La normalización de los sindicatos después de la dictadura

La disputa por una normativa que regulara las elecciones en sindicatos intervenidos, con comisiones transitorias o mandatos prorrogados, abrió la discusión sobre la democracia sindical, y también sobre el papel de los sindicatos en el nuevo régimen político. 

A la semana de asumir el poder, el gobierno de Raúl Alfonsín confrontó al sindicalismo opositor mediante una ley que buscaba reorganizar las conducciones gremiales. Según el diagnóstico del alfonsinismo, tras su triunfo electoral los componentes autoritarios del peronismo comenzarían a retroceder. El gobierno la concebía como una victoria de la democracia frente al autoritarismo, que debía replicarse en los sindicatos que continuaban en situaciones irregulares luego de la dictadura.

Aunque el alfonsinismo no esperaba el reemplazo masivo de las conducciones peronistas, creía que un proceso de normalización tutelado podía abrirle a los grupos opositores los espacios obturados por el control autoritario que ejercían las conducciones gremiales sobre las elecciones. Con este objetivo, el 17 de diciembre de 1983 el entonces Ministro de Trabajo Antonio Mucci presentó un proyecto de ley que, entre otras cuestiones, facilitaba los requisitos formales para presentar listas y candidaturas, impedía la reelección indefinida y otorgaba representación a la minoría. 

El centro del proyecto, sin embargo, residía en quién ejercería el control de las elecciones normalizadoras. El gobierno esperaba que lo hicieran la Justicia Nacional Electoral junto a los interventores que designara el Ministerio de Trabajo. Contradecía así los principios del Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza el derecho sindical de establecer libremente a sus representantes, sin interferencia de las autoridades.

Además, en los planes del gobierno, a la normalización debía seguirle la modificación del papel de los sindicatos en la vida política nacional. Se pretendía derogar las leyes laborales de la dictadura (entre otras, la ley de Asociaciones Profesionales, la suspensión de la negociación colectiva, y la intervención de obras sociales), pero sin volver al modelo sindical desarrollado desde los años cuarenta, para evitar la negociación colectiva centralizada por rama de actividad y el control sindical de las obras sociales. Reformas que difícilmente podrían negociarse sin el apoyo de dirigentes sindicales afines.

La mayoría de las conducciones sindicales decidieron la reunificación de la CGT – dividida desde la dictadura-, para movilizarse contra la aprobación del proyecto. En cambio, los sectores sindicales que se movilizaron en su apoyo eran minoritarios (radicales, algunos sectores de izquierda y peronistas enfrentados con las conducciones tradicionales). Finalmente, el proyecto sería rechazado en el senado por dos votos, y el gobierno tuvo que negociar una nueva ley de normalización, con un sindicalismo peronista unificado, fortalecido y relegitimado por la victoria.

El fracaso de la “Ley Mucci” mostró tempranamente la lógica a la que se enfrentaría el alfonsinismo en sus intentos de  reformar el papel del sindicalismo en el régimen político: una relación de fuerzas fluida, pero muy difícil de quebrar, dada la capacidad de presión defensiva del movimiento obrero sindicalizado.

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