Militares y núcleos del poder económico contra el poder obrero

La dictadura iniciada con el golpe del 24 de marzo de 1976 se caracterizó por la confluencia y articulación entre sectores del poder económico y las fuerzas armadas, quienes coincidieron en la ambición de refundar las bases económicas, sociales y laborales.

Un rasgo central de la última dictadura en Argentina fue la alianza de los militares con diversos sectores del poder económico y financiero local e internacional, en un contexto de cambio de etapa en el capitalismo global. Esta vinculación se dio en distintas dimensiones y niveles que incluyeron articulaciones ideológicas e institucionales, relaciones económicas y financieras con el gobierno de facto y, finalmente, una confluencia militar-empresarial en el desarrollo de políticas represivas dirigidas, especialmente, contra trabajadores/as y sindicalistas.

Un sector del poder económico había contribuido con el golpe de Estado, realizando lockouts y campañas mediáticas durante 1975 y los primeros meses de 1976. Una vez derrocado el gobierno, gran cantidad de figuras vinculadas a los núcleos del poder económico participaron de la dictadura. Algunos lo hicieron a través de nombramientos en cargos gubernamentales y otros a través de puestos de asesoramiento externo. Una figura clave en este sentido fue José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía entre 1976 y 1981, quien había ocupado la presidencia del directorio de Acindar, una firma siderúrgica profundamente implicada en la represión a trabajadores a partir de 1975. 

En el marco de una redistribución regresiva sin precedentes del ingreso y de una serie de transferencias desde el Estado al capital concentrado por diversas vías, incluyendo la estatización de la deuda privada de grandes empresas, se llevó adelante una articulación militar-empresarial en el desarrollo de políticas represivas. Desde la dictadura y a lo largo de todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, hubo denuncias de trabajadores/as y organizaciones sindicales sobre el proceso represivo del que fueron blanco: se apuntó a dirigentes sindicales, delegados/as y comisiones internas como así también a activistas en todas las ramas económicas. El Nunca Más, el Juicio a las Juntas, los Juicios por la Verdad, así como procesos iniciados por trabajadores/as en el fuero civil y laboral y la investigación académica han ofrecido evidencias contundentes de esta responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad.

En casos como Acindar, Ford, La Veloz del Norte, Mercedes-Benz, Dálmine Siderca, Propulsora Siderúrgica, Ingenio Ledesma, Ingenio La Fronterita, Astilleros Río Santiago, Astilleros Astarsa, La Nueva Provincia, Las Marías, entre otros, se han documentado aportes centrales como la provisión de recursos logísticos y materiales para la represión, incluyendo información, listas de delegados y vehículos para el transporte de secuestrados. En algunos casos, la presencia de funcionarios empresariales en la represión y, en al menos 5 casos, la existencia de centros clandestinos de detención en las mismas plantas. 

Esta relación entre el núcleo del poder empresarial y las políticas económicas, laborales y sociales regresivas, así como la represión, conforman un eje central no sólo para el análisis de este proceso histórico, sino también para la comprensión del presente y la disputa por el futuro.

Recursos

Recomendaciones bibliográficas