Contra la “subversión industrial” y los “soviets de fábrica”

La represión de la conflictividad obrera y la persecución a activistas e integrantes de comisiones internas y agrupaciones sindicales antiburocráticas comenzó bastante antes del golpe de Estado, si bien la violencia ejercida sobre las y los trabajadores se habría de profundizar – tanto en su escala como en su magnitud – a partir del 24 de marzo de 1976.

Durante el año 1975, y con el argumento frecuente de enfrentar a la “guerrilla fabril” o la “subversión industrial”, se produjeron intervenciones violentas a cargo generalmente de fuerzas policiales en las principales zonas industriales del país (como sucedió en Villa Constitución, en el norte del Gran Buenos Aires o en algunas provincias del NOA), siendo parte de un ciclo represivo que continuaría luego del golpe de Estado. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas asumían el comando y ejecución de la represión, convocadas por el gobierno constitucional para aniquilar a la denominada “subversión”. Desde febrero, en la provincia de Tucumán y, a partir de octubre, en todo el territorio nacional. Éste sería dividido en zonas, subzonas y áreas bajo control de las autoridades militares y con la activa participación de policías y otras fuerzas de seguridad.

Desde el mismo día del golpe de Estado, la represión se abatió sobre las y los trabajadores y sus organizaciones con el objetivo de eliminar las condiciones que –en palabras del ministro de trabajo, el General Liendo- habían favorecido la “agresión subversiva”, los “soviets de fábrica” y la “inmoralidad” de las cúpulas. La Junta Militar intervino la CGT y decenas de entidades sindicales y federaciones, se clausuraron sedes gremiales y se produjo la detención de cientos de dirigentes y activistas (unos pocos vinculados al peronismo ortodoxo y, la inmensa mayoría, a corrientes sindicales de izquierda o antiburocráticas). Asimismo, desde la madrugada del 24 de marzo efectivos militares y policiales ocuparon varias plantas fabriles en las principales áreas industriales, se establecieron rigurosos controles sobre el personal de empresas estatales y privadas e, incluso, se instalaron centros clandestinos de detención en algunas de ellas.

La violencia que se desplegó en particular durante los primeros años de la dictadura a través de diversos dispositivos represivos afectó brutalmente a trabajadores y trabajadoras, con un saldo de miles de detenidos, desaparecidos –en una cifra aún imprecisa que la CONADEP estimaba en cerca del 50% del total de las víctimas- y exiliados. Asimismo, cuando se produjeron conflictos en diversos sectores y ramas de la producción y los servicios, la respuesta del gobierno militar fue, en general, represiva. Ésta se tradujo en detenciones, secuestros y desapariciones de activistas y dirigentes sindicales (el caso más resonante fue el del líder del sindicato lucifuercista, Oscar Smith, en febrero de 1977), la prohibición o ilegalización de las medidas de fuerza o la represión directa sobre las movilizaciones callejeras, como sucedió el 30 de marzo de 1982.

Lad.

Finalmented.

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