«Una ley infame de expulsión contra los trabajadores extranjeros conscientes»

La Ley 4.144 fue la respuesta estatal inmediata de la burguesía argentina al incremento de la conflictividad social en los albores del siglo XX, mientras planificaba otras, más sofisticadas, para integrar en el sistema político a una clase trabajadora con fuerte presencia de inmigrantes.

Durante las últimas dos décadas del siglo XIX, la clase trabajadora argentina aceleró su organización gremial y política bajo el liderazgo de anarquistas y socialistas. Sin embargo, los gobiernos tendieron a soslayar este proceso, ya que en un comienzo, no afectó de manera directa a los intereses vitales de la economía agroexportadora. 

Al acercarse el siglo XX, sin embargo, el deterioro de la situación económica habría de cambiar el escenario: las protestas obreras alcanzaron a los sectores estratégicos de la estructura económica, afectando el proceso productivo y las ganancias capitalistas. Huelgas en los puertos de Buenos Aires y Rosario, medidas de fuerza de foguistas y marineros, paralización de actividades en la la Boca y el Riachuelo, paros de cocheros… Las luchas obreras abarcaban, además, distintas localidades del país: ejemplos fueron los virulentos conflictos de los ferroviarios de Bahía Blanca y de los obreros de la refinería de maíz en Rosario.

En el último tercio del año 1902 la confrontación social alcanzó su punto máximo: se sumaron los peones del Mercado de Frutos, los estibadores portuarios y la Federación del Rodado. Frente a la progresiva insubordinación obrera, una comitiva empresarial acudió al Senado, exigiendo que se sancionase el proyecto de ley presentado por Miguel Cané en 1899 que permitía la expulsión del país de lxs activistas extranjerxs que perturbaran el orden público. El Poder Ejecutivo, por su parte, movilizó tropas al Mercado de Frutos y sus alrededores.

Ante la inminente aprobación y la militarización creciente, en la madrugada del 22 de noviembre, la Federación Obrera Argentina (FOA) declaraba la huelga general contra “esa ley infame”. En respuesta, el gobierno aceleró la convocatoria del Senado para tratar la expulsión de extranjerxs. En menos de cuatro horas el proyecto iba a ser aprobado por ambas cámaras. Esa misma noche, sería también refrendado por el presidente Julio Argentino Roca, siendo promulgado el 23 de noviembre de 1902. Lxs condenadxs tendrían 72 horas para abandonar el país, sin derecho a la defensa.

La Ley de Residencia, derogada recién en 1958, repuesta nuevamente durante las dos últimas dictaduras militares, y suprimida al fin con el retorno del régimen democrático en 1984, es una expresión del tradicional descreimiento de las clases dominantes en las capacidades de autoorganización consciente de lxs explotadxs. Para lxs poderosxs, las protestas obreras son siempre productos artificiales provocados por núcleos reducidos de agitadorxs profesionales. Se resisten a reconocer que son las propias injusticias sociales las que motorizan los enfrentamientos de clases. Hoy como ayer, quieren a lxs trabajadorxs que callan y odian a aquellxs que se organizan, adquieren consciencia y luchan.

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