Asambleas populares y rebelión contra la crisis y la desocupación

Cuando la crisis provocada por las políticas neoliberales del gobierno peronista de Carlos Menem se tornó insostenible en Tartagal y Mosconi, los vecinos organizados decidieron bloquear la ruta nacional N° 34 para visibilizar sus reclamos. A pesar de las amenazas de represión, el corte se prolongó durante siete días, a lo largo de los cuales se desarrollaron Asambleas Populares masivas que impusieron importantes reivindicaciones. 

Tartagal y Mosconi son dos localidades petroleras ubicadas en el norte de Salta, fuertemente afectadas por la privatización de YPF, que terminó disparando los niveles de desocupación e indigencia en la zona. Saltaron a la tapa de los diarios nacionales en mayo de 1997, cuando se convirtieron en escenario de un masivo y prolongado corte de la estratégica ruta nacional n° 34, que conecta el noroeste argentino con Bolivia. El corte fue el punto de llegada de un proceso de organización de una comunidad que venía reclamando por la falta de trabajo y la dramática situación social y que se mantenía atenta a las protestas que se registraban en otros puntos del país. En particular, la Asamblea de Vecinos que impulsó el corte tuvo presente la pueblada que se había registrado el año anterior en Cutral Co y Plaza Huincul (Neuquén). 

A lo largo de los siete días que se extendió la protesta se celebraron asambleas populares masivas que improvisaron mecanismos de democracia directa, poniendo en cuestión el funcionamiento del sistema político representativo. El movimiento involucró prácticamente a todos los grupos sociales: trabajadores ocupados y desocupados, comunidades aborígenes, comerciantes, empresarios, y estudiantes secundarios, entre otros. Dentro de los sectores políticos, participaron dirigentes de todos los partidos opositores al gobierno provincial del PJ encabezado por Juan Carlos Romero; distintos referentes de izquierda, en particular, jugaron un papel destacado.

Al promediar la pueblada, se paralizaron todas las actividades y una Asamblea Popular aprobó el petitorio definitivo, que incorporó reivindicaciones que surgieron en los distintos municipios de la zona, que se fueron sumando e instalando sus propios piquetes en la ruta y en los pasos vecinales. Así,  todo el departamento San Martín quedó incomunicado y bajo control de los manifestantes, que exigieron entre otras cosas puestos de trabajo, fondos de desempleo, obras de infraestructura, refinanciación de deudas, créditos blandos y asistencia social. Finalmente, tras obtener importantes concesiones por parte de las autoridades, el corte fue levantado el 14 de mayo de 1997.

La pueblada logró imponer condiciones significativas, incluyendo, además de buena parte de los reclamos mencionados, el desplazamiento de intendentes y concejales. El incumplimiento de los acuerdos por parte de los gobiernos nacional y provincial motivó nuevos cortes y puebladas en la región, que hicieron visibles las importantes carencias que persistían y dejaron planteado un formato de protesta que hicieron suyo los trabajadores desocupados y que signó toda esa etapa de fuerte crisis política y económica en el país. 

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