo derrotó la hegemonía neoliberal. Durante esos enfrentamientos, miles nacieron a la vida política y vieron transformada su subjetividad. En este recordatorio buscamos recuperar su potencial: consolidar la organización obrera, desarrollar la conciencia popular y construir las herramientas que necesitamos para realizar sus demandas históricas.

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La unión del movimiento obrero y el ambientalismo para decirle NO a la megaminería

Entre el 15 y el 21 de diciembre de 2021, Chubut vivió el más grande proceso de movilización de su historia. En ciudades, pueblos y parajes, decenas de miles marcharon contra la ley que habilitaba la explotación megaminera. Gran parte del movimiento obrero confluyó con la movilización ambiental, siendo un factor clave para la victoria final.

Desde hace más de veinte años, el debate sobre la instalación de proyectos megamineros en Chubut se transformó en un eje clave de la confrontación política y social. La propaganda que legitimó estas propuestas siempre había sido la supuesta cantidad de puestos de trabajo bien remunerado que generaría, procurando así ganar a sectores del movimiento obrero en su apoyo y en confrontación con las asambleas ambientalistas.

Sin embargo, la oposición de pueblos originarios, militantes, sindicatos y asambleas, ha impedido que estos proyectos se desarrollen, especialmente por sus efectos contaminantes en los escasos cursos de agua de la provincia. En marzo de 2003, un plebiscito en Esquel arrojó un resultado de 81% en contra de la minería, conquistando luego una ley que impide la minería metalífera a cielo abierto en Chubut. Era el resultado de un amplio y transversal movimiento social que se expresó bajo la consigna del “No a la Mina”, pero que sintetizaba muchos años de conciencia y luchas ambientalistas en Patagonia. Un hito previo en esa conciencia ambiental, fue marcado por el movimiento contra la instalación de un basurero nuclear en la meseta central de Chubut durante 1996.

El 15 de diciembre de 2021, por la noche y sin debate previo, la Legislatura provincial derogó la legislación antiminera. Inmediatamente, comenzaron las enormes movilizaciones populares, al tiempo que el gobierno provincial de Mariano Arcioni reprimía brutalmente, con decenas de manifestantes lesionados y encarcelados.

La acción policial adquirió ribetes de cacería y el pueblo redobló su lucha: a las asambleas ambientales se sumaron los pueblos originarios, las barriadas populares, hinchadas de fútbol y una parte del movimiento obrero, en especial, los estatales y el poderoso sector pesquero. Las movilizaciones cotidianas reunían a decenas de miles, generando álgidos hechos de conflictividad, que incluyeron el incendio de la casa de gobierno, otras sedes del estado provincial y edificios de empresas privadas. El inicio de la huelga total en el sector pesquero y los cortes de rutas estratégicas en toda la provincia fueron puntos de quiebre en el conflicto.

Durante octubre de 1990, lxs trabajadores y trabajadoras de Chubut se movilizaron masivamente contra las reformas neoliberales de entonces, en un proceso que fue conocido como el “Chubutazo”. En 2021, tras seis días de marchas, cortes y enfrentamientos, el pueblo de la provincia construyó un nuevo y victorioso Chubutazo: la ley prominera fue derogada el 21 de diciembre. La confluencia del movimiento obrero con las reivindicaciones ambientales dio un nuevo y triunfal paso, con enseñanzas claves para pensar las luchas que se auguran en nuestro futuro cercano.

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Recomendaciones bibliográficas

Un hito olvidado

En un momento ascendente de la lucha de la clase obrera, ésta protagonizó en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores un hecho que, por su envergadura, los diarios de la época compararon con la llamada Semana Trágica. 

Desde el estallido de la crisis mundial de 1929 y el golpe de estado que al año siguiente inauguró la Década Infame, la clase obrera venía sufriendo una fuerte ofensiva, con desocupación, sobreexplotación, persecución y exclusión política. La Confederación General del Trabajo (CGT)fundada en 1930, cinco años después estaba dividida. En ese proceso, la huelga general de enero de 1936 constituyó un hito fundamental para el movimiento obrero en Argentina.

La huelga general fue declarada por el Comité de Defensa y Solidaridad con los Obreros de la Construcción, quienes estaban en huelga desde octubre del año anterior. Lo constituían 68 organizaciones sindicales de asalariados/as de la industria y el comercio y algunas organizaciones gremiales de pequeños patrones.

Las medidas de fuerza comenzaron el 7 de enero a las 6 de la mañana con el paro del transporte, concentraciones, manifestaciones y marchas programadas desde los bordes de la ciudad, con muchos adherentes que iban llegando desde localidades vecinas a la Capital. Rápidamente la situación se convirtió en una batalla campal, con fuertes enfrentamientos callejeros.

Piquetes de huelguistas y habitantes de los barrios –mujeres, muchachos, niños y hombres, e incluso integrantes de las capas pauperizadas del proletariado– recorrieron la ciudad invitando a parar, atacando ómnibus y tranvías e incendiando estaciones ferroviarias. Las masas movilizadas protagonizaron choques callejeros con la policía, que debió replegarse y atrincherarse en el Centro de Buenos Aires, junto a tropas del Ejército y la Marina, mientras gran parte de la ciudad quedaba en manos de los manifestantes. Los choques armados dejaron como resultado alrededor de 10 manifestantes y 4 policías muertos, cientos de detenciones y 81 medios de transporte destruidos.

A partir del mediodía se produjo el contraataque: fuerzas del Escuadrón de Seguridad y agentes ciclistas y motociclistas patrullaron las calles de Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Urquiza, el Ejército ocupó el Departamento Central de Policía, camiones blindados de la municipalidad y de bancos privados fueron puestos a disposición de la policía, mientras civiles armados tiroteaban a grupos de manifestantes. Por la tarde, un nuevo choque con las fuerzas policiales impediría la realización del acto central en Plaza Once. En esas condiciones, el Comité habría de declararla continuidad de la huelga general por 24 horas más, reclamando la libertad de los presos.

La huelga recibió declaraciones de solidaridad de la CGT Independencia y la CGT Catamarca, aunque éstas no adhirieron ni participaron de la convocatoria. Sin embargo, la envergadura y drasticidad de la huelga habría de potenciarla fuerza del movimiento obrero organizado, que pudo convertirse en convocante de partidos políticos opositores al gobierno de la Concordancia para formar un frente democrático y antigubernamental.

En un aspecto, esta huelga nos remite al proceso de constitución de los obreros de la construcción como fracción social. Pero lo más significativo fue que con ella la lucha devino política, activando a la clase como conjunto y mostrando un momento del pasaje de la lucha económica por intereses inmediatos de los obreros de la construcción, y de la clase obrera en general, a su lucha política por insertarse en el sistema institucional en las mejores condiciones posibles, pugnando por el reconocimiento legal de sus organizaciones sindicales y políticas.

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Recomendaciones bibliográficas

El hito obrero de la resistencia peronista

Hito de las movilizaciones obreras de 1959, la huelga y ocupación del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre constituye un símbolo de la resistencia peronista y la lucha obrera en defensa de la soberanía nacional.

Algunas veces, en la historia de la clase obrera las derrotas se convierten en símbolos. Tal fue el caso de la huelga y toma del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre. Ubicado en el barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires, el frigorífico que se había fundado como una empresa municipal, fue nacionalizado por el gobierno peronista con el objetivo de fijar el precio testigo de las carnes.

De acuerdo a los postulados desarrollistas y para facilitar la influencia de los frigoríficos norteamericanos, el presidente Arturo Frondizi presentó el 13 de enero de 1959 un proyecto de reforma de la Ley de Carnes. Entre muchas desregulaciones, la ley planteaba el traspaso del establecimiento a la Corporación Argentina de Productores (CAP), con el objetivo de “modernizar” la producción. La CAP, controlada por los productores ganaderos y subsidiada por el estado, se había asociado a capitales ingleses para gestionar el frigorífico.

Los trabajadorxs marcharon al Congreso para denunciar la privatización. Al día siguiente, con la ley ya aprobada, nueve mil obrerxs reunidos en asamblea votaron unánimemente la toma del establecimiento; dirigidos por Sebastián Borro, consiguieron el masivo apoyo del barrio y de sus fábricas. El movimiento de solidaridad ya se había extendido incluso a otras ciudades cuando, el 16 de enero, las 62 Organizaciones convocaron a una huelga general por 48 horas.

El 17 de enero por la mañana, la policía irrumpió con sus tanques para vencer la resistencia de lxs trabajadorxs y desalojar la planta. La huelga general se convirtió entonces en un paro por tiempo indeterminado que se extendería por todo el país. Rápidamente, la mayoría de los dirigentes sindicales de las 62 Organizaciones fueron detenidos. Finalmente, el día 20, el paro llegaba a su fin. La efectividad de la represión allanó el camino a la CAP, que asumió el control del frigorífico, despidiendo en menos de un mes a más de cinco mil trabajadorxs.

La lucha contra la privatización del Frigorífico Nacional, aunque habiendo sobrellevado una derrota, se ha convertido en un hito insoslayable en la memoria de la clase obrera argentina. Un hecho probatorio de la vigencia de una identidad que, armada de un nacionalismo de clase, mantendría vigente la relación entre las luchas obreras y el antiimperialismo.

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Más respeto

Hace un siglo, los extensos dominios de La Forestal se vieron sacudidos desde abajo, cuando las clases trabajadoras del norte santafesino dijeron basta a dos décadas de intensa explotación laboral y despótico control. La violenta reacción de la empresa y del estado provincial contribuyó a un modelo de violación de derechos humanos que se haría extensivo hacia otras regiones y en el tiempo.

Hace 100 años, los pueblos de la cuña boscosa del norte santafesino se rebelaron contra La Forestal, una compañía británica que explotaba tierras, maderas y ferrocarriles. No fueron sólo hacheros u obreros rurales. Tampoco sólo los trabajadores de las fábricas, aunque su rol fue central. Fue una rebelión que contó con la participación de todas las familias, mujeres, obreros, obreras, empleados y empleadas, comerciantes y gente suelta. Organizaron los sindicatos y luego de sucesivas huelgas parciales, presentaron un largo pliego de condiciones: reclamaban mejor vida, trabajo digno y más respeto de parte de las jerarquías empresariales. Tenían el apoyo de las grandes federaciones obreras. La “gran huelga” de fines de 1919 fue violenta. La empresa usó sus guardias privadas. El gobierno de la provincia envío fuerzas de seguridad y el gobierno nacional hizo lo propio con el Regimiento 12 de Línea, que integraba el joven teniente Juan Perón.

Ganaron. Entonces se inició la lucha más acuciante, con el objetivo de que la empresa cumpliera con los derechos conseguidos. Sin embargo, el gobierno provincial y la compañía reaccionaron de la peor manera. No consiguieron el asiento permanente del ejército, pero crearon por decreto una policía montada especial, una Gendarmería Volante que, como admitió su jefe más tarde, se integró con “malos elementos”. La Forestal pagó hasta la última bala y montura de esta fuerza criminal. Al mismo tiempo, llevó adelante un lockout, cerrando las fábricas. Desorientados, desocupados y perseguidos, grupos obreros ganaron el monte. Anarquistas y sindicalistas revolucionarios discutían desde fines de 1920 sobre cuál era el camino a seguir. La brutal reacción de la burguesía se hacía sentir en Santa Fe, pero también en otros lugares del país, como Buenos Aires, Gualeguaychú, Las Palmas y la Patagonia. 

Sin lograr ponerse de acuerdo, el 29 de enero de 1921, los grupos orientados por el anarco-comunismo intentaron tomar los principales pueblos fabriles. Las fuerzas del orden los rechazaron y la policía montada, dirigida por la empresa, salió a su caza. Los directivos de la compañía acusaron a los trabajadores de formar “soviets” y encabezar una “campaña de desprestigio” contra su “obra de civilización y cultura”, como gustaban llamarla sus directivos. La prensa no se hizo cómplice de aquel terror: “Un Crimen de Lesa Humanidad está Cometiendo La Forestal”, se llegó a titular. Los socialistas calcularon entre 500 y 600 muertos. Al poco tiempo, en la legislatura santafesina se narraron los trágicos destinos de las y los humillados: desplazamientos forzosos, persecuciones, violaciones, asesinatos.

La masacre fue el cimiento de un nuevo orden productivo y social. Con nuevas estrategias, los directivos de La Forestal se dedicaron a reconstruir su autoridad. No tuvieron el éxito asegurado y, de hecho, una y otra vez se hizo sentir el rumor de la protesta, organizándose desde abajo el descontento obrero. Sin embargo, frente al inicio de la segunda gran guerra, y avizorando profundas transformaciones en la industria del tanino que hasta entonces dominaba, la empresa activó el plan de retirada del país, que completaría en la década de 1960.

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UN MOTOR DE LA LUCHA OBRERA EN LA CÓRDOBA REBELDE

El triunfo de la Lista Marrón en Perkins marcó un nuevo hito en el proceso de radicalización obrera posterior al Cordobazo. Al desplazar a la burocracia sindical del SITRAP, dio inicio a un profundo proceso de democracia y lucha gremial y política.

El 2 de febrero de 1973, la Lista Marrón triunfaba en las elecciones del Sindicato de Trabajadores de Perkins (SITRAP), logrando así relegar a la burocracia sindical liderada por Francisco Angulo y extendiendo la influencia del sindicalismo clasista en Córdoba en el mismo momento en que se iniciaba el tercer gobierno peronista.

Perkins era una empresa de capitales nacionales e ingleses dedicada a la producción de motores diésel livianos, que había comenzado su actividad en Córdoba en 1961 y ocupaba unos 1000 trabajadores. La recuperación del SITRAP se originó a partir de la iniciativa de un grupo de activistas liderados por referentes como Juan Villa, Américo Aspitia y Miguel Ángel Agüera: los “Obreros Combativos de Perkins”. Con los ejemplos de SITRAC-SITRAM y el SMATA Córdoba, a partir de 1972 fueron conquistando la mayoría del cuerpo de delegados, la comisión interna de reclamos y la representación paritaria para la negociación del convenio. En febrero de 1973, cuando se convocaron las elecciones de Comisión Directiva, dieron forma entonces al “Movimiento de Recuperación Sindical de Perkins” y la Lista Marrón. Con sus candidatos elegidos en asamblea, esta obtuvo una resonante victoria, desalojando por primera vez de la conducción sindical a la lista oficialista del peronismo ortodoxo.

En los tres años siguientes, el SITRAP desarrolló un modelo de democracia obrera basado en la activa participación de las bases. Las reivindicaciones sobre condiciones laborales (categorías, insalubridad, atención médica, alimentación y control de la producción) ocuparon un lugar prioritario. Al mismo tiempo, fueron fuertemente críticos del Pacto Social, la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales y el incremento de las políticas represivas estatales y paraestatales que los tuvieron como uno de sus blancos. Por otra parte, se destacó su rol en la política sindical de Córdoba, participando en la CGT Regional junto con los sectores combativos de los gremios Independientes, Legalistas y Clasistas y de los ciclos de lucha obrera impulsados por el Movimiento Sindical Combativo (MSC) y la Mesa de Gremios en Lucha. 

En medio de un clima político signado por un creciente terrorismo de Estado la Lista Marrón obtuvo una contundente reelección en 1975, manteniéndose al frente del SITRAP hasta el mismo momento del golpe de 1976. La represión dictatorial puso fin al proceso de movilización y combatividad de los trabajadores de Perkins, pero no logró suprimir la memoria de una de las experiencias clasistas más destacadas de la Córdoba setentista. 

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Recomendaciones bibliográficas

Dos caminos para el movimiento obrero

En un histórico debate televisivo, Agustín Tosco y José Ignacio Rucci expusieron dos proyectos sindicales y políticos contrapuestos para el movimiento obrero y la Argentina de los años 70.

Tras varios meses de una aguda polémica por vía de cartas y declaraciones, el 13 de febrero de 1973 la televisión ofició como escenario de la confrontación pública entre los dos principales referentes de las estrategias que atravesaban por entonces al movimiento obrero argentino. Bajo la conducción de Gerardo Sofóvich, Jorge Conti y otros entrevistadores, y mostrando el importante lugar que ocupaban los sindicalistas en el debate público, José Ignacio Rucci y Agustín Tosco confrontaron cara a cara en el programa Las dos campanas del viejo Canal 11.

Rucci, referente del peronismo ortodoxo, había hecho su carrera sindical en el seno de la UOM vandorista. Gremialista profesionalizado, sin base propia y promovido desde arriba, era un exponente típico de la cuestionada “burocracia sindical”. En 1970 saltó desde un cargo de segundo orden hasta nada menos que la Secretaría General de la CGT, donde, con el aval de Perón, asumió la misión de restaurar el verticalismo sindical y contribuir a la reorganización del justicialismo. Como exhibió en el debate, en su perspectiva el objetivo del movimiento obrero debía ser constituirse como un “factor de poder” que hiciera posible el retorno electoral del peronismo al gobierno. La condición para esto era una conducción a cargo de las 62 Organizaciones Peronistas y un aparato sindical unido monolíticamente, que acatara disciplinadamente las directivas de la CGT y los “cuerpos orgánicos”.

Tosco, marxista independiente y líder del Sindicato de Luz y Fuerza y la CGT de Córdoba, integraba el Movimiento Nacional Intersindical y era el principal referente de la oleada antiburocrática y combativa que recorría el sindicalismo argentino. Había ganado reconocimiento nacional merced a su rol protagónico en la CGT de los Argentinos y en el Cordobazo, lo que le valió varios años de prisión. Tal como afirmó en la polémica, en su visión el fundamento del movimiento obrero no estaba en su estructura burocrática, sino en la democracia de base y en un pluralismo político que pusiera por delante los intereses de clase. Éste era el camino para construir un “sindicalismo de liberación”, mediante el cual los sindicatos pudieran actuar como una palanca para la lucha revolucionaria por la liberación nacional y social y la construcción del socialismo, lo que requeriría la unidad de todas las fuerzas democráticas, populares, revolucionarias y antiimperialistas.

El debate Tosco-Rucci puso en evidencia dos proyectos contrapuestos respecto de la organización y el rol de los sindicatos. Dos estrategias que trascienden la coyuntura histórica y transforman dicha polémica en un documento insoslayable para pensar el pasado, el presente y el futuro del movimiento obrero argentino.

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Recomendación bibliográfica

Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras

Desde el siglo pasado, el 8 de marzo es un día de lucha feminista y obrera. Su origen, fecha y demandas continúan siendo temas en pugna. En Argentina, la efeméride surge en 1984 como iniciativa del movimiento feminista, que decidió salir ese día a las calles a manifestarse y presentar sus demandas.

Esas mujeres movilizadas contaban con una larga tradición de luchas por derechos. Son ejemplos de esa historia, las anarquistas y socialistas de fines del siglo XIX, las sufragistas de la década de 1910, las que finalmente obtuvieron el voto femenino en 1947, como así también, más acá en el tiempo, las que lograrían el cupo femenino sindical, entrado ya el siglo XXI. Los Paros Internacionales de Mujeres, llevados a cabo desde 2017, reactualizaron el carácter de clase del 8M en nuestro país y en otras partes del mundo, colocando en el centro del debate político las labores remuneradas -o no-, con las cuales las mujeres sostenemos el mundo y la reproducción de la vida.

El origen de la fecha es incierto, pero denota en todos los casos su dimensión laboral y social. Suele vincularse al homenaje a las 129 obreras textiles quemadas vivas en una fábrica de New York en 1857, en represalia a su protesta por derechos laborales. Sin embargo, no existen evidencias sobre esta huelga, la que parece confundirse con otras luchas que tuvieron lugar allí: un extenso paro de modistas entre noviembre de 1909 y mediados de febrero de 1910, y la huelga del 29 de marzo de 1911 en la fábrica Triangle Shirtwaist Company, debido al trágico suceso donde murieron casi 150 mujeres, la mayoría chicas jóvenes inmigrantes – judías e italianas –, por las pésimas condiciones de seguridad de la fábrica.

Como sea, el 8M fue ratificado por la ONU en 1975, en la Conferencia Mundial de la Mujer, y por la UNESCO en 1977, cuando se lo reconoció como el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué desdibujaba esta oficialización? En el contexto revolucionario de los años setenta, hubo de funcionar como una suerte de ocultamiento del nacimiento socialista y obrero del 8M. La decisión original de celebrar un día internacional de las mujeres trabajadoras había sido, en realidad, el resultado de una resolución de la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague en agosto de 1910. En esa ocasión, trabajadoras socialistas norteamericanas y europeas acordaron que debía existir un Día de la Mujer Trabajadora específico, distinto al ya establecido 1° de Mayo. Al parecer, la primera conmemoración del 8 de marzo fue en Alemania al año siguiente. También fue el 8 de marzo, pero de 1917, cuando las obreras textiles de Petrogrado decidieron tomar las calles, dando el puntapié inicial al proceso que habría de culminar en el derrocamiento del zarismo y la Revolución Rusa.

En el contexto actual de crisis, políticas de ajuste y represión, nos urge recuperar este sentido clasista de nuestra fecha, no para rectificar un error histórico abstracto, sino para transformar el momento presente. Recuperar la historia de las trabajadoras es una de nuestras mejores armas para las batallas cotidianas y colectivas que nos esperan.

*Ludmila Scheinkman, Laura Caruso, Carolina Brandolini y Andrea Andújar

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Recomendaciones bibliográficas

Un soviet en cada puerto

Luego de trece meses de lucha, la Federación Obrera Marítima levantaba triunfante la huelga por el control sindical del trabajo a bordo contra la naviera más poderosa de la región: la compañía Mihanovich. Fue éste un acontecimiento clave en la disputa entre capital y trabajo en la Argentina agro-exportadora.

En 1920 todos los trabajadores mercantes del país, -tripulantes, oficiales y capitanes-, unidos en un Comité de Huelga, sostuvieron una acción huelguística en defensa del control del trabajo a bordo. Para espanto de las compañías navieras, desde finales de 1916 y luego de una huelga general del sector, la FOM había impuesto a sus federados como única mano de obra, controlando así la contratación de tripulantes. Como inmediata respuesta patronal se desató una intensa campaña por el derecho al trabajo “libre”. En pos de eludir la injerencia gremial, la compañía Mihanovich cambió la bandera de sus embarcaciones. También agitaron el miedo al peligro rojo, avivado por los sucesos de la Semana Trágica: un manifiesto de la patronal Asociación del Trabajo aseveraba que la FOM era el soviet del puerto de Buenos Aires. El Estado, por su parte, había organizado por decreto en 1919 un registro de tripulantes, sin mayor éxito ante la continuidad del control fomista.

El 12 de febrero de 1920, la Federación inició la huelga en solidaridad con otras luchas portuarias y contra el lockout declarado por Mihanovich. Rápidamente la situación se transformó en una protesta abierta en defensa del control del trabajo a bordo. La solidaridad con la huelga incluyó otras secciones provinciales de la FOM, trascendiendo barcos y puertos: involucró a la comunidad barrial de La Boca y sus comerciantes, y a sindicatos de la central obrera FORA IX. Para sostener la medida en el tiempo se desplegaron distintas acciones. El Sindicato de Mozos y Cocineros de a bordo organizó un comedor para huelguistas y sus familias. Se organizó también un sistema de turnos para que 4 mil huelguistas rotaran por otras flotas y cobraran así un salario. Quienes no rotaban, como los maquinistas y técnicos, contribuirían con un monto mensual. La huelga mostró también la potencia de la unidad y solidaridad lograda entre los trabajadores de la tripulación y aquellos de mayor calificación y jerarquía, los capitanes y oficiales. Una alianza inédita que iba contra la tradicional disciplina patronal y laboral a bordo.

El acuerdo finalmente alcanzado con la empresa en marzo de 1921 involucraría el reconocimiento de la FOM y su atribución sobre el control del trabajo. No obstante, dos meses más tarde, una nueva ofensiva patronal y estatal militarizaría el Puerto de Buenos Aires, expulsando a los obreros federados, imponiendo por la fuerza el trabajo “libre” y sumergiendo en una crisis a la conducción de la federación. Con todo, la larga huelga marítima fue una verdadera demostración del poder colectivo de los trabajadores, sus familias, sus organizaciones y su comunidad.

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Y Villa se hizo Marrón

El Villazo fue un momento clave en la historia del movimiento obrero de los setenta. porque demostró la capacidad de la clase obrera para conducir la movilización de una comunidad local que articulaba sus reivindicaciones específicas con las generales de la ciudad.

A fines de la dictadura de Lanusse e inicios de la recuperación democrática de 1973, entre los trabajadores metalúrgicos villenses resurgió un espíritu de organización que expresaba el descontento de la clase obrera local contra las patronales, la burocratización y el centralismo de los sindicatos. Ese proceso se consolidaría con las creaciones del Movimiento Metalúrgico “7 de setiembre” para las elecciones a Cuerpo de delegados y Comisión Interna (1973), y de la Lista Marrón para disputar la seccional.

El 7 de marzo de 1974, luego de un incidente en Acindar entre la Comisión Interna y los nuevos interventores de la UOM designados por Lorenzo Miguel, estos últimos decidieron desafiliar a los trabajadores involucrados en la protesta. Frente a esto, una multitudinaria asamblea decidió la paralización y toma de la fábrica Acindar para evitar los despidos y exigir la convocatoria urgente a elecciones. No obstante, el día 9 una asamblea aceptó la propuesta realizada por una pluralidad de instituciones locales, levantó el paro y reanudó las actividades. Luego de intensas negociaciones e intermediaciones que fracasaron por la intransigencia de la intervención, el día 11 otra asamblea decidió ocupar nuevamente Acindar y tomar como rehenes al personal jerárquico.

Al día siguiente, los obreros de diferentes sectores locales paralizaron sus actividades en solidaridad. Simultáneamente, comenzaron las amenazas y atentados de grupos de ultraderecha contra los huelguistas y sus aliados. Se organizó una comisión de mujeres y se recibió el apoyo de activistas de otros gremios del país, políticos y funcionarios.

La solidaridad de algunos sindicatos -como docentes y ferroviarios-, podría atribuirse a que compartían direcciones combativas, sin embargo, la mayor parte acompañó la lucha por fraternidad, por la representatividad de los dirigentes (Piccinini, D´Errico, Porcu, entre otros), por el ethos de una comunidad obrera y por  la convicción de que la unidad en la lucha era imprescindible para el triunfo de la clase trabajadora. Las reivindicaciones -vinculadas con un combativo clima de ideas, con los derechos sindicales y laborales conculcados, y con demandas locales muchas veces postergadas- le otorgaron al movimiento una gran popularidad, adhesión que se extendería a otros colectivos de la ciudad.

Finalmente, el 16 de marzo de 1974 se firmó un acta acuerdo donde la burocracia sindical se comprometía a normalizar la seccional en 120 días. Esta gesta habría de culminar con una marcha hacia la plaza central de Villa Constitución que convocó a más de 12.000 personas, en una ciudad que apenas superaba los 25.000 habitantes. Por la profunda democracia sindical y combatividad demostrada y una unidad en la lucha que excedió a la propia clase obrera, se iniciaba con este triunfo de la clase obrera villense uno de los procesos más interesantes de la historia del movimiento obrero argentino. Tan sólo un año después, esto sería truncado por la represión del llamado Operativo Serpiente Roja del Paraná, sin embargo las enseñanzas de este proceso en la clase obrera y en el pueblo villense se sostienen hasta la actualidad.

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Recomendaciones bibliográficas

Contra la “subversión industrial” y los “soviets de fábrica”

La represión de la conflictividad obrera y la persecución a activistas e integrantes de comisiones internas y agrupaciones sindicales antiburocráticas comenzó bastante antes del golpe de Estado, si bien la violencia ejercida sobre las y los trabajadores se habría de profundizar – tanto en su escala como en su magnitud – a partir del 24 de marzo de 1976.

Durante el año 1975, y con el argumento frecuente de enfrentar a la “guerrilla fabril” o la “subversión industrial”, se produjeron intervenciones violentas a cargo generalmente de fuerzas policiales en las principales zonas industriales del país (como sucedió en Villa Constitución, en el norte del Gran Buenos Aires o en algunas provincias del NOA), siendo parte de un ciclo represivo que continuaría luego del golpe de Estado. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas asumían el comando y ejecución de la represión, convocadas por el gobierno constitucional para aniquilar a la denominada “subversión”. Desde febrero, en la provincia de Tucumán y, a partir de octubre, en todo el territorio nacional. Éste sería dividido en zonas, subzonas y áreas bajo control de las autoridades militares y con la activa participación de policías y otras fuerzas de seguridad.

Desde el mismo día del golpe de Estado, la represión se abatió sobre las y los trabajadores y sus organizaciones con el objetivo de eliminar las condiciones que –en palabras del ministro de trabajo, el General Liendo- habían favorecido la “agresión subversiva”, los “soviets de fábrica” y la “inmoralidad” de las cúpulas. La Junta Militar intervino la CGT y decenas de entidades sindicales y federaciones, se clausuraron sedes gremiales y se produjo la detención de cientos de dirigentes y activistas (unos pocos vinculados al peronismo ortodoxo y, la inmensa mayoría, a corrientes sindicales de izquierda o antiburocráticas). Asimismo, desde la madrugada del 24 de marzo efectivos militares y policiales ocuparon varias plantas fabriles en las principales áreas industriales, se establecieron rigurosos controles sobre el personal de empresas estatales y privadas e, incluso, se instalaron centros clandestinos de detención en algunas de ellas.

La violencia que se desplegó en particular durante los primeros años de la dictadura a través de diversos dispositivos represivos afectó brutalmente a trabajadores y trabajadoras, con un saldo de miles de detenidos, desaparecidos –en una cifra aún imprecisa que la CONADEP estimaba en cerca del 50% del total de las víctimas- y exiliados. Asimismo, cuando se produjeron conflictos en diversos sectores y ramas de la producción y los servicios, la respuesta del gobierno militar fue, en general, represiva. Ésta se tradujo en detenciones, secuestros y desapariciones de activistas y dirigentes sindicales (el caso más resonante fue el del líder del sindicato lucifuercista, Oscar Smith, en febrero de 1977), la prohibición o ilegalización de las medidas de fuerza o la represión directa sobre las movilizaciones callejeras, como sucedió el 30 de marzo de 1982.

Lad.

Finalmented.

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Recomendaciones bibliográficas

Militares y núcleos del poder económico contra el poder obrero

La dictadura iniciada con el golpe del 24 de marzo de 1976 se caracterizó por la confluencia y articulación entre sectores del poder económico y las fuerzas armadas, quienes coincidieron en la ambición de refundar las bases económicas, sociales y laborales.

Un rasgo central de la última dictadura en Argentina fue la alianza de los militares con diversos sectores del poder económico y financiero local e internacional, en un contexto de cambio de etapa en el capitalismo global. Esta vinculación se dio en distintas dimensiones y niveles que incluyeron articulaciones ideológicas e institucionales, relaciones económicas y financieras con el gobierno de facto y, finalmente, una confluencia militar-empresarial en el desarrollo de políticas represivas dirigidas, especialmente, contra trabajadores/as y sindicalistas.

Un sector del poder económico había contribuido con el golpe de Estado, realizando lockouts y campañas mediáticas durante 1975 y los primeros meses de 1976. Una vez derrocado el gobierno, gran cantidad de figuras vinculadas a los núcleos del poder económico participaron de la dictadura. Algunos lo hicieron a través de nombramientos en cargos gubernamentales y otros a través de puestos de asesoramiento externo. Una figura clave en este sentido fue José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía entre 1976 y 1981, quien había ocupado la presidencia del directorio de Acindar, una firma siderúrgica profundamente implicada en la represión a trabajadores a partir de 1975. 

En el marco de una redistribución regresiva sin precedentes del ingreso y de una serie de transferencias desde el Estado al capital concentrado por diversas vías, incluyendo la estatización de la deuda privada de grandes empresas, se llevó adelante una articulación militar-empresarial en el desarrollo de políticas represivas. Desde la dictadura y a lo largo de todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, hubo denuncias de trabajadores/as y organizaciones sindicales sobre el proceso represivo del que fueron blanco: se apuntó a dirigentes sindicales, delegados/as y comisiones internas como así también a activistas en todas las ramas económicas. El Nunca Más, el Juicio a las Juntas, los Juicios por la Verdad, así como procesos iniciados por trabajadores/as en el fuero civil y laboral y la investigación académica han ofrecido evidencias contundentes de esta responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad.

En casos como Acindar, Ford, La Veloz del Norte, Mercedes-Benz, Dálmine Siderca, Propulsora Siderúrgica, Ingenio Ledesma, Ingenio La Fronterita, Astilleros Río Santiago, Astilleros Astarsa, La Nueva Provincia, Las Marías, entre otros, se han documentado aportes centrales como la provisión de recursos logísticos y materiales para la represión, incluyendo información, listas de delegados y vehículos para el transporte de secuestrados. En algunos casos, la presencia de funcionarios empresariales en la represión y, en al menos 5 casos, la existencia de centros clandestinos de detención en las mismas plantas. 

Esta relación entre el núcleo del poder empresarial y las políticas económicas, laborales y sociales regresivas, así como la represión, conforman un eje central no sólo para el análisis de este proceso histórico, sino también para la comprensión del presente y la disputa por el futuro.

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Recomendaciones bibliográficas

La dictadura que no sólo apretó el bolsillo de los y las trabajadoras

Dimensionar el ataque económico a la clase trabajadora que llevó a cabo la última dictadura militar ofrece claves para comprender la ofensiva actual de las clases dominantes en nuestro país.

El salario varía históricamente, y en algunos momentos, puede rozar el límite mismo de la supervivencia. Esto sucedió en la dictadura gracias a la implementación de una violencia represiva extrema, tanto estatal como patronal, contra los y las trabajadoras y sus organizaciones.

Durante la última dictadura cayó el salario real y el indirecto –formado por gastos que el Estado realiza y que derivan en un mayor acceso social a bienes y servicios–. Esto afectó directamente la calidad de vida y las posibilidades de proyección a futuro. Algunos datos: el salario real cayó casi un 40% respecto de 1974, se cerraron más de 20.000 establecimientos fabriles, disminuyó la actividad manufacturera y su importancia en la economía. Se perdieron aproximadamente 800.000 puestos de trabajo sólo en el sector industrial, a la vez que aumentó la productividad laboral (entre 1976 y 1990 en un 37%). Esos puestos de trabajo destruidos habrían de equivaler a la totalidad de personas desocupadas en 1990. Se consolidó una tendencia difícil de revertir: la caída abrupta de la participación de los y las asalariadas en la distribución del ingreso, es decir, de la porción que éstos reciben de la riqueza generada, pasando de 45 puntos a favor en 1974, a 25 en 1977.

La desindustrialización marcó un camino de desocupación, subocupación y precarización del empleo por la vía de nuevas modalidades inestables de contratación y un aumento del cuentapropismo. Entre 1976 y 2002 se pasó de 1.8 millones de obreros/as industriales ocupados/as a 500 mil. De la mano de políticas aperturistas, reforma financiera, desregulación de la relación capital- trabajo y redefinición del rol del Estado, se promovió la financiarización y la primarización de la economía.

La dictadura no sólo apretó el bolsillo y destruyó miles de puestos de trabajo, también afectó las posibilidades de organización y el sentido de pertenencia de clase y de comunidad entre quienes viven de su trabajo. La arquitectura represiva, legal e ilegal, prohibió toda actividad gremial: el derecho a huelga, las negociaciones colectivas y paritarias, la realización de asambleas. Este ataque a lo sindical, junto con el cambio en la legislación laboral, debe entenderse como parte del ataque económico, ya que permitió individualizar las negociaciones, anuló conquistas en los regímenes de salubridad y habilitó la expansión de la informalidad, la tercerización laboral y la fragmentación. Se conformó así un núcleo de trabajadores y trabajadoras sometidos a condiciones laborales inestables y notablemente inferiores, que son la variable de ajuste en momentos de crisis o disminución de la producción, estando compelidos a aceptar estas condiciones por temor al desempleo.

En el nombre de la libertad, se promovió, en realidad, plena libertad para aquellos cuya renta, ocio y seguridad no necesita aumento, y apenas una miseria de libertad para el pueblo. La misma ilusoria promesa de hoy día. 

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Otra víctima del terrorismo de Estado

Durante la última dictadura militar se reformó casi la totalidad de la legislación laboral con dos objetivos muy claros: debilitar la acción colectiva de los trabajadores y trabajadoras y restaurar el control patronal en los lugares de trabajo.

La elaboración de un nuevo marco institucional para regular las relaciones entre el capital y el trabajo no presentó demoras. El Acta para el Proceso de Reorganización Nacional del 24 de marzo de 1976 suspendió todas las actividades gremiales. En los meses siguientes y entre otras medidas, el gobierno intervino cientos de sindicatos, prohibió el ejercicio de medidas de acción directa y estableció penas de prisión para quienes se plegaran a ellas (leyes 21.261, 21.400 y 21.459), suspendió la negociación colectiva (ley 21.307), mutiló la Ley de Contrato de Trabajo (decreto 390/76) e impuso la obligación de volver a afiliarse a todos los integrantes de las organizaciones sindicales (decreto 385/77). Según algunas fuentes, la respuesta del 90% de los trabajadores a esta última medida fue la primera muestra silenciosa de una resistencia que iría creciendo a lo largo del tiempo.

En aquel primer momento, el objetivo del gobierno militar fue sentar las bases materiales para la reestructuración política y económica en curso. La legislación laboral acompañó así a la represión generalizada contra la clase trabajadora, cumpliendo un papel fundamental: modificar de raíz la relación de fuerzas existente hasta mediados de los años ‘70.

Recién cuando este proceso estuvo concluido, la dictadura pasó a una segunda etapa, en la que buscaría establecer pautas de regulación más duraderas. La reconfiguración de la estructura sindical (ley 22.105/79) y el nuevo régimen de obras sociales (ley 22.269/80) apuntaron a debilitar la capacidad de acción colectiva sin por ello modificar el sistema de sindicato único por rama de actividad. Para ello, limitó el alcance geográfico de los sindicatos de primer grado, ordenando la transformación de las uniones en federaciones, dispuso la disolución de los sindicatos de tercer grado -lo que implicaba la desaparición de la CGT-, limitó la cantidad de delegados en los lugares de trabajo, eliminó el fuero sindical que impedía el despido de éstos e impuso fuertes límites a las fuentes de financiamiento de los sindicatos.

SI bien hacia 1983 la estructura sindical no se había modificado sustancialmente en el plano formal, sí habían sufrido cambios muy importantes las relaciones intra sindicales. La represión física y jurídica contra el activismo de base y la retracción del empleo en la industria les otorgó a las direcciones centrales de los sindicatos una mayor capacidad de control vertical, al tiempo que las debilitó en su relación con los empleadores.

A 40 años de la recuperación de la democracia, las huellas de la legislación dictada durante la última dictadura militar siguen presentes. Las restricciones a la negociación colectiva fueron levantadas, y los sindicatos y las obras sociales cuentan con regulaciones dictadas por gobiernos elegidos democráticamente. Finalmente, los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo en su gran mayoría permanece según la redacción efectuada en mayo de 1976, reforzando el poder de los empleadores en los lugares de trabajo y limitando el ejercicio del derecho de huelga, entre otros. El legado de la dictadura, al menos en el texto de esta norma, aún sigue en pie.

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Quisieron desaparecer las luchas de la clase trabajadora

A casi cinco décadas del 24 de marzo de 1976, aún permanece un extendido desconocimiento social sobre las acciones de resistencia sostenidas por la clase trabajadora durante la dictadura. Con diversas modalidades y acorde a las diferentes coyunturas políticas y represivas, existieron en todo el período cientos de conflictos y acciones de oposición. En tiempos de negacionismos y ofensiva contra nuestras conquistas sociales, resulta fundamental conocerlas y reivindicarlas.

El golpe del 76 significó una feroz ofensiva contra la clase trabajadora. La dictadura se proponía desactivar la intensa movilización social y política abierta hacia 1969 y producir así una transformación radical en el mundo obrero, reestructurando los sindicatos y reduciendo el poder de lxs delegadxs en los lugares de trabajo.

El régimen golpeó con saña a delegadxs, activistas y dirigentes combativxs. Se sancionó toda una batería “legal” que suspendía el derecho a huelga, intervenía numerosos sindicatos y embestía contra la legislación laboral. Muchas patronales colaboraron con los secuestros de trabajadorxs, aprovechando la situación para reimponer su autoridad y despedir sin causa.

Durante los primeros meses, el régimen y las cámaras empresarias celebraban el aumento de la productividad y la “paz laboral”. No obstante, desde los lugares de trabajo se gestaban nuevas formas de lucha. Se multiplicaron las huelgas de brazos caídos, los sabotajes y diversas formas de entorpecer la producción sin apelar al conflicto abierto. En agosto y septiembre del 76, un reguero de conflictos en la industria automotriz terminó de romper el silencio. La dictadura respondió con violencia, y promulgó una nueva ley contra las huelgas con penas de hasta 10 años de cárcel. Al poco tiempo, se inició una prolongada confrontación en Luz y Fuerza, que se extendería hasta febrero del año siguiente.

Durante 1977 hubo dos grandes estallidos. Uno local, que tuvo en vilo al Gran Rosario durante 10 días. En octubre y noviembre se produjo una oleada de huelgas con epicentro en Ferroviarios que se extendería a muy diversos sectores de la industria y los servicios. Fue ésta una suerte de huelga general no declarada. En la prensa, se debatía si el movimiento era o no comparable con el Cordobazo. Sin embargo, hoy en día casi nadie la recuerda.

Hacia fines de 1978 se empezó a reorganizar el movimiento sindical y ya en 1979 el sector confrontacionista llamaba a la primera Jornada de Protesta Nacional. En un contexto marcado por la crisis industrial, se produjeron algunas luchas prolongadas y un último estallido huelguístico. Finalmente, en 1981, con el segundo paro nacional y la marcha a San Cayetano, habría de iniciarse un nuevo ciclo de protesta que concluiría con la histórica huelga con movilización de la CGT Brasil, el 30 de marzo de 1982. Después de Malvinas, y con un régimen que se caía a pedazos, se produjeron tres huelgas generales más. Sin dudas, es imposible comprender el colapso de la dictadura sin tomar en cuenta las resistencias obreras.

En los tiempos actuales, signados por la ofensiva contra nuestras conquistas y derechos, resulta fundamental reencontrarnos con estas luchas casi olvidadas. Tenemos la mochila cargada de derrotas, pero también de estas tradiciones que pueden ser la chispa de la esperanza y de nuevas resistencias.

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Recomendaciones bibliográficas

“Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra”

Tras meses de marchas y contramarchas, comenzaba el Congreso Normalizador Amado Olmos que llevaría al dirigente gráfico Raimundo Ongaro a la Secretaría General de la CGT; una expresión más de la creciente rebelión de las bases contra el vandorismo y la dictadura de la Revolución Argentina.

El movimiento obrero arribaba a 1968 institucionalmente golpeado por las intervenciones, la cancelación de las personerías gremiales y el congelamiento de los fondos de los sindicatos que habían salido a la calle contra los planes de racionalización y ajuste salarial impulsados por la dictadura de Juan Carlos Onganía: portuarios, azucareros, telefónicos, prensa, químicos, ferroviarios. Arribaba, también, tácticamente dividido entre combativos, participacionistas y la desorientada mayoría vandorista, cuya impotencia había quedado al desnudo en las idas y vueltas que habían terminado frustrando, justo un año atrás, un improvisado plan de lucha.

Con este escenario, no sorprende que el congreso haya transcurrido sus horas iniciales orillando el fracaso y signado por la división. Los delegados de Luz y Fuerza, Construcción, Vitivinícolas, Petroleros, Comercio y Metalúrgicos, jamás aparecieron por el local de la Unión Tranviarios Automotor de Moreno 2969, que fuera sede del encuentro. Por otra parte, y excusándose en impedimentos legales, la comisión encargada de organizar el cónclave trató de impedir la participación de los sindicatos intervenidos, imprescindibles para alcanzar el quórum necesario. Una vez superada la maniobra mediante la rigurosa aplicación del estatuto, varias organizaciones redoblaron el boicot, abandonando el congreso. Finalmente, luego de tres horas de febriles negociaciones y con 293 delegados sobre los 457 habilitados para participar, dieron comienzo las deliberaciones que producirían la llegada de una nueva conducción encabezada por Raimundo Ongaro el viernes 29, jamás reconocida por el Secretario de Trabajo Rubens San Sebastián, ni por los gremios vandoristas y participacionistas que se atrincheraron en el edificio de calle Azopardo, sentenciando la ruptura.

A pesar de su efímera existencia y de sus debilidades organizativas, la CGT de los Argentinos dejó una huella imborrable en el movimiento obrero de nuestro país. Alentó la rebelión de los de abajo desde una incansable prédica anti-dictatorial, anti-burocrática y anti-imperialista que habría de caracterizar a su emblemático periódico. Trascendió el porteñismo con su apuesta por la construcción regional y su combate contra el verticalismo. Sus locales constituyeron una referencia y un espacio de encuentro, no sólo para el peronismo revolucionario y las izquierdas, sino también para estudiantes, intelectuales y artistas. Minó la paz social anhelada por la Revolución Argentina con actos públicos, movilizaciones y puebladas como las de Villa Quinteros (Tucumán) y Villa Ocampo (Santa Fe).

Es por ello, sin duda, que un año más tarde la CGT de los Argentinos pudo reclamar su cuota en aquel mayo caliente que habría de iluminar el futuro, sentenciando al gobierno de facto de Onganía.

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El movimiento obrero y el colapso de la dictadura

Con epicentro en Plaza de Mayo y movilizaciones en las principales ciudades del país, una multitud de trabajadores y trabajadoras salió a las calles para protestar por la dramática situación económica y a exigir el fin de la dictadura. 

El golpe de estado de 1976 significó una feroz ofensiva contra la clase trabajadora. El terrorismo de estado golpeó con saña a delegadxs y activistas, mientras que se suspendía el derecho a huelga, se intervenían las principales organizaciones sindicales y se embestía contra la legislación laboral. Como resultado, se profundizó la redistribución regresiva de la riqueza, empeoraron las condiciones de trabajo y se multiplicó el cuentapropismo y la tercerización.

Durante el primer trienio hubo una resistencia de tipo molecular, combinada con olas de huelgas semi espontáneas. A partir de 1978, la dirigencia sindical comenzó a reorganizarse, pero dividida en dos líneas: “dialoguistas” y “confrontacionistas”. Estos últimos conformaron en 1980 la CGT Brasil, conducida por Saúl Ubaldini. 

Durante 1981 se vivió una verdadera ola de quiebras industriales. En julio, la CGT Brasil convocó a la segunda huelga general contra la dictadura, y en noviembre, a una multitudinaria marcha a San Cayetano bajo el lema “Paz, Pan y Trabajo”.

La movilización del 30 de marzo de 1982 fue parte de este ciclo de protestas. Se proponía entregar un petitorio al gobierno para exigir pleno empleo, distribución equitativa de la riqueza y vigencia del estado de derecho y de la Constitución. El régimen, en plenos preparativos de la Guerra de Malvinas, intentó prohibirla por todos los medios. No obstante, la convocatoria se mantuvo.

El día de la marcha la represión fue feroz. En Buenos Aires, la policía atacó a lxs manifestantes, que fueron calculados por distintas fuentes en un número entre 40.000 y 100.000; una cacería que se sostuvo hasta las primeras horas de la noche, con cientos de detenidxs, entre ellos Ubaldini, la Madre de Plaza de Mayo Norita Cortiñas y varios dirigentes cegetistas. En Mendoza, la marcha fue reprimida con particular brutalidad: cuando lxs manifestantes se dirigían a la Casa de Gobierno, fueron recibidos con disparos de ametralladoras. El saldo fue de seis heridos y un muerto: José Benedicto Ortiz.

En todo el país, las manifestaciones fueron saludadas por transeúntes y espectadores, al tiempo que recibieron la adhesión de diversas agrupaciones políticas, estudiantiles, e incluso, empresarias.

La movilización y la respuesta represiva pusieron sobre la mesa la verdad: el tiempo de la dictadura estaba casi agotado. Luego de la derrota de Malvinas, el colapso del régimen no tendría retorno: diversos movimientos sociales ocuparían las calles y el movimiento obrero motorizaría otras tres huelgas generales. La movilización del 30 de marzo de 1982 quedará como un hito de la lucha popular por la recuperación de las libertades democráticas y el derecho a la protesta.

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La carpa de la dignidad docente

A fines del gobierno menemista, la Carpa Blanca activó un conjunto de demandas en torno a la educación pública. A partir de una medida que innovó respecto a las tradicionales acciones de protesta sindical, se generaría un proceso de unidad de diversas luchas.

Ante la grave situación económica y social producto de las reformas del gobierno menemista (1989-1999), el deterioro salarial y el aumento de la precariedad en las condiciones del trabajo docente, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) instaló el 2 de abril de 1997 una carpa en la Plaza de los dos Congresos. Fue el inicio del ayuno docente como acción de protesta, basado en líquidos e infusiones, con asistencia médica permanente, un máximo de veinte días por persona y rotación de quienes desarrollaban la medida. Allí, frente al poder legislativo nacional, se reclamaba financiamiento educativo, en especial para un conjunto de provincias en conflicto por falta de recursos y desinversión en materia escolar.

Quienes ayunaban llevaban sobre sus delantales carteles con frases como “docente argentino ayunando” o “todos somos docentes”. Esos cuerpos docentes evidenciaban el aumento del hambre en una sociedad pauperizada que encontraba en la carpa un refugio, un espacio de encuentro, un testimonio de denuncia. Fue una medida diferente a las del repertorio clásico de huelgas y movilizaciones, con la que se buscó masificar la demanda y proponer un debate ante el proceso de desvalorización de la Educación Pública. Esa estrategia no fue compartida por todos los sectores opositores dentro de CTERA, que veían en esta acción la falta de un plan de lucha, el desvío de una huelga docente prolongada y la sola presencia de medidas en la Capital Federal, con el objetivo de apoyar a la Alianza, el frente político opositor al menemismo. No todos compartían el mismo punto de vista…

La Carpa Blanca representaba la figura de una escuela, instalada con pupitres y mesas, junto a una estatua de Sarmiento amordazado. Las actividades en su interior se multiplicaron y se convirtió en un símbolo referente de otras protestas sociales, siendo replicada con carpas y demás acciones en diferentes puntos del país. 

El 30 de diciembre de 1999 y por el apoyo de la conducción que dio CTERA al nuevo gobierno de la Alianza (1999-2001), se decidió levantar la Carpa, sosteniendo que se habían cumplido sus demandas con la aprobación en el Congreso de una ley de financiamiento educativo para solventar el llamado “incentivo docente”.

La Carpa Blanca se mantuvo en pie durante 1.003 días, ayunaron allí 1.380 maestros y más de 5.000 docentes colaboraron en diversas tareas. Fue visitada por miles de personas, logrando el apoyo de la población y de los medios de comunicación. En medio de las políticas neoliberales, la carpa logró quebrar el aislamiento, resistió la desacreditación de la tarea docente y fortaleció los lazos de unidad. El poder de su simbolismo logró el consenso de amplias capas sociales en torno al valor y la relevancia de la Educación Pública como derecho social que debe ser garantizado por el Estado.

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Paso, paso, paso… se viene el Mendocinazo

En un contexto nacional y mundial de fuertes cuestionamientos sociales y políticos al orden establecido, la provincia “siestera” despertó: el pueblo salió masivamente a las calles protagonizando la movilización más importante de la historia local.

El Mendozazo fue precedido por un tenso clima social en el que diversos sectores reclamaban por mayores derechos, libertades políticas -negadas por la dictadura de Alejandro Lanusse – y mejoras para sus condiciones de trabajo y de vida, a la par que luchaban por una transformación radical de la sociedad. En este contexto, un aumento dictado por Agua y Energía del 300% en las tarifas eléctricas generó enorme indignación popular y llevó a la conformación de la coordinadora “No pague la luz” que llamó a no abonar la tarifa eléctrica, convocando a una multitudinaria concentración el domingo 2 de abril de 1972. Frente a esta situación, la CGT local llamó a paro y movilización para el martes 4. Aunque la medida fue prohibida por las autoridades militares, miles de vecinxs y trabajadorxs ocuparon las calles.

La jornada comenzó con la represión en la puerta del Sindicato de Magisterio de las docentes, que llevaban cuatro semanas de huelga. Éste fue el detonante de la ira colectiva. Inmediatamente, el conflicto se trasladó a Casa de Gobierno, lugar donde el movimiento obrero organizado y miles de personas se enfrentarían con las fuerzas represivas usando piedras de las acequias y ramas que arrancaban de los árboles. “Men-do-ci-na-zo!! Men-do-ci-na-zo!!”, era el grito de guerra que surcaba hogueras y barricadas. Las protestas se extendieron hasta la noche, las detenciones fueron masivas y cayó asesinado el canillita Ramón Quiroga. En los barrios populares, lxs vecinxs se parapetaron y se defendieron con bloques de cemento y piedras, extendiendo el conflicto durante varios días. La represión subsiguiente produciría dos nuevos asesinatos: Susana Gil de Aragón y Luis Mallea.

El Mendozazo, además de frenar el aumento de tarifas, tuvo profundas implicancias organizativas en el movimiento obrero local. La docencia logró el ansiado proceso de unificación gremial y nació el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación; lxs estatales fundaron el combativo Sindicato de Obreros y Empleados Públicos; lxs bancarixs crearon Comisiones Gremiales Internas en todos los bancos y fundaron la Escuela Sindical Bancaria; y lxs contratistas de viñas lograron, tras décadas de lucha, el ansiado Estatuto que lxs considerara trabajadorxs con derechos.

Los ecos de este levantamiento popular aún resuenan en la memoria colectiva. A fines de 2019, el pueblo volvió a movilizarse masivamente, esta vez, frente a una iniciativa legislativa que buscaba habilitar la megaminería. En recuerdo de aquella histórica jornada, las asambleas en defensa del agua y los bienes comunes bautizaron la nueva pueblada como “el Mendozazo del agua” o, más simplemente, “el Mendoaguazo”. 

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Cuando la clase se imparte en la calle

Las suspensiones de las maestras sindicalizadas que fueron dispuestas por la Dirección General de Escuelas de la provincia representaron el detonante de la primera huelga del magisterio mendocino, convocada por su flamante organización gremial, Maestros Unidos

La inestabilidad laboral y el atraso crónico en el pago de los salarios fueron las causas que llevaron a la sindicalización de las maestras mendocinas a principios de 1919. Agrupadas primero en la Asociación Idea, a los pocos días surgiría Maestros Unidos, adhiriendo a la Federación Obrera Provincial Mendocina (FOPM) y a la Federación Obrera Regional Argentina del IX Congreso (FORA IX). Maestros Unidos se convertiría así en el primer sindicato docente del país en ingresar a una central obrera. La reacción del gobierno radical de José Néstor Lencinas sirve como testimonio de lo trascendental de la iniciativa para la época: rechazó el reconocimiento legal del gremio con el argumento de que la condición de género exponía a las maestras a la influencia corrosiva de la actividad de la clase trabajadora.

Las suspensiones dispuestas sobre lxs 180 agremiadxs dieron inicio a la primera huelga del magisterio. Para sorpresa de las autoridades, el conflicto habría de cobrar una fuerza inusitada. Niños y niñas en edad escolar, motivados por la injusticia cometida contra sus maestras, hubieron de sumarse a la lucha. Ambas huelgas –magisterial y estudiantil– paralizaron la actividad educativa, anticipando la ola de solidaridad con las maestras que desbordaría las calles mendocinas el 1ro de mayo. Estas acciones cimentaron el vínculo entre los heterogéneos eslabones de la clase trabajadora, amalgamando los intereses comunes forjados por personas de diferentes géneros, edades y funciones laborales dentro del sistema capitalista. Las medidas de lucha desplegadas por un novísimo sindicato docente, rodeadas de solidaridad de clase, y secundadas por componentes no organizados gremialmente –lxs pequeñxs huelguistas–, pusieron al descubierto la agencia combativa de las familias trabajadoras durante el conflicto.

Tras aquella fructífera experiencia de clase sobrevinieron amenazas, persecuciones y hostigamientos estatales y paraestatales que recayeron sobre las principales dirigentes docentes, Florencia Fossatti y Angélica Mendoza, entre otras. La falta de solución a las principales demandas del magisterio –salariales, de estabilidad, por derecho de agremiación– derivaría en dos nuevos paros sectoriales. Ambos culminaron en contundentes huelgas generales solidarias declaradas por la FOPM que habrían de interrumpir casi por completo el trabajo en la provincia: mientras que la huelga de agosto resultó triunfante, la de octubre no corrió la misma suerte. El movimiento fue caracterizado como antipatriótico, inmoral, sovietista y anarquizante. Tramitadxs como criminales, se desplegó una feroz represión policial que incluyó detenciones, allanamientos domiciliarios, cierre de locales obreros, encarcelamientos, secuestros y deportaciones interprovinciales. La dura derrota infligida a la clase trabajadora mendocina, sin embargo, no lograría opacar la potencia colectiva desplegada por mujeres, varones e infancias trabajadoras, lo que marcaría la identidad y combatividad del movimiento obrero provincial durante los años venideros.

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Los frutos del cordobazo

El triunfo en el SMATA Córdoba de la Lista Marrón encabezada por René Salamanca fue la expresión del proceso de radicalización abierto por el Cordobazo y de la unidad “antiburocrática, antipatronal y antidictatorial” lograda en el gremio, lo que inauguró un nuevo ciclo de conquistas y luchas para lxs mecánicxs y el sindicalismo clasista.

El 28 de abril de 1972, las urnas sancionaron el triunfo del Movimiento de Recuperación Sindical – Lista Marrón en las elecciones de la seccional cordobesa del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Se trataba nada menos que de uno de los sindicatos más poderosos de una de las provincias más convulsionadas de la Argentina, representante de alrededor de 10.000 trabajadores y trabajadoras automotrices.

El ascenso de la coalición de fuerzas sindicales encabezada por René Salamanca, que incluyó a múltiples tendencias clasistas, combativas y antiburocráticas, fue el fruto de las grandes luchas y del proceso de radicalización que lxs mecánicxs venían protagonizando desde el Cordobazo. Las ocupaciones fabriles y la huelga larga de  1970, la influencia de la experiencia clasista en SITRAC-SITRAM, la participación en las jornadas del Viborazo, fueron agudizando el choque contra las patronales automotrices y la dictadura de la autodenominada “Revolución Argentina”. Esto puso en crisis a la estrategia negociadora de la vieja conducción peronista del SMATA, de tendencia vandorista, y alentó al mismo tiempo el desarrollo de las corrientes opositoras que confluyeron en las elecciones del 72.

La victoria marrón inauguró una nueva etapa para el sindicato mecánico y el clasismo cordobés, fuertemente marcada por los cambios políticos que se abrieron con la retirada de la dictadura y el retorno del peronismo al gobierno en 1973.

El nuevo SMATA desplegó una profunda democracia sindical, con constantes asambleas, un vigoroso cuerpo de delegados, la formación de una comisión de mujeres y el retorno periódico de lxs dirigentes a sus puestos de trabajo. Rechazando el “Pacto Social” promovido por el gobierno, la movilización obrera logró importantes conquistas en salarios y condiciones de trabajo, frenó los despidos arbitrarios y recuperó el sábado inglés quitado por Onganía en 1969.

Los esfuerzos por la unidad del sindicalismo combativo se plasmarían en la lucha por la afiliación de los obreros de Fiat al SMATA, la incorporación de Salamanca a la conducción de la CGT Córdoba junto a Atilio López y Agustín Tosco, la constitución del Movimiento Sindical Combativo y el impulso y la participación en varios encuentros nacionales. 

Ratificando los avances logrados en este período, en 1974 la Lista Marrón obtendría una contundente reelección. La escalada represiva, la intervención del sindicato por parte del SMATA nacional y, finalmente, el golpe de estado de 1976, terminarían por truncar una de las experiencias más destacadas de democracia sindical, combatividad y compromiso con la emancipación de lxs trabajadorxs. 

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El lado oscuro de la prosperidad en la Argentina agroexportadora

Contratado por el gobierno de Julio Argentino Roca y siendo empresario, Juan Bialet Massé nos brindó un relato vívido de la situación de les trabajadores en la Argentina de principios del siglo XX.

Juan Bialet Massé fue ante todo un hombre de acción: llegado de España en 1873, su formación como médico y su carácter audaz le valieron una pronta acogida en la burguesía local. Ese mismo año asumiría un cargo como vicedirector del Colegio Nacional de Mendoza. En Argentina, se recibió de abogado, fue concejal en Córdoba y empresario. En 1903 escribió un proyecto de ley para regular las relaciones laborales, convirtiéndose en un precursor del Derecho Laboral en Argentina y América Latina. Rechazadas en ese momento, sus propuestas se irían legislando posteriormente. Con esos antecedentes, en 1904 fue contratado por el gobierno nacional, a cargo de Julio Argentino Roca, para realizar un estudio sobre la situación de les trabajadores en el país, el llamado “Informe Sobre el Estado de las Clases Obreras Argentinas”.

De lectura obligada para quien investiga el tema y amena para todo lector curioso, el informe desmiente con contundencia la mirada complaciente de la burguesía argentina sobre sí misma y su obra. A pesar del tono sexista y racista de algunos pasajes, el objetivo del autor fue reivindicar a los sectores más marginados y discriminados, como los trabajadores criollos e indígenas, y poner en evidencia la realidad de la mujer trabajadora en los talleres y en el hogar, apuntando siempre a los factores sociales y políticos que explicabas dichas situaciones.

El informe comienza señalando los ínfimos salarios pagados en la época, pese a las cuantiosas ganancias que se obtenían. En una recorrida que va desde Jujuy a San Luis y desde Mendoza a Entre Ríos, sus observaciones detalladas sobre las condiciones de trabajo en industrias emblemáticas, como la del vino cuyano o la azucarera en el noroeste, muestran las distintas formas de explotación sufridas por trabajadores y trabajadoras: las jornadas de trabajo extenuantes, el fraude en las proveedurías, las instalaciones insalubres, las viviendas paupérrimas, entre muchas otras. 

En aquella época, la Argentina se había convertido en una gran exportadora de granos, valiéndole el mote de “granero del mundo”. Allí crecía la riqueza de la clase dominante, y junto a ella, la ostentación plasmada, por ejemplo, en la arquitectura que acompañaba el desarrollo de las grandes ciudades. En el informe, esta prosperidad se nos presenta como un gigante con pies de barro, que descansaba sobre la degradación y el despilfarro de vidas humanas y recursos naturales.

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