Otra víctima del terrorismo de Estado

Durante la última dictadura militar se reformó casi la totalidad de la legislación laboral con dos objetivos muy claros: debilitar la acción colectiva de los trabajadores y trabajadoras y restaurar el control patronal en los lugares de trabajo.

La elaboración de un nuevo marco institucional para regular las relaciones entre el capital y el trabajo no presentó demoras. El Acta para el Proceso de Reorganización Nacional del 24 de marzo de 1976 suspendió todas las actividades gremiales. En los meses siguientes y entre otras medidas, el gobierno intervino cientos de sindicatos, prohibió el ejercicio de medidas de acción directa y estableció penas de prisión para quienes se plegaran a ellas (leyes 21.261, 21.400 y 21.459), suspendió la negociación colectiva (ley 21.307), mutiló la Ley de Contrato de Trabajo (decreto 390/76) e impuso la obligación de volver a afiliarse a todos los integrantes de las organizaciones sindicales (decreto 385/77). Según algunas fuentes, la respuesta del 90% de los trabajadores a esta última medida fue la primera muestra silenciosa de una resistencia que iría creciendo a lo largo del tiempo.

En aquel primer momento, el objetivo del gobierno militar fue sentar las bases materiales para la reestructuración política y económica en curso. La legislación laboral acompañó así a la represión generalizada contra la clase trabajadora, cumpliendo un papel fundamental: modificar de raíz la relación de fuerzas existente hasta mediados de los años ‘70.

Recién cuando este proceso estuvo concluido, la dictadura pasó a una segunda etapa, en la que buscaría establecer pautas de regulación más duraderas. La reconfiguración de la estructura sindical (ley 22.105/79) y el nuevo régimen de obras sociales (ley 22.269/80) apuntaron a debilitar la capacidad de acción colectiva sin por ello modificar el sistema de sindicato único por rama de actividad. Para ello, limitó el alcance geográfico de los sindicatos de primer grado, ordenando la transformación de las uniones en federaciones, dispuso la disolución de los sindicatos de tercer grado -lo que implicaba la desaparición de la CGT-, limitó la cantidad de delegados en los lugares de trabajo, eliminó el fuero sindical que impedía el despido de éstos e impuso fuertes límites a las fuentes de financiamiento de los sindicatos.

SI bien hacia 1983 la estructura sindical no se había modificado sustancialmente en el plano formal, sí habían sufrido cambios muy importantes las relaciones intra sindicales. La represión física y jurídica contra el activismo de base y la retracción del empleo en la industria les otorgó a las direcciones centrales de los sindicatos una mayor capacidad de control vertical, al tiempo que las debilitó en su relación con los empleadores.

A 40 años de la recuperación de la democracia, las huellas de la legislación dictada durante la última dictadura militar siguen presentes. Las restricciones a la negociación colectiva fueron levantadas, y los sindicatos y las obras sociales cuentan con regulaciones dictadas por gobiernos elegidos democráticamente. Finalmente, los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo en su gran mayoría permanece según la redacción efectuada en mayo de 1976, reforzando el poder de los empleadores en los lugares de trabajo y limitando el ejercicio del derecho de huelga, entre otros. El legado de la dictadura, al menos en el texto de esta norma, aún sigue en pie.

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Recomendaciones bibliográficas